AFSI, el pequeño bufete andorrano que gestionó la cuenta de Guardiola y cientos de sociedades opacas a la sombra de Andbank

Andorra era el país favorito de los abogados del despacho panameño Alemán, Cordero y Galindo (Alcogal). Sus empleados enviaron al menos 2.245 cartas en papel al Principado entre 2002 y 2018. Era la forma más segura de hacer llegar certificados de acciones, poderes especiales u otra información básica de las sociedades que abrían en paraísos fiscales.

Una de las direcciones que más veces encabezaba esas misivas es la de AFSI, un pequeño bufete del que hoy no hay rastro. Ni físico ni virtual. Andbank, el segundo banco de Andorra por activos, creó en 1997 esta gestoría que durante más de 20 años ha administrado la apertura de sociedades en jurisdicciones opacas para clientes de muchos sitios, pero sobre todo de España. Entre otros, gestionaron la sociedad vinculada al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. La estrecha vinculación con la entidad permitía abrir fácilmente una cuenta bancaria cuyo beneficiario quedaba oculto detrás de una compañía pantalla en Belice, Islas Vírgenes Británicas, Panamá o las Seychelles.

La investigación periodística de los Papeles de Pandora, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y publicada en exclusiva en España por El PAÍS y La Sexta, revela el papel de esta pequeña gestoría en la fábrica de engranajes societarios opacos de Alcogal. Los 11,9 millones de archivos internos de este y otros 14 despachos de abogados muestran la falta de controles sobre el uso de las estructuras que AFSI ayudó a crear con Alcogal como proveedor de materia prima: sociedades y testaferros.

Los documentos ahondan además en el papel que Andorra encarnó como atractivo paraíso fiscal para fortunas inconfesables. Una industria que operó en silencio amasando riqueza al menos hasta 2017, cuando este Estado de 77.543 habitantes suprimió el secreto bancario, introdujo en su legislación el delito fiscal y enfiló el camino para despojarse de la mácula de una economía ligada al sigilo financiero.

Una gestora a la sombra de Andbank

La relación de Alcogal con AFSI era estrecha. Las dos oficinas empezaron a colaborar ya en 1998, cuando AFSI tenía solo un año de vida. Lo formaban un grupo de profesionales del sector, pero en los estatutos de su creación consta quién hizo posible su puesta en marcha: una sociedad anónima andorrana y el Banc Agricol i Comercial D’Andorra SA, actual Andbank. Entre los directores del despacho figuraban dos directivos vinculados a Andbank Panamá hasta 2018.

Para un despacho como Alcogal, un intermediario de este tipo es clave para captar personas interesadas en sortear las leyes europeas. Para Alcogal, de hecho, este tipo de intermediarios son los verdaderos clientes. Contaba con cientos de ellos repartidos por todo el mundo y AFSI era, en 2018, el noveno con más sociedades abiertas. Tenía 320: 212 en Panamá, 102 en Belice, 5 en Islas Vírgenes Británicas, 1 en Seychelles. Mantener tantas sociedades llegó a costar al despacho andorrano unos 60.000 dólares anuales (51.500 euros), según las facturas emitidas por Alcogal.

La correspondencia entre los dos despachos deja ver lo relativamente sencillos que eran los trámites. Al igual que otras gestoras, AFSI elegía un nombre para la sociedad, enviaba la petición por correo electrónico a Alcogal y sus empleados a su vez enviaban por DHL la documentación original firmada. Durante años no se interesaron por quién era el dueño real de la sociedad que estaban abriendo.

Pero en 2016 la situación se complicó. Ese año se multiplican las peticiones sobre sociedades de Panamá, después de que el país centroamericano accediera a facilitar datos a las administraciones de todo el mundo como reacción tras el escándalo de los Papeles de Panamá, la investigación del ICIJ que dejó al descubierto las fábricas de sociedades pantalla en el país. Y los empleados de Alcogal se vieron obligados a levantar la tapa de sus sociedades para averiguar quién estaba debajo.

¿De quién es esta sociedad?

En marzo de 2017, AFSI escribió a Alcogal sobre Lelila INC. Quería disolver la sociedad “debido a publicación de información negativa sobre el titular”. En los archivos internos de Alcogal el accionista era “un portador”, es decir, una hoja firmada por un testaferro. El beneficiario real había firmado un contrato privado con AFSI el 29 de octubre de 2010, documento que solo tenían él mismo y el despacho andorrano.

Al recibir la información de AFSI, Alcogal se da cuenta de que la información negativa es una noticia del diario Abc de 2015 donde se habla de la operación contra la mafia de Gao Ping, que envió a China de forma ilegal cerca de 70 millones de euros desde Andorra. El dueño de Lelila INC, Ángel Cisneros Pérez, es mencionado como “gestor de envíos de dinero para sus propias empresas, por un volumen total de 730.000 euros”. Los envíos de dinero de la trama de Gao Ping se remontaban a 2011. Seis años después de que ocurrieran los hechos y dos años después de que apareciera el beneficiario en los medios, AFSI y Alcogal se alarmaban y ponían en marcha los trámites para disolver la sociedad.

Ese año 2017 el flujo de información entre los dos despachos se hace más denso, con intención de descubrir los verdaderos accionistas de muchas de las sociedades abiertas. En mayo, los empleados de Alcogal pedían a AFSI información sobre otro beneficiario cuyo nombre real ignoraban: el de Tramuntana SA, constituida siete años antes. Hasta entonces no sabían —ni parece que hubieran intentado saber— que el dueño era Jaume Sabater Rovira. Al buscar su nombre en Internet se encontraron con un artículo del diario Público que detalla su papel en la consultora catalana EFIAL, desmantelada tras su implicación en el desvío de fondos públicos en varios ayuntamientos catalanes. El artículo que describe la operativa es de un año antes. Se empieza el proceso de disolución de la sociedad y, curiosamente, no se interviene sobre el resto de sociedades creadas a petición de AFSI. Allí Sabater Rovira aparecía como apoderado para abrir cuentas bancarias en el Banque Privée Edmond de Rothschild de Nassau, Bahamas. Sabater ha preferido no comentar esta información alegando razones de privacidad.

