Las universidades públicas de Madrid, en un total abandono

Desde la crisis de 2008-2009, las seis universidades públicas de Madrid han sufrido un paulatino abandono del Gobierno de su comunidad, que se ha acelerado con la presidencia actual. Los datos son elocuentes: en ese periodo en términos reales, descontando la inflación, el presupuesto de la Comunidad de Madrid ha aumentado un 10,6%, mientras que la financiación a sus universidades públicas ha descendido el 34,9%. Este descenso del 45,6% en financiación relativa a los recursos de la comunidad las ha convertido con este criterio en las universidades públicas peor financiadas de España.

Este año, el proyecto de Presupuestos madrileños, que crece el 4%, incluía una congelación de la financiación de las universidades públicas. Como el incremento del coste de la vida rondará el 2%, la propuesta inicial de la Comunidad reducía, aún más, su presupuesto. Para hacer más patente su menosprecio por la docencia universitaria y la investigación en su territorio, era la única comunidad que rechazaba participar en el programa estatal de incorporación de talento docente e investigador a las universidades, que les habría aportado recursos para contratar nuevo profesorado.

Ante la protesta unánime de los rectores, manifestada en la carta abierta a la presidencia y tras su reunión, parece que su asignación no disminuirá en términos reales, aunque sí lo hará en relación con el presupuesto de la Comunidad. También, la presidenta ha rectificado su decisión, y aceptará la aportación del Gobierno central para financiar nuevos profesores universitarios.

Ni la propuesta inicial de la Comunidad ni la ofrecida finalmente a los rectores cumplen la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023 por nuestro Parlamento. Esta ley, requerida por la Unión Europea, reconoce la grave infrafinanciación de las universidades españolas frente a las de la UE, y establece en su artículo 55.2 que “el Estado, las comunidades autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1% del producto interior bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, permitiendo así la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea”. El PIB de Madrid en 2022 ascendía a más de 260.000 millones. Por tanto, de acuerdo con la LOSU, la financiación de sus universidades debería crecer hacia los 2.600 millones, en vez de los 1.100 millones actuales. Este año, la Comunidad debería aplicar por primera vez dicha ley y, en lugar de incrementar su aportación a las universidades, que es ahora la más baja respecto a su PIB en España, decide reducirla aún más, incrementando la brecha de estas frente al resto de las españolas y a las de la UE, cuya financiación media es del 1,2% del PIB.

Es ya un hecho ampliamente demostrado que el desarrollo y calidad de vida de los países depende de la calidad de su educación superior y de su investigación. Este factor será cada vez más importante en el mundo actual, con peso creciente del conocimiento, de los datos masivos y de la inteligencia artificial. La mala gestión de la crisis económica de 2008 ha tenido un efecto muy negativo en la financiación de nuestras universidades, que nos ha alejado científicamente de Europa. Además, el Gobierno estatal, que tiene las competencias en investigación y desarrollo tecnológico, no ha apoyado suficientemente a la universidad pública, agravando la situación de aquellas situadas en comunidades cuyos dirigentes no entienden la importancia de invertir en sectores que no solo benefician a su territorio, sino también al conjunto del país. El peor ejemplo es Madrid, cuyas universidades han tenido siempre un papel destacado en el conjunto del sistema universitario, al recibir una proporción muy alta de estudiantes de otras regiones y realizar una parte muy significativa de la investigación total del país. Esta función motora de las universidades de Madrid para todo el país no ha sido nunca ni considerada ni valorada por el Gobierno actual de su comunidad.

La carencia de acciones concretas del Gobierno central para apoyar la capacidad investigadora y la proyección internacional de las mejores universidades del país ha agravado el abandono de las madrileñas. Las políticas de ciencia e investigación suelen olvidar que los picos rara vez aparecen solos como el Kilimanjaro, sino que habitualmente surgen, rodeados de otros muchos, en las cordilleras. Los grupos generadores de investigación de excelencia en todo el mundo están en instituciones que impulsan la calidad en todos los campos y que disponen de los recursos adecuados para desarrollarla. Es cierto que, también, como por milagro, algunos de esos grupos aparecen en instituciones mal mantenidas y con infraestructuras y personal de apoyo insuficiente, como ocurre en las universidades públicas españolas. Sin embargo, estas excepciones tienen poco impacto en la mejora del sistema universitario, comparado con el que podría producir un grupo de universidades destacadas, dotadas de medios para competir en el mundo global en el que nos encontramos.

El Gobierno español fue consciente de esta necesidad cuando convocó en 2009 el programa de campus de excelencia, y cuatro de las seis universidades públicas de Madrid fueron seleccionadas en su primera edición. Sin embargo, el programa no se dotó de recursos, por lo que tuvo un efecto tan escaso como su financiación. Desde entonces, el Gobierno no ha emprendido ninguna acción significativa para impulsar a las mejores universidades del país, entre las que todavía se encuentran muchas de la públicas madrileñas.

En resumen, la situación de las universidades públicas de Madrid es crítica y, si no se toman medidas urgentes, va a comprometerse su capacidad de impulsar el desarrollo y el crecimiento económico de toda España.