Menos humos, más salud pública

El consumo de tabaco en España muestra esperanzadores signos de descenso tras años de estancamiento. La última encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES), un análisis bienal que el Ministerio de Sanidad realiza desde 1995, constata que el porcentaje de ciudadanos de 15 a 64 años (la población del estudio) que fuman cada día es el más bajo de toda la serie histórica: un 25,8%. Es una sustancial bajada de 7,3 puntos con respecto a 2022, fecha del anterior informe, lo que supone el mayor descenso registrado en un lapso entre encuestas.

El tabaco mata. Unos 700.000 europeos fallecen cada año por su causa, entre ellos miles de fumadores pasivos, y su consumo está ligado al desarrollo de 35 enfermedades graves, incluidos diversos tipos de cáncer. Esa incontestable evidencia científica se ha ido imponiendo en los hábitos de los ciudadanos y condicionando positivamente el debate social sobre la regulación. Lo importante de los últimos datos es que marcan un cambio de tendencia.

Pero no todo está hecho, como muestra que el tabaco es la segunda droga que se empieza a consumir más temprano, a los 16 años (solo por detrás del alcohol), una edad de iniciación que se ha mantenido con escasas variaciones en las últimas tres décadas. Entre los más jóvenes se extiende además el empleo del cigarrillo electrónico, con y sin nicotina. La ratio de quienes han fumado alguna vez en este tipo de dispositivos ha pasado en dos años de un 12,1% a un 19%, según la encuesta. Pero desde 2015 ha subido más de 12 puntos, prueba de su implantación.

Las campañas de información —empezando en la propia escuela— siguen siendo imprescindibles, pero también lo son las políticas públicas para reducir el consumo, especialmente entre la juventud. Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron en abril, tras las iniciales reticencias de las consejerías del Partido Popular, el plan nacional que marcará la estrategia contra el tabaquismo hasta 2027. Su primer fruto tangible es el real decreto, en tramitación, que regula los nuevos dispositivos para fumar —restringiendo por ejemplo el uso de aromatizantes en los vapeadores— e impone el empaquetado genérico —es decir, sin imagen de marca— para los cigarrillos y el tabaco de liar.

El Gobierno pretende que el plan dé lugar antes del fin de la legislatura a una ley que aborde también los aspectos más polémicos, como ampliar los espacios libres de humo —especialmente las terrazas de bares y restaurantes— o subir los impuestos al tabaco. Con vistas a ese futuro debate, es bueno recordar que la sociedad española se ha ido adaptando sin problemas a restricciones que en su día también levantaron múltiples críticas. Y que si, por supuesto, se deben tener en cuenta todos los intereses en conflicto, ninguno de ellos —y ninguna ideología— puede prevalecer sobre el objetivo prioritario de proteger la salud pública.