Esta dinámica, de disolver una compañía años después de que se hubiera podido usar para saltarse la ley, no se limita a compañías de ciudadanos españoles. AFSI trabajaba también con clientes internacionales. A Luis Carlos Fernandes Afonso, director financiero de la Fundación Petros, vinculado a la petrolera Petrobras y al conocido caso de corrupción Lava Jato en Brasil, le había abierto una sociedad en 2011, Ode Investments Group. Es el año en el que, según los instructores del caso en Brasil, Alonso habría usado varias sociedades para ocultar fondos recibidos como sobornos. En 2017, cuando Alcogal recibe la información apunta internamente que Alonso “fue condenado en el primer grado por la mala conducta, acusado de haber cargado ‘peaje’ [a] una fundación para la que se ganó un contrato en la ciudad de São Paulo, en 2003. (...) La condena es de 2012 y se encuentra bajo apelación”. Los archivos no dejan claro qué hacen con la sociedad, que hoy está disuelta, pero las últimas notas del despacho apuntan a que el beneficiario no autorizó que se diera información de su compañía.

AFSI trabajó también con otro brasileño condenado en Lava Jato, Carlos Fernando Costa, expresidente de Petros. Esta vez escribió a Panamá no para disolver la sociedad, sino para cambiar el nombre del accionista principal. Era 2017 y solo entonces Alcogal averiguó los cargos contra Costa, acusaciones que él siempre ha negado. El 17 de abril renunciaron como representantes locales de la sociedad, que llevaba cinco años activa. Costa entrará en prisión un año y medio más tarde.

Estructuras complejas

El nombre de AFSI salpica los Papeles de Pandora en decenas de casos. Muchos de ellos serán detallados en los próximos días por este periódico; otros eran estructuras abiertas para personas sin relevancia pública. Como los 90 residentes en España de los que AFSI fue obligado, por un cambio de la legislación de Belice, a remitir información a Alcogal en 2018. Eran sociedades abiertas hasta 10 años antes y, hasta entonces, solo un documento privado entre el dueño y el despacho andorrano revelaba su beneficiario real.

El despacho también podía ayudar a crear estructuras fiscales complejas, a menudo vinculadas a una cuenta bancaria para que alguien cobrara en Andorra servicios ofrecidos en otros países europeos. Es lo que hizo Jose Regojo Velasco, el empresario portugués que en enero de 2012 vendió el negocio de Massimo Dutti a Inditex. Tres días antes de que se hiciera pública la venta, la filial holandesa del gigante español del textil recibió una factura de tres millones de euros a pagar en la cuenta de Andbank de Petunia Enterprises por los “servicios realizados durante la operación de la franquicia de Massimo Dutti en Portugal”. AFSI había abierto Petunia Enterprises solo dos años antes y, a través de un poder, había dispuesto la cuenta para Jose Regojo Velasco: la sociedad servía como pantalla para esconder el nombre del empresario. El dueño del grupo textil portugués no ha contestado a las preguntas remitidas por EL PAÍS y La Sexta.

AFSI también pidió crear sociedades en las Islas Vírgenes que ejercieran de accionistas de compañías en Holanda o en las Antillas holandesas, que a su vez eran matrices de empresas con sede en países europeos. Es un tipo de estructura que se conoce como sándwich holandés, como coinciden los expertos consultados: los dividendos salen de un país y van a una sociedad holandesa legalmente, donde no tributan. De ahí ya se pueden llevar a un paraíso fiscal como las Antillas Holandesas pagando solo un 2%. Ahí es donde se pierde el rastro, al no ser conocidos los accionistas reales de esta sociedad: las acciones nominales no aparecen en los registros de ese país, sino solo, bajo llave, en los cajones de los despachos que crearon las sociedades. Es decir, de AFSI.

EL PAÍS ha intentado, sin éxito, recabar las versiones de AFSI, que no ha contestado a las preguntas y Andbank, que ha preferido no hacer comentarios.

Andorra, ante su pasado

Utilizar sociedades abiertas desde Andorra para lavar fondos de la delincuencia internacional fue lo que hizo estallar la intervención, en marzo de 2015, de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Con 9.000 clientes y 8.000 millones de volumen de negocio, este pequeño banco acogió dinero manchado de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América. A raíz de la investigación afloraron en este banco también 2.000 millones de la trama que saqueó la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) o se reveló cómo prohombres del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano eligieron también Andorra para esconder su dinero.

Las autoridades andorranas quieren pasar página de la intervención del banco fundado por los hermanos Cierco, pero no es fácil. En la actualidad, los juzgados del Principado instruyen una decena de causas surgidas a raíz del caso BPA. El Ejecutivo andorrano se esfuerza por proyectar la imagen de un país comprometido con la transparencia fiscal y la persecución del blanqueo. Según un documento de trabajo interno del país, Andorra asegura seguir los estándares de transparencia e intercambio de información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, en sus siglas en inglés). El pequeño Estado intercambia información con un centenar de países, entre los que se encuentran los miembros de la Unión Europea. Y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) —un organismo público que persigue el blanqueo— sigue 40 recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para evitar el delito en este país cincelado por montañas que, desde 2020, es miembro del Fondo Monetario Internacional.