Consumo multará por primera vez con medio millón a ocho plataformas de comercio electrónico por “falsas rebajas”

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto sancionar con medio millón de euros a seis plataformas de comercio electrónico por “falsas rebajas” en la semana de descuentos del Black Friday, y ha convertido en firme otra multa de 90.000 euros a dos plataformas más. Las asociaciones de consumidores explican que se trata de una práctica muy común, que consiste en subir los precios de los productos unos días antes y luego bajarlos al nivel anterior para que parezca que tienen un gran descuento, lo que constituye un fraude. Es la primera vez que el departamento de Pablo Bustinduy persigue estas prácticas, dado que hasta el final de la pasada legislatura no tenía capacidad sancionadora.

Desde octubre de 2023, los técnicos del ministerio monitorizaron diariamente 1.140 productos mediante la herramienta Price Reduction Tool de la Comisión Europea. Con ella han constatado los incumplimientos en varios productos que se vendían por internet. Según el departamento, el 60% de las empresas investigadas estaba cometiendo esta práctica fraudulenta.

Así, han detectado casos como el de unas zapatillas deportivas que se ofertaban por 29,99 euros el 19 de noviembre; el 20 de noviembre se subió su precio 48,95 euros, mientras que el 24 de noviembre, Black Friday, se volvió a bajar a los mismos 29,99 euros. Así, los consumidores creen que pueden obtener una rebaja de casi 19 euros, cuando en realidad es el mismo precio que tenían antes de la campaña de descuentos. Otro ejemplo: un televisor que hasta el 20 de noviembre valía 526,99 euros, subió de precio el día 21 a los 629,99 euros y al día siguiente volvió a los 526,99 euros, dando la falsa sensación de tener más de 100 euros de descuento.

Estas prácticas suponen una infracción del artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que obliga a mostrar el precio anterior, que a su vez debe ser el menor aplicado en el último mes. Así, el consumidor podrá hacer una comparación correcta. Según el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, las “falsas rebajas” pueden considerarse prácticas desleales y pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, o hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido.

En mayo, el ministerio ya anunció que abría expediente sancionador a dos grandes operadores de comercio electrónico por “falsas rebajas” en el Black Friday. Fuentes del departamento explican que esas dos primeras marcas investigadas acaban de asumir su responsabilidad, por lo que la sanción se ha convertido ya en firme. Ambas han realizado un abono de 90.000 euros entre las dos, con un descuento por pronto pago, en la que constituye la primera gran multa a nivel estatal por este tema.

Ahora, la propuesta de sanción llega a otras seis plataformas de comercio electrónico, en este caso por un importe de medio millón de euros en total. El departamento se niega a revelar los nombres de las ocho plataformas sancionadas, dado que eso solo ocurre cuando se trate de sanciones calificadas como “muy graves”. Desde el ministerio recalcan que estas multas coinciden con el arranque de las rebajas de verano, que también se proponen monitorizar para evitar prácticas similares. “El objetivo es erradicar este fraude a los consumidores”, recalcan.

Alerta por fraudes

Las asociaciones de consumidores han alertado en numerosas ocasiones de este tipo de prácticas, hasta ahora sin mucho éxito. “Muchos establecimientos, tanto físicos como electrónicos, no cumplen la norma respecto al precio rebajado. Algunos suben los precios o indican como precio antiguo uno más elevado, dando la apariencia de falsas rebajas, lo que confunde al consumidor, que piensa que la rebaja es mayor que la que es”, apunta Enrique García, de la OCU. Desde la organización han hecho seguimiento y han mostrado que donde más engaños suelen producirse es los sectores de los electrodomésticos y productos electrónicos. Cuando detecta esta práctica, se la comunica tanto al ministerio como a las comunidades autónomas, que también podrían sancionar.

Mientras, Rubén Sánchez, de Facua, añade: “Los protocolos de inspección de las comunidades autónomas, que pueden inspeccionar tiendas y web, raramente incluyen el seguimiento de precios en momentos previos para comprobar que los descuentos son reales. Solo Cataluña ha abierto algún expediente por este motivo”. En su opinión, “es muy importante que el ministerio empiece a sancionar por este fraude, sobre todo viendo la nula actuación de las comunidades, porque lo que hay ahora mismo es un descontrol absoluto”.