Unos 200 profesionales de la justicia piden la retirada de las tasas en Madrid

Unas 200 personas, entre abogados y funcionarios del Ministerio de Justicia, han pedido este miércoles la retirada de la ley de tasas judiciales frente a los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, cuando se cumple un año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Durante la protesta, que ha durado aproximadamente una hora, se han escuchado gritos pidiendo la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El Consejo General de la Abogacía, que agrupa a los colegios profesionales de letrados, y los sindicatos UGT, CC OO, CSI-F, USO y STAJ, convocaron al protesta bajo el lema Un año contra las tasas. Se leyó un manifiesto criticando las dificultades en el acceso a la justicia de miles de ciudadanos.

Desde su anuncio, esta reforma tributaria ha tenido una fuerte contestación por parte de asociaciones de jueces, fiscales y colegios de abogados, que acusan al ministro Ruiz-Gallardón de violar la tutela judicial efectiva. La contestación llevó al ministro Gallardón a reducir la cuantía de las tasas en febrero, tras recibir un informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y tras la convocatoria de una huelga de jueces y fiscales.

El Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa los recursos presentados por el Gobierno Andaluz, la Generalitat, el Gobierno canario, el Grupo parlamentario socialista y la Diputación de Aragón y tumbe la norma. La Audiencia Nacional presentó el pasado septiembre una cuestión de inconstitucionalidad a este Tribunal al considerar que vulnera la tutela efectiva y el derecho a la igualdad real.

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, presente en la manifestación, declaró que  la ley es inconstitucional atendiendo a cómo están fijadas las tasas y recordó que en Francia serán eliminadas a partir del 1 de enero. El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, manifestó que "se han cumplido los peores pronósticos" al restringir el acceso a la Justicia. Bosch ha criticado que "se tenga que pagar un derecho fundamenta", lo que perjudica sobre todo "a la clase media y trabajadora".

"Un procedimiento ordinario a 300 euros cierra la puerta de la justicia a muchas personas", explica José Luis Calderón, un abogado madrileño dedicado a los ámbitos civil y penal que acude a la protesta. El letrado calcula que en torno a un 20% las consultas por causas civiles que recibe no llegan al juzgado por las tasas.