Más de la mitad de los desplazados encuentra refugio en su propio país, según la ONU

Sudán contaba con 3,2 millones personas desplazadas internamente a finales de 2021. Muchas han tenido que cambiar de hogar varias veces para huir de los conflictos y los estragos de los desastres naturales. El 56% lleva más de 10 años fuera de sus comunidades de origen. El país africano no es una excepción. En 2021, el mundo contaba con 84 millones de refugiados, pero en noviembre de este año se cruzó la barrera de los 100 millones. De estos, más de la mitad (59,1 millones) lo son dentro de sus propios países, lo que tampoco les garantiza una vida más estable. De hecho, el 80% de estas personas siguen expuestas a la violencia, la inseguridad alimentaria o la extrema pobreza en contextos extremadamente frágiles. Así lo destaca el informe Invertir la tendencia del desplazamiento interno: un enfoque de desarrollo para las soluciones, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y publicado este martes, que pide mayor atención para ellas.

Los desplazados internos en Somalia sufren esa fragilidad y olvido, en términos del PNUD, pues se encuentran en refugios superpoblados, sin acceso a agua, saneamiento u otros servicios esenciales. El propio proceso de desplazamiento ha generado que miles de niños nazcan y crezcan fuera de su lugar de origen. Un campo de refugiados es todo lo que conocen, sin conexión con el resto de su familia y comunidades. Los adultos, por su parte, pierden sus medios de vida, vinculados a la producción agrícola, el comercio o la ganadería, recoge el informe. Para 2050, explica el informe, el cambio climático podría obligar a más de 216 millones de personas a evacuar sus hogares para trasladarse a zonas más seguras. Según sus datos, de los 46 países estudiados, únicamente 13 tienen una legislación y políticas nacionales que aborden el desplazamiento interno, y solo 29 cuentan con medidas de prevención.

Coste económico

El PNUD advierte de los costes económicos que representa el desplazamiento interno para los países. Por un lado, suponen una carga presupuestaria sobre los recursos humanitarios y las frágiles economías nacionales. Esto implica un esfuerzo añadido que ralentiza o incluso revierte el progreso en términos de desarrollo sostenible, apunta el organismo.

La crisis económica global ha afectado de forma especialmente negativa a los desplazados internos, ya que a menudo carecen de medios para sobrevivir, señala el informe del PNUD. En sus hogares hay un 14% menos de probabilidad de que algún miembro tenga trabajo, frente a aquellos que no están en su misma situación. Esto representa un doble coste: para ellos, que pierden sus ingresos, y para sus países y la comunidad internacional, que destinan fondos para asistirles.

Solo 13 de 46 países estudiados por el PNUD cuenta con legislación y políticas nacionales que aborden la situación de los desplazados internos

La atención que necesitan —proveerles de vivienda, alimentos, sanidad, educación y transferencias monetarias para su supervivencia— más la pérdida de ingresos al cesar sus actividades productivas, supuso 20.615 millones de euros solo en 2021 a nivel global. El importe medio de ayuda por persona durante un año fue de unos 345 euros, si bien la cantidad difiere mucho según el país: osciló entre 86 en Colombia y 681 en Libia.

En Etiopía (118 millones de habitantes), el número de desplazados internos se ha disparado. Eran más de 3,5 millones a finales de 2021, según el Banco Mundial. La ONU eleva ese dato a más de 5,5 millones en marzo de 2022, lo que, sumado a la baja productividad de los cultivos, el aumento de los precios de los alimentos y las interrupciones de las cadenas de suministro esenciales, ha agravado la inseguridad alimentaria y desnutrición de estas personas. Según los datos recogidos por el PNUD, el 44% de desplazados por la sequía sentían que su salud había empeorado en el tiempo que llevaban fuera de sus hogares, además de quejarse de la falta de comida y agua potable, ente otras necesidades básicas, en los asentamientos temporales.

En Somalia, por ejemplo, los socios humanitarios no proporcionaron apoyo en materia de alojamiento permanente, tanto a los nuevos desplazados internos como a los de larga duración en 2021, debido al coste de este tipo de ayuda y a las posibles tensiones que podrían surgir debido a que las personas de las comunidades de acogida viven en alojamientos comparativamente inferiores. Asako Okai, subsecretaria general adjunta de la ONU y directora de la Oficina de Crisis del PNUD, explica en una videollamada con este diario, que el informe de Naciones Unidas evidencia “las dificultades de convivencia entre los anfitriones de una comunidad y los desplazados”.

