El cerebro del ‘caso máster’ arremete contra los informes de la Guardia Civil

Enrique Álvarez Conde, considerado el cerebro del caso máster, ha lanzado una ofensiva contra los informes caligráficos de la Guardia Civil que concluyeron que había firmado las actas de los trabajos fin de máster (TFM) de varios alumnos, que han dicho que nunca los defendieron ante un tribunal. En un escrito enviado por su abogado a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, el catedrático niega la autoría de todas esas rúbricas y solicita a la magistrada que pida un estudio sobre lo mismo a la Policía Nacional.

Según informan fuentes jurídicas, no es la primera vez que se manifiesta en ese sentido. También lo hizo el pasado 10 de septiembre, cuando acudió a declarar como imputado por tercera vez al juzgado de Instrucción número 51 de Madrid: entonces, el catedrático se negó a responder a las preguntas de la magistrada, pero leyó un comunicado donde señalaba que los investigadores se habían equivocado en sus conclusiones y, con cierta sorna, manifestó que le sorprendía que los agentes le dijeran ahora cómo llevaba haciendo su firma desde hace años.

Para rechazar el informe del instituto armado, Álvarez Conde argumenta que lleva años iniciando su rúbrica con la letra 'E' en mayúscula y que la Guardia Civil no contempló que las firmas analizadas arrancaban en minúscula.

Correos electrónicos borrados

El letrado del catedrático también solicita que se cite a declarar como testigo al actual consejero de Educación de Madrid, Rafael van Grieken, que fue vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) durante diez años. "Van Grieken tuvo responsabilidades sobre el Instituto de Derecho Público (IDP), pues le competía estar pendiente —bajo la dirección del rector— de la actividad de los institutos universitarios. Y, desde 2015 hasta la actualidad, es el máximo responsable de la URJC por su condición de consejero de Educación",  afirma Álvarez Conde, que también recuerda que el político tenía como asesora a María Teresa Feito, a quienes varios imputados señalan como la persona que fue a la universidad a presionarlos cuando saltó el escándalo.

Pero las exigencias del supuesto cerebro de la trama no quedan ahí. Su abogado ha pedido a Rodríguez-Medel que pida a la universidad una relación de todas las personas que entraron en su despacho y en los del IDP, después de que el rectorado denunciase que habían borrado más de 5.400 e-mails de la cuenta del instituto y que se habían llevado documentación. "Dicha identificación es posible y muy fácil, ya que el acceso a dichos despachos se efectúa con llaves o tarjetas electrónicas", reza el escrito.