El futuro de Muface

Vaya por delante que, como funcionario de la Administración Civil del Estado, pertenezco al pequeño porcentaje de beneficiarios que elegimos desde el principio permanecer en el sistema público de provisión, y que mis incursiones en la asistencia sanitaria privada han sido siempre desde el aseguramiento con cargo a mi bolsillo y sin deducción fiscal posible.

Dicho lo anterior, soy de los que defienden Muface y la libre elección de prestador; incluso tengo investigación empírica al respecto del modelo Muface, levantando viejos tabúes como la posible selección de riesgos que se decía que ejerce (siendo el registro voluntario y abierto anualmente, esto no es posible), localizando el foco, al contrario, en la selección de servicios (oferta más atractiva para grupos con niveles de utilización de coste inferior) y aclarando las pirámides de edad de sus afiliaciones (contra la idea de que eran los jóvenes su mayoría).

Desde una perspectiva académica, el modelo Muface es uno de los pocos experimentos de elección en provisión pública (el usuario no paga por lo que elige) con producción privada de servicios. Una especie de vale que permite, cuando menos, examinar las razones de la elección de los ciudadanos y a su vez constatar los déficits de regulación para una decisión informada: una opción que se ofrece sin períodos de carencia, para la que se aceptan cambios por riesgo catastrófico y que muestran comportamientos dispares ante coberturas distintas o copagos diferenciados.

¿Cuáles son, al respecto, los posicionamientos de las aseguradoras privadas? Creo que podemos distinguir en España un sector asegurador privado que piensa que cuanto peor sea la cobertura pública, mejor será su cuenta de resultados, aumentando primas y número de afiliados, mientras que otro sector, el que hasta ahora ha firmado los convenios Muface, prefiere un sistema público bien financiado que permita un aseguramiento privado plenamente substitutivo del público. Mientras el primero busca un aseguramiento privado complementario, de múltiples pólizas con distinta cobertura según el marketing de interés y según cuáles sean las parcelas más deficientes de la prestación pública, el segundo, de aseguramiento substitutivo, fía quizás su futuro a una mejor gestión en el gasto y a un ingreso privado adicional que se añadiría a la póliza pública; una especie de copago ‘topping up’ (por encima de) para lo que quedase fuera de catálogo público, y preferentemente para prestaciones más elásticas a la percepción de los usuarios o de menor efectividad relativa y coste superior a los umbrales públicamente financiables.

Las cosas pueden cambiar así radicalmente en el sector asegurador si las entidades que anteriormente subscribían el Convenio no lo acaban haciendo. Consideran que las tarifas propuestas son insuficientes para cubrir los costes de la póliza básica y no tienen ya márgenes de gestión para encajar la siniestralidad. A la vez, algunas voces se alzan en favor de su abolición -un privilegio sin legitimación para funcionarios-, o exigen una elección más contundente: si se opta por el aseguramiento privado financiado públicamente, ha de ser a perpetuidad, de por vida. Esta opción es mucho más dura y decisiva que la actual, que permite una revisión anual, sabiendo que el salto al aseguramiento público hoy no tiene coste para el usuario; aunque sí claramente, con el envejecimiento poblacional, lo tiene para el sistema público a la vista de cómo crecen los costes con la edad.

¿Qué pasará si se acaba con el modelo Muface? No sorprende que desde el aseguramiento privado se hayan levantado voces, las más liberales, contra el cierre de esta ventana que supone Muface para el sistema público en general. Sorprende, sin embargo, que los que hasta ahora han criticado el modelo por el privilegio que supone a unos, aunque se han negado a extenderlo a otros, callen.

Dinamitada Muface, anticipo dos efectos obvios. Primero, la entrada masiva de ciudadanos en la asistencia pública, presionando aún más los descosidos del sistema público de salud, aun con la aportación añadida de lo que antes disponía Muface para el pago del aseguramiento privado, lo que probará su insuficiencia. También preveo, y aquí puede situarse la ganancia de pescadores en río revuelto, que las aseguradoras antes conveniadas ofrezcan rápidamente coberturas a la carta para aquellos asegurados acostumbrados a la prestación privada, especialmente en aquellas áreas que son más rentables para las compañías, como la atención básica y la diagnóstica, sacando una ventaja adicional respecto a los entes aseguradores fuera de convenio. Este copago por primas complementarias es, ciertamente, más complicado por incierto que el del topping up antes aludido, al estar construido sobre el capitativo completo de substitución, pero puede ser más rentable para las compañías.

Si efectivamente acontece el final de Muface, se verá en qué medida este copago, que erosionaría el bolsillo de funcionarios, se traslada a salarios más altos o conforma la pérdida de un beneficio en especie que, al parecer, agrada en gran medida a los beneficiarios e incide en la inequidad del sistema.