En cuanto a gastos económicos, los datos del informe muestran que solo en Siria se han destinado 3.000 millones de euros a la atención de desplazados en 2021, el equivalente al 15% de su producto interior bruto (PIB). Afganistán también tiene un alto número de población desplazada (5,7 millones a finales del año pasado) por conflictos y desastres naturales, lo que le costó 1.600 millones de euros, un 9% de su PIB. Mientras que en Libia, la pérdida de los medios de vida de quienes huyen de su hogar (más de 278.000 personas) provoca una disminución de ingresos que representa más de una cuarta parte del impacto financiero general por la movilidad humana intra-fronteriza, indica el PNUD.

Aumento de la brecha de desigualdad

Más allá del impacto sobre la economía familiar, la movilidad forzada conlleva otras muchas pérdidas para esta población. Según el informe, una mujer de 40 años con educación secundaria o superior, con dos hijos, pero sin dependientes a su cargo, y que no recibe ningún tipo de ayuda, tiene un 21% más de probabilidades de experimentar un deterioro en la salud, frente al 10% de una mujer de las mismas características que no haya tenido que migrar.

Además, según muestra el documento, las probabilidades de encontrar empleo disminuyen considerablemente si se trata de alguien que ha huido de forma interna. Esa misma mujer desplazada que describen los autores tiene un 58% de probabilidades de encontrar trabajo, frente al 77% de una en igual situación, pero que ya vivía en la misma comunidad de acogida.

Una niña desplazada tiene un 55% más de probabilidades de experimentar una interrupción de su educación, frente al 26% de otra menor de edad que no ha tenido que migrar

Otro aspecto que analiza el texto del PNUD es el del acceso a la educación. Al igual que con el caso tipo de la mujer de 40 años, emplearon el estándar de una menor de 12 años, cuyos padres tienen educación secundaria o superior y no reciben ningún tipo de asistencia en casa. Los resultados fueron que ella tiene 55% más de probabilidades de experimentar una interrupción en su formación, en comparación al 26% que tiene una niña de las mismas características que no vive en desplazamiento forzoso.

Una ventana de posibilidades

El PNUD destaca que se pueden tomar medidas efectivas para evitar este problema. Es el caso del registro que creó el programa de Red de Seguridad contra el Hambre de Kenia para responder al impacto de la sequía y reducir el riesgo de desplazamiento. Esta herramienta es utilizada ahora por el Gobierno, los socios humanitarios y los de desarrollo para seleccionar a los beneficiarios de las ayudas y entregar dinero a aquellos que lo requieran.

Un caso práctico que resalta el organismo de la ONU es el que recoge el estudio Medición de los costes del desplazamiento interno para los desplazados internos y los anfitriones: Eswatini, Etiopía, Kenia y Somalia (2020). En él se revelaba que los hijos de los pastores desplazados por la sequía en las zonas rurales de Somalia tenían mejor acceso a la escuela en Mogadiscio, la capital del país, adonde se habían asentado. Antes del desplazamiento, solo un 29% de ellos iba a la escuela, frente al 41% después de recalar en la ciudad. El informe del PNUD explica que el desplazamiento puede, aunque no siempre, mejorar la igualdad de género. Sucede cuando niñas que no tenían la oportunidad de estudiar en sus comunidades de origen pueden acceder a al colegio en las de destino.

Según establece el informe, en ciertas ocasiones y, si se hace correctamente, el desplazamiento interno puede suponer una oportunidad para avanzar en el desarrollo socioeconómico —aprovechando las capacidades de quienes llegan— y abordar cuestiones como la urbanización o el cambio climático, siempre que se cuenten con planes adecuados de expansión de las ciudades para acoger a los nuevos vecinos. Aun así, aún queda mucho por hacer, indican los expertos. Asako Okai, directora de la Oficina de Crisis del PNUD, subraya que su informe no se queda en el análisis y la denuncia, sino que ofrece siete claves para abordar esta crisis. “Lo primero que tienen que hacer los diferentes gobiernos es asegurar los derechos de las personas desplazadas. Cuando todos lo hayan hecho, entonces podremos trabajar en la integración”, resume.

Ese reconocimiento supone: renovar la confianza de los ciudadanos desplazados en el Estado; impulsar la seguridad y dignidad de las personas; reconstruir la equidad y la prosperidad; invertir en soluciones efectivas y a largo plazo; hacer más fuertes las instituciones nacionales y locales; fomentar la integración socioeconómica de las personas desplazadas y de las comunidades afectadas e incluir a las personas migradas en la participación política y social.

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