La muerte y la destrucción que causan los conflictos son tragedias visibles e inmediatas, pero a menudo se pasan por alto las consecuencias ambientales a largo plazo de la violencia: legados siniestros y tóxicos. Incluso antes de que se dispare el primer tiro, los ejércitos permanentes son hostiles al clima: voraces consumidores de energía y derrochadores, son responsables del 5,5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Las fuerzas armadas estadounidenses, con sus flotas de buques, tanques y aviones de alto rendimiento, son las mayores consumidoras institucionales de petróleo del mundo. Como consecuencia de ello, su huella de carbono es mayor que la de la mayoría de los países, mayor que la de Suecia, Dinamarca o Portugal.

Otro factor que hay que tener en cuenta son las cadenas logísticas que mantienen abastecidos a los ejércitos, así como las emisiones de la industria de fabricación de armas.

El fuego de artillería y los ataques aéreos destruyen bosques, campos y arboledas; las trincheras y las fortificaciones alteran los hábitats naturales; las personas obligadas a abandonar sus hogares ejercen una presión añadida sobre los recursos de la tierra; mientras que el ataque deliberado a los activos económicos —desde fábricas hasta refinerías— contamina el aire, el suelo y el agua. Reconstruir lo que ha sido destruido también tiene un coste climático.

El año pasado se registraron al menos 59 conflictos armados, una cifra récord. Estos son cuatro ejemplos del impacto ambiental de la violencia:

El ecocidio de Ucrania

Los primeros 12 meses de guerra podrían haber provocado un aumento neto de 120 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, equivalente a la producción anual de Bélgica. La destrucción medioambiental es de tal envergadura que se ha calificado de “ecocidio”, y se calcula que los daños superan los 57.000 millones de dólares (51.560 millones de euros).

Los ataques a fábricas, agroindustrias e infraestructuras de agua y alcantarillado han provocado una contaminación generalizada. Los bombardeos, los incendios forestales, la deforestación y la contaminación química han afectado ya a cerca de un tercio de las zonas protegidas de Ucrania. Los daños ecológicos se suman al legado tóxico de cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética.

Dos crisis medioambientales destacan tanto por su magnitud como por sus posibles consecuencias para la salud pública a largo plazo. La destrucción en junio de 2022 del embalse de Kajovka, el más grande de Ucrania, se considera el peor desastre medioambiental en Europa desde Chernóbil. El presunto ataque ruso provocó el vaciado de casi el 90% del embalse y causó inundaciones masivas que anegaron miles de hectáreas de tierra en lo que era el granero del sur del país.

Desde entonces se han dejado de regar 600.000 hectáreas de antiguas tierras de cultivo, según los datos del Ministerio de Agricultura de Ucrania, y es posible que la región vuelva rápidamente a su anterior estado semidesértico.

Ese mismo año, un ataque con misiles contra la refinería de petróleo de Kremenchuk provocó varios incendios importantes que liberaron sustancias contaminantes a la atmósfera. También se vio afectada la ciudad de Kremenchuk, situada al sur y densamente poblada, pero el viento dominante arrastró gran parte del humo tóxico hacia el norte, hacia las zonas rurales. Es posible que la respuesta de emergencia también contribuyera al desastre, ya que las espumas ignífugas utilizadas contenían “productos químicos permanentes”.

Gaza, 39 millones de toneladas de escombros

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, por sus siglas en inglés) ha descrito el impacto ecológico de la invasión israelí de Gaza como un desastre “sin precedentes”, y afirma que el daño a los ecosistemas y la biodiversidad posiblemente sea irreversible.

Casi la mitad de la cubierta arbórea y de las tierras de cultivo de Gaza han quedado destruidas, con los huertos y los olivares sistemáticamente en el punto de mira. La acción militar de Israel ha sido tan devastadora que organizaciones medioambientales la han descrito como otro ecocidio.

Las convenciones de Ginebra prohíben específicamente a las partes beligerantes utilizar métodos que causen “daños generalizados, duraderos y graves al medio ambiente natural”.

Los combates han generado 39 millones de toneladas de escombros, contaminados con amianto, residuos industriales y médicos y otras sustancias peligrosas, según una evaluación preliminar del PNUMA. También el ejército israelí ha utilizado municiones que contienen metales pesados y sustancias químicas explosivas en la densamente poblada Gaza, según confirma un estudio preliminar del programa medioambiental de Naciones Unidas hecho público el pasado junio.

El cierre de las depuradoras de aguas residuales contamina las playas, las aguas costeras, el suelo y el agua dulce. La gestión de residuos sólidos también se ha paralizado. Parte de la basura que asfixia la ciudad está siendo quemada como combustible por las familias desplazadas, con consecuencias desconocidas para la salud. Los árboles que han sobrevivido también están siendo talados y utilizados para calentarse.

Según una nueva investigación, es posible que solo en los dos primeros meses, la guerra generara una huella de carbono equivalente a quemar al menos 150.000 toneladas de carbón. El cálculo incluye las emisiones de CO₂ derivadas de la fabricación y la explosión de municiones y los vuelos a Israel de aviones de carga estadounidenses que transportan suministros militares.

Etiopía: adiós a los logros ecológicos

El Gobierno etíope llevaba tres décadas recuperando tierras degradadas en la región septentrional de Tigray, árida y propensa a la sequía. Pero la guerra de Tigray, que comenzó en 2020 y duró dos años, ha destrozado esos logros ecológicos.

Tanto las personas que se quedaron sin hogar a causa del conflicto como los soldados acampados en las zonas rurales talaron árboles para obtener combustible. La extensión de la cubierta forestal degradada es claramente visible por satélite. También ha quedado destruida la infraestructura agrícola de la región, una inversión estratégica que incluye equipos de irrigación, viveros de semillas e instituciones de investigación.

La población, amenazada por el hambre extrema como consecuencia de la campaña gubernamental de tierra quemada y el bloqueo de facto de la ayuda, ha recurrido al entorno natural para intentar obtener ingresos o alimentarse, lo que ha agravado los daños medioambientales. Ni siquiera se salvaron las reservas forestales en el monasterio de Waldiba y sus alrededores, que fueron explotadas después de que los monjes que las custodiaban fueran asesinados o desplazados.

Según el informe más reciente de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 15,8 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria en Etiopía. Teniendo en cuenta que el Gobierno está fuertemente endeudado y que la financiación de los donantes es inadecuada para cubrir las necesidades de emergencia, la recuperación ecológica podría verse relegada a un segundo plano frente a otras prioridades.

Myanmar: saqueo de recursos

Desde el golpe de Estado en Myanmar en 2021, se ha producido un aumento del saqueo ecológico, como consecuencia de la debilidad de la normativa medioambiental y de un Gobierno falto de liquidez que pretende eludir las sanciones financieras.

Myanmar es un país increíblemente rico en recursos, que van desde la biodiversidad de sus bosques hasta los elementos de tierras raras enterrados en las profundidades de sus montañas. La escalada de la guerra civil ha brindado a las élites adineradas y a los grupos armados una oportunidad para saquearlos. Los defensores del medio ambiente, que antes del golpe habían frenado algunos de los peores excesos, han sido víctimas de asesinatos y detenciones por parte de los militares.

Además del aumento de la tala de árboles y de la extracción de jade, también se ha incrementado la extracción de oro en el norte del país, en la que participan tanto el Ejército como la secesionista Organización para la Independencia de Kachin. Se han talado árboles, erosionado tierras y riberas, y contaminado los cursos de agua con sedimentos y mercurio. La consecuencia humanitaria de esta economía de guerra extractiva ha sido el desplazamiento y la persecución violenta de comunidades vulnerables.

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