El Supremo de Estados Unidos se inclina por facilitar a blancos y heterosexuales las demandas por discriminación
Los jueces se muestran favorables a la demanda de una mujer que dijo que había sido marginada en favor de dos homosexuales
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
Las víctimas habituales de discriminación por raza u orientación sexual suelen ser los grupos minoritarios como las personas homosexuales, transexuales, afroamericanas y latinas. Esto derivó en una doctrina judicial en Estados Unidos que se mostraba menos exigente en la carga de la prueba cuando los afectados eran de esos colectivos, frente a los ciudadanos pertenecientes a grupos mayoritarios, como los miembros de la población blanca o heterosexual. Este miércoles, sin embargo, los jueces del Tribunal Supremo se han mostrado dispuestos a cambiar esa doctrina tras analizar el caso de una mujer heterosexual que asegura que se vio marginada en su trabajo en favor de dos personas homosexuales.
“La discriminación por motivos de orientación sexual, ya seas gay o heterosexual, está prohibida. Las reglas son las mismas en cualquier caso”, dijo el juez Brett Kavanaugh, una postura que parecían compartir los demás magistrados.
El caso ha adquirido una relevancia especial en plena ofensiva conservadora de Donald Trump contra las políticas de diversidad, igualdad e inclusión. En algunos casos, esas políticas funcionan como una especie de acción afirmativa o discriminación positiva hacia los colectivos minoritarios.
Si a los grupos mayoritarios, como los hombres blancos, se les allana el camino para presentar demandas por discriminación, pueden alegar que esas políticas les han perjudicado. Los jueces ya dictaron en 2023 una sentencia contra la discriminación positiva por razón de raza en el acceso a la universidad que ha abierto paso a demandas de todo tipo contra instituciones educativas, empresas y otras organizaciones.
Hasta ahora, buena parte de los tribunales han venido exigiendo a los demandantes que pertenecen a un grupo mayoritario demostrar “circunstancias de fondo que apoyen la sospecha” de esa discriminación. Algunos tribunales han defendido ese listón más alto con el argumento de que la discriminación contra los trabajadores de los grupos mayoritarios es relativamente infrecuente.
Los jueces han examinado este miércoles el caso de Marlean Ames, una mujer heterosexual de 60 años, que demandó al Departamento de Servicios a la Juventud de Ohio. En su demanda afirmaba que había perdido su puesto de trabajo en favor de un hombre homosexual y que no se le había concedido un ascenso en favor de una mujer lesbiana, en violación de la legislación federal sobre derechos civiles.
Aseguraba que eran personas menos cualificadas que ella, pero que su supervisor también era homosexual y se decantó por ellos. “Así es como llegué a sentir que me discriminaban por ser heterosexual y me dejaban de lado por ellos”, declaró Ames la semana pasada a Reuters.
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El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por razones de orientación sexual. Un tribunal de primera instancia y el Tribunal de Apelaciones del sexto circuito judicial de Estados Unidos, con sede en Cincinnati, desestimaron la demanda porque no había demostrado esas “circunstancias de fondo”, como una inclinación particular contra las personas heterosexuales por quien tomó la decisión o un patrón estadístico de discriminación contra los miembros del grupo mayoritario.
Elliot Gaiser, el abogado estatal que ha intervenido en la vista en defensa de las autoridades de Ohio, ha asegurado que los funcionarios del Departamento de Servicios a la Juventud ni siquiera conocían la orientación sexual de Ames. El propio Gaiser, sin embargo, tampoco rechazó de modo rotundo que los jueces rebajasen la carