Mena y Cleries justifican el cambio en la RMI sin cifrar el supuesto fraude

Ni una disculpa en sus intervenciones ni datos concretos que expliquen el alcance del supuesto fraude. Los consejeros de Ocupación y Empresa, Francesc Xavier Mena, y el de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, han comparecido esta mañana en la Diputación permanente del Parlament para explicar la crisis desatada en el pago de la Renta Mínima de Inserción (RMI), la ayuda mínima de 420 euros que reciben las personas más necesitadas (casi 35.000 en Cataluña). Mena y Cleries han  defendido la necesidad de las reformas y revisiones masivas que han provocado que muchos de los beneficiarios de las ayudas hayan estado al límite este mes. La oposición ha arremetido contra  la forma en que ha actuado el Gobierno y Cleries ha calificado el caos de meras "molestias". Ante las puertas del Parlament, medio centenar de personas con pancartas han pedido la dimisión de los dos consejeros.

Con las entrevistas que el Gobierno ha comenzado a realizar a los casi 35.000 receptores del RMI, según Mena, se ha visto que “muchos” pagaban televisión por cable, peajes de autopistas, cuotas de ONG... Es una de las anécdotas que el consejero ha utilizado en su dicurso, con pocas cifras concretas. Los envios del cheque de agosto a direcciones desfasadas, ha sostenido, no han respondido a ningún error, como aseguraron los trabajadores sociales que denunciaron que se estaban usando bases de datos erróneas. El problema, dice Mena, es que muchos de los que la reciben no habían notificado cambios de dirección y que no se estaban realizando los controles adecuados desde hace años. El consejero confirmó que en septiembre se regresará al método de la domicialición bancaria.

A medida que avanzaba el debate, los dos consejeros han cambiado su discurso sobre la marcha: si al principio achacaban el cambio en la forma de pago al combate del fraude, luego han ido cambiando de versión. En la última intervención, ha señalado que el objetivo era en realidad "actualizar las bases de datos" y que, si de paso detectaban fraude, sería aún más positivo. Después, en otro titubeo, ha cambiado otra vez el objetivo: era poder ofrecer formación ocupacional a los beneficiarios. "Para eso necesitamos saber quién habla catalán y quién no, si necesitan un programa por ejemplo de desintoxicación por alguna droga... Sin expedientes no podemos ofrecer formación adecuada", ha apuntado. Según Cleries, hoy no han ofrecido datos concretos porque "hace falta ser riguroso" y necesitan tiempo para analizarlas. Mena se ha  comprometido a explicar euro a euro, los gastos que ha generado la revisión masiva de agosto.

Mena ha explicado que el programa atiende a 105 nacionalidades y que el 42% de las prestaciones las reciben inmigrantes. Según sus datos, el 27% del total de beneficiarios son marroquís (9.000) y la mayoría, ha recalcado, mujeres. Mena ha mostrado su sorpresa por el elevado número de receptores de ese país en contraste con otros colectivos como los ecuatorianos o rumanos (unos 500), mucho mayores en cuánto a número de población. El consejero, que ya lanzó hace días la idea de que “muchos marroquíes” cometían fraude al cobrar la ayuda desde su país, tampoco ha respaldado esta teoría con cifras, y ha preferido usar a “Mohamed”, un supuesto receptor que le ha contado que la RMI tiene efecto llamada entre sus compatriotas porque se cobra fácil y así no hay que trabajar. La renta mínima ha defendido el responsable de Empleo y Ocupación “atrapa a los que lo reciben en la economía sumergida”. Entre los pocos datos que ha ofrecido: “El 69% de los que cobran prestación por desempleo dejarán de cobrarla en octubre. Ya veremos qué haremos”. Los parados que no tienen problemàtica social, justifica, no son quienes deben cobrar esta ayuda.

Del total de 34.000 beneficiarios, 27.000 ya han cobrado la ayuda y hay 6.000 o 7.000 personas que no lo han hecho, lo que representa un 19%. “No sabemos si es que no viven en Cataluña o si están muertos. Porque muchos lo están”, ha dicho en su apasionada intervención ante una comisión del Parlamento catalán atestada de diputados y periodistas. De entre los datos aportados, Mena ha comunicado que 2.635 beneficiarios ha comunicado el cambio de domicilio y que unas 7.757 han pasado por los servicios sociales.

Cleries, por su parte, también ha defendido que la revisión de la ayuda se ha llevado a cabo porque “es un programa que se ha ido desvirtuando”. Entre otras cosas, porque actualmente sustituye a muchas ayudas que debería pagar el Estado. Ni siquiera ha reconocido ningún error a la hora de gestionar la revisión, que ha dejado a miles de personas, muchas de ellas con hijos a su cargo, sin ningún recurso todo el mes. “No estamos improvisando”. Simplemente, ha apuntado “es que cuando se pone orden, se causan molestias”.

La diputada del PSC Eva Granados ha acusado a Mena de tener una actitud "insensible e irreverente”. Ha preguntado por un documento que el Departamento de Bienestar, según consta en los registros de la cámara, envió al de Economía donde señalaba que no estaban de acuerdo con la reforma que preparaban para la RMI dentro de la Ley de Acompañamiento, por la que habría un tope máximo anula de rpestaciones. "El departamento de Bienestar, atendiendo a los antecedentes, considera que el cambio de la naturaleza jurídica de la prestación, precisa de una mayor reflexión y consenso", señala el documento. Ninguno de los consejeros, sin embargo, ha contestado la pregunta.

Enric Millo, del PP, ha criticado duramente el sistema de revisión de la RMI del mes de agosto, queha sido como “matar moscas a cañonazos”, pero también ha centrado sus críticas en la propia RMI, que cree que “no funciona". Por eso, se ha ofrecido a colaborar en una reforma profunda que considera imprescindible. Por su parte, Joan Herrera, secretario general de Iniciativa, ha criticado la falta de "sensibilidad humana" de este Gobierno, que ha puesto al límite a los más necesitados y han puesto en duda la labor de todo el personasl de los servicios sociales de Cataluña.