El estado de alarma favorece la excarcelación de los acusados por el mayor brote de listeriosis de España

La juez encargada del caso Magrudis, la empresa causante del mayor brote de listeriosis de España, ha acordado este martes la puesta en libertad de sus dos principales responsables, José Marín Ponce y su hijo Sandro Marín, que llevan en prisión provisional desde el pasado mes de septiembre. La instructora considera que el riesgo de fuga ha disminuido dado que con el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus “queda limitada la libertad de circulación de las personas que únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las actividades que indica el artículo 7 del Real Decreto”. Varios de los abogados de los afectados han confirmado a este diario que van a recurrir la decisión.

El riesgo de fuga y de destrucción de pruebas habían sido las principales razones esgrimidas hasta la fecha por la juez para denegar las distintas peticiones de puesta en libertad realizadas por la defensa de los dueños de Magrudis. En esta ocasión, la solicitud ha venido de la Fiscalía y la instructora ha accedido por considerar, además de las circunstancias excepcionales derivadas del estado de alarma, que “la investigación se encuentra prácticamente terminada”. El 27 de febrero, la magistrada impuso una fianza de cinco millones de euros a Marín, sus hijos Sandro y Mario -en libertad provisional-, su mujer y su cuñada por entender que era “indudable” que eran “responsables criminalmente de delitos contra la salud pública, cuatro homicidios por imprudencia, seis delitos de aborto, además de delitos de lesiones por imprudencia, cuyo número exacto aún está por determinar”.

“Parece que los que provocaron la listeriosis van a ser los únicos beneficiados por el coronavirus”, ironiza Germán Grima, uno de los abogados que está llevando la defensa de varios de los afectados. Carmen Flores, presidenta de la asociación Defensor del Paciente, también personada en la causa, es muy crítica con la decisión de la juez. “En este momento hay una situación dramática en la que hasta el Gobierno ha limitado la salida de presos y sus visitas y la juez pone en libertad a personas que han causado mucho sufrimiento a muchas familias”, explica a EL PAÍS.

Su asociación, como el despacho de Grima y Facua, la organización de consumidores principal impulsora de la causa contra Magrudis, han confirmado a este diario que van a recurrir el auto de la juez del que no han recibido traslado ni por parte de los juzgados ni por la Fiscalía. No están de acuerdo fundamentalmente en que la investigación esté casi ultimada.

“Estamos absolutamente en contra de que se cierre la instrucción. Hay cosas muy importantes por hacer aún para determinar la responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla”, explican desde Facua, que promovió la imputación la veterinaria municipal que realizó las inspecciones de Magrudis. Grima también entiende que queda por dilucidar la responsabilidad de la Junta de Andalucía y es importante que se aclare cómo fue el proceso para decretar la alerta sanitaria del 15 de agosto. Para los demandantes es muy importante que se dirima la responsabilidad subsidiaria de las Administraciones para garantizar las indemnizaciones a los afectados, más de 200 en toda España. El seguro de responsabilidad civil suscrito por los responsables de la cárnica solo cubre 300.000 euros, una cantidad insuficiente para hacer frente a las reclamaciones.

Marín y su hijo tienen prohibida la salida del territorio nacional y tienen que entregar sus pasaportes. Cuando cese el estado de alarma, deberán comparecer ante los juzgados a través de su procurador todos los lunes de cada mes. La juez no les ha impuesto fianza porque, según establece el auto, el juzgado “ha realizado previamente la oportuna investigación de bienes y carecen de medios para hacer frente a cualquier fianza que se le impusiera en estos momentos”.