El Brexit anima a más británicos a querer ser españoles

Solo 166 británicos solicitaron la nacionalidad española en los diez primeros meses de este año, según datos de la Dirección General del Registro y el Notariado. Es una cifra escasa, si se compara con los 10.067 marroquíes o los 2.001 venezolanos, pero más que triplica los 50 solicitantes de 2015, el año anterior al referéndum del Brexit, y convierte a los británicos en los cuartos ciudadanos comunitarios, tras rumanos, italianos y búlgaros, que más quieren ser españoles.

Las solicitudes para adquirir la nacionalidad española por residencia (lo que implica llevar una década viviendo legalmente en España) han caído drásticamente entre los ciudadanos comunitarios. Si en 2015 fueron 4.948, en 2017 se redujeron a solo 1.687, menos de la mitad. Especialmente acusada ha sido la reducción de las solicitudes entre los nacionales de los países del Este que se incorporaron a la Unión Europea en la pasada década: Rumanía (2.340 a 973), Bulgaria (815 a 193) o Polonia (354 a 101).

Estos datos no son exhaustivos, advierte la Dirección General del Registro y el Notariado, ya que solo incluyen los expedientes iniciados con el antiguo procedimiento (antes de noviembre de 2015) y los presentados posteriormente por vía electrónica, pero no las solicitudes presenciales. El Ministerio de Justicia reconoce que se arrastra un monumental retraso en la tramitación de los expedientes de nacionalidad (más de 400.000 pendientes) y prepara un plan de choque para ponerse al día.

No obstante, los expertos consideran que estos datos, aunque parciales, marcan una tendencia. Y esta es inequívoca: si en 2015 la británica era la séptima nacionalidad en número de solicitudes, empatada con la alemana, este año es la cuarta y la única de la UE que crece respecto a hace tres años. España es el país de la Unión donde más británicos residen, unos 250.000, aunque la cifra se ha reducido drásticamente respecto a hace un lustro, cuando se contabilizaban casi 400.000. Tan espectacular reducción se atribuye tanto a la caída del valor de la libra, que ha recortado el poder adquisitivo de los pensionistas residentes en España, como a la depuración de las estadísticas.

Aún así, la incertidumbre pesa sobre el futuro de la colonia británica en España, sobre todo si el acuerdo de salida de la UE entre el Gobierno de Theresa May y la UE no es ratificado por el Parlamento británico y el 30 de marzo del año próximo se produce un Brexit sin anestesia.

La primera consecuencia del divorcio entre la UE y el Reino Unido es que los ciudadanos británicos perderán la condición de comunitarios y, en consecuencia, no podrán votar en las elecciones europeas y municipales del 26 de mayo de 2019. Ni votar ni ser elegidos. Por lo que no podrán presentarse los actuales 37 concejales que tienen nacionalidad británica (19 en la Comunidad Valenciana, ocho en Andalucía y el resto en Canarias, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia). Representan el 43,5% de los extranjeros elegidos en las municipales de 2015, según datos recopilados por Ciudadanos, que ha pedido la adopción de medidas urgentes para garantizar que no pierden sus derechos políticos.

Más importancia tiene para los británicos conservar otros derechos, como los de residencia, trabajo o asistencia sanitaria. Aunque todos ellos están protegidos en el acuerdo de retirada, siempre que este no acabe naufragando, la única forma de garantizar por completo todos los derechos asociados a la ciudadanía europea es adquirir la nacionalidad de un país comunitario.

España admite la doble nacionalidad con los países latinoamericanos y con otros con especial vinculación histórica, como Guinea Ecuatorial o Filipinas, además de Andorra y Portugal, pero no con el Reino Unido. En teoría, los británicos que adquieren la nacionalidad española deben renunciar a la suya. En la práctica, no se controla si alguien lleva dos pasaportes en el bolsillo.