El Supremo anula el plan urbanístico que legalizó 16.500 casas de Marbella

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 2010, un documento que debía devolver a la ciudad la seguridad jurídica, los suelos de equipamientos públicos y que legalizó más de 16.500 viviendas construidas irregularmente durante 16 años de gobiernos del GIL. En tres sentencias distintas difundidas este miércoles, el Supremo estima los recursos de una comunidad de propietarios y dos sociedades contra otras tantas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que rechazaron sus impugnaciones contra el nuevo plan.

Las tres resoluciones del Supremo llegan a la misma conclusión: el planeamiento vigente de Marbella es nulo de pleno derecho por varios motivos, como que el PGOU no tenía potestad para legalizar lo ilegalmente construido; que no cumple las normas de evaluación de los efectos medioambientales; y la ausencia de un informe de sostenibilidad económica.

El plan de 2010, redactado por el urbanista Manuel González Fustegueras, tuvo el apoyo consensuado de los dos principales partidos (PP y PSOE), pero resultó controvertido desde el principio y contó con decenas de impugnaciones. La mayoría de los recursos tenían que ver con el sistema de compensaciones que estableció el PGOU para normalizar las situación irregular en la que se encontraban miles de viviendas que habían sido construidas contraviniendo el planeamiento entonces vigente, de 1986. El plan contemplaba legalizar hasta 16.500 viviendas mediante el pago de compensaciones económicas y en suelo. Dejó fuera de la ordenación otras 1.500 y hay sentencias que han declarado ilegales construcciones que el plan normalizaba y propietarios que no aceptan pagar compensaciones.

Situación excepcional

El alto tribunal admite en sus resoluciones el “excepcional” el contexto en el que se aprobó el PGOU marbellí y asegura ser consciente de “la situación de generalizada ilegalidad urbanística” existente en el municipio, como consecuencia de las numerosas actuaciones llevadas a cabo “al margen —o contra—" lo previsto en el anterior plan. “Igualmente —dada la generalizada amplitud de ilegalidad— somos conscientes de la excepcionalidad de la situación creada, con repercusiones en el ámbito de la gestión política de la ciudad”, señalan los jueces en referencia a la disolución del Gobierno municipal de Marbella por parte del Ejecutivo central en 2006. El Supremo alude también a las condenas judiciales contra exalcaldes, funcionarios y promotores urbanísticos del municipio.

Los jueces de la Sala de lo Contencioso también aseguran ser conscientes del intento municipal y autonómico (la Junta apoyó la revisión del plan y dio el visto bueno al documento definitivo) para la regularización del modelo urbanístico de la ciudad. Pero advierten que su obligación es controlar la legalidad de ese documento y sostienen que no pueden avalarlo. Las razones por las que se anula el plan son varias. La primera, porque el Supremo cree que el Ayuntamiento no tenía la potestad para legalizar, a través del PGOU,  miles de viviendas construidas ilegalmente.

Las viviendas que el plan regulariza ya habían sido declaradas ilegales por los tribunales y la potestad para decidir si se ejecuta o no una sentencia “corresponde exclusivamente” a los jueces, advierte el Supremo. “No resulta de recibo pretender blindar jurídicamente situaciones de infracción judicialmente declaradas al socaire de un nuevo planeamiento”, señala el tribunal, que sostiene que el plan que el Ayuntamiento y la Junta concibieron para Marbella no pretende “hacer ciudad”, sino “rehacer ciudad”. “Rehacerla no porque se pretenda su rehabilitación (...) sino porque la hecha en el pasado lo ha sido de forma ilegal. Su razón de ser, no es futuro de Marbella, sino su pasado”, concluye el tribunal.

Además, el Supremo apunta que el nuevo PGOU incumple la exigencia de la directiva europea sobre evaluación medioambiental y carece de un informe de sostenibilidad económica.

La anulación del PGOU deja en el aire de nuevo la situación de las 16.500 viviendas que regularizó. El Ayuntamiento y la Junta estudiarán en los próximos días las sentencias para conocer sus “implicaciones” y buscar una solución, según adelantó este miércoles el alcalde, el socialista José Bernal, a través de una nota de prensa.