Proteger a los refugiados

Más de cinco millones de personas han huido de Siria durante los 13 años de guerra civil entre el régimen de Bachar el Asad y la multitud de facciones que combatieron al dictador hasta derrocarlo finalmente el pasado domingo. El paisaje de destrucción que hereda la nueva autoridad, aún por definir, incluye más de 300.000 muertos y siete millones de desplazados internos para una población de 24 millones. En algunos lugares no ha cesado la violencia. Y, sin embargo, hasta 11 países europeos, entre ellos Alemania, Reino Unido o Italia, se han apresurado a anunciar que congelan las tramitaciones de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios. Austria, bajo presión de la ultraderecha, ha ido más lejos y ha llegado a anunciar un programa de deportación. La idea de un retorno masivo comienza a permear los debates, a pesar de que es evidente que es demasiado pronto para saber si Siria es un lugar seguro.

La escala del éxodo sirio solo tiene comparación reciente con el vivido en Ucrania: seis millones de exiliados. La gran diferencia es que la UE se ha implicado directamente en el conflicto ucranio y se siente responsable de la acogida de sus ciudadanos. Hasta 4,2 millones han sido repartidos por la Unión, con un millón en Alemania y más de 200.000 en España, sin polémicas reseñables ni mucho menos brotes de xenofobia. Los sirios que han huido de una existencia imposible, entre el terror yihadista y el terror de su propio Gobierno, no han tenido la misma consideración.

En la gestión de este enorme flujo de víctimas de la guerra se encuentran algunas de las claves del giro a la derecha de la política migratoria de la UE durante la última década. En 2015, seguramente el momento de mayor intensidad de la guerra, la fotografía de un niño sirio de tres años ahogado en una playa de Grecia removió las conciencias de Europa. Se llamaba Aylan Kurdi y había huido con su familia a Turquía, desde donde intentaron llegar a las costas griegas. Angela Merkel llamó a sus pares a la acogida voluntaria y dio ejemplo abriendo las puertas de Alemania a más de un millón de refugiados. Cuando la UE logró ponerse de acuerdo fue para firmar un pacto con Turquía y—patrocinado por la misma Merkel, a pesar de aquellas palabras— y externalizar de facto la gestión del éxodo. Desde entonces, cada pacto europeo de inmigración ha ido en la dirección de endurecer las fronteras: el último ejemplo es la muy discutible luz verde de Bruselas a las devoluciones en caliente y a suspender el derecho de asilo por la “grave” amenaza híbrida rusa y bielorrusa. Hoy viven tres millones de sirios en Turquía, muchos de ellos confinados en campos insalubres pagados con dinero europeo.

El Gobierno provisional de Siria ha hecho un llamamiento para que retornen los expatriados y miles de personas tratan de cruzar de vuelta la frontera turca. Sin embargo, la caída del dictador no es suficiente para cambiar la política de asilo con el país que más solicitudes presenta a la UE (181.000 al año). La prudente posición de España es la acertada en este momento de incertidumbre, a la espera de la reunión de ministros del próximo lunes en Bruselas, donde debería decidirse la estrategia comunitaria, que por ahora pasa por no forzar los retornos pero sí “incentivar” la vuelta voluntaria. Europa se encuentra en medio de un agrio debate sobre lo que se considera “país seguro”, una definición que justifica las devoluciones rápidas o las deportaciones masivas. Una decisión, en definitiva, de la que dependen vidas humanas. Nadie sabe lo que va a ser Siria, pero hoy no es todavía un lugar sin riesgos para quienes huyeron de él.