Organizaciones feministas piden un indulto “urgente” para María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre

La expresidenta de la asociación Infancia Libre, María Sevilla, dispone a partir de este martes de 10 días para ingresar de forma voluntaria en una prisión de Madrid. Está condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores y a la pérdida de la patria de potestad de su hijo durante cuatro años, dado que se ocultó con él para evitar que se fuera con su padre, a quien le había sido otorgada la custodia y a quien ella acusa de abusar sexualmente del niño. Los abusos no han sido probados judicialmente y el padre siempre los ha negado. Este martes, 168 colectivos sociales, entre ellos conocidas organizaciones feministas, han reclamado un indulto “urgente” para esta mujer y han criticado una “justicia patriarcal” que no defiende correctamente a las madres y a los hijos que denuncian abusos sexuales.

Entre las entidades que reclaman la medida de gracia figuran la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de Mujeres Progresistas y la Federación de Asociaciones de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género. Este martes se ha celebrado una rueda de prensa en Madrid en la que representantes de estas organizaciones han mostrado su apoyo a Sevilla, quien también ha acudido al acto, recién llegada del juzgado de lo penal número 2 de Madrid (encargado de ejecutar sentencias). Allí había recogido el requerimiento de ingreso en prisión voluntaria. Ella ya ha recurrido el auto en el que la jueza le deniega la posibilidad de suspender su entrada en prisión hasta que el Gobierno resuelva sobre su petición de indulto. Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron el lunes que han iniciado su tramitación, solicitando los informes preceptivos que, por el momento, no han recibido.

“Tenemos muchas esperanzas puestas [en el indulto]”, ha afirmado Consuelo Álvarez, de la Federación de Asociaciones de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género. Ha asegurado que el caso de Sevilla no es aislado y ha mencionado el “tirón de orejas” que ha dado a España recientemente un grupo de expertos independientes de la ONU, que consideró que el sistema judicial no protege lo suficiente a los menores de “padres abusivos” y que el Gobierno “debe hacer más” para protegerlos en casos de violencia de género y en los que se detecten abusos sexuales. Álvarez ha criticado que se criminalice a las “madres protectoras” y que en los juzgados españoles se aplique el llamado síndrome de alienación parental, prohibido por la ley de protección de la infancia frente a la violencia, y que consiste en la creencia de que un niño es manipulado por uno de los progenitores para volverse contra el otro y resistirse a tener contacto con él o con ella. Además, ha reclamado que haya una “reparación” para las madres que lo han sufrido, y que se imponga un régimen sancionador a los operadores jurídicos que lo empleen.

El estallido mediático de este caso se remonta a 2019. Ese año, Sevilla fue detenida en la localidad conquense de Villar de Cañas. Allí se había ocultado con su hijo, con su actual pareja y con la hija de ambos. El padre del niño, Rafael Marcos, había denunciado su desaparición en 2017. Tras el arresto de Sevilla, trascendieron otros tres casos de madres que fueron detenidas o llamadas a declarar y que estaban vinculadas a la asociación Infancia Libre, que surgió en defensa de los menores. La unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de la Plaza de Castilla llegó a acusar a esta entidad de “organización criminal” tras recibir denuncias de padres que aseguraban que las madres retenían a sus hijos y acudían a los mismos profesionales que avalaban unos abusos sexuales de los que los acusaban, que no eran ciertos y no habían sido probados judicialmente. La Fiscalía Provincial de Madrid archivó la causa al no apreciar datos objetivos que demuestren que funcionaba como una organización ilícita.

Altamira Gonzalo, de Mujeres Juristas Themis, ha afirmado este martes que en muchos casos hay una “justicia patriarcal que no cree a las mujeres en sus relatos, fundamentalmente cuando denuncian violencia machista o a los padres por abusos sexuales”. Gonzalo ha reclamado prudencia a la justicia. “Puede ocurrir que no haya suficientes pruebas para acreditar la existencia de un delito de abuso sexual, pero eso no significa que no haya que tomar cautelas en el ámbito del derecho de familia”. En su opinión, otorgar la custodia a los padres de los niños en esos casos y separarlos de sus madres es “una manera de desprotegerlos”. Según ha dicho, citando un informe de Save the Children, apenas se denuncian un 15% de los casos de abusos sexuales en la infancia y, de ellos, el 70% no llegan siquiera a juicio.

En el caso de Sevilla sí ha habido procesos judiciales, en múltiples ocasiones, tanto por lo civil para resolver el tema de la custodia como por lo penal. En ninguno de ellos un juzgado ha considerado hasta ahora acreditada la existencia de abusos sexuales al hijo de Sevilla, que ahora tiene 14 años. Este martes, Sevilla ha dicho que su temor no es entrar en prisión, sino otro: “Me da miedo que mi hijo se queda en una situación de riesgo y en una desprotección absoluta”, ha afirmado. “No sé hasta qué punto va a llegar esto”, ha dicho. “Lo cierto es que cada vez que hemos pedido que se proteja a mi hijo y que hemos pedido ayuda o auxilio judicial se nos ha denegado y se nos ha castigado y machacado por pedirla”, ha añadido. Álvarez ha criticado que en un informe pericial realizado en los juzgados, en 2013, se hablara de “interferencia” de Sevilla en su hijo.

El padre del niño, Rafael Marcos, se opone frontalmente al indulto, que considera “injusto” dado que “está condenada por sustracción”. Él ha negado en todo momento haber abusado sexualmente de su hijo y afirma que la justicia y los informes que se han elaborado a nivel oficial lo respaldan. Asegura que el menor se encuentra bien y critica que, “con todas las garantías que se han tomado”, que según dice ve bien porque “hay que salvaguardar el bienestar de los niños”, ella “siga insistiendo en algo que no se sostiene” y que no ha considerado probado ningún juzgado. “Hubiera salido por algún lado”, indica.

Ni Sevilla, que ha asegurado que hay informes que avalan sus temores, ni las asociaciones presentes en la rueda de prensa creen que se hayan tomado las garantías adecuadas, ni en este ni en otros casos similares. Los colectivos firmantes del escrito en el que se defiende la medida de gracia para Sevilla, además de reclamar su “indulto total y urgentemente”, defienden el derecho de su hijo “a ser protegido y a mantener una relación con su madre y su hermana en el propio hogar”. También piden la creación de una “comisión urgente de investigación a los agentes jurídicos y no jurídicos” en el Congreso, que sea apoyada por el Gobierno, “para que de una vez se haga justicia y se repare el daño causado al hijo” de Sevilla y “a los hijos e hijas de tantas y tantas madres que están desprotegidos por un sistema que no les cree y que no las protege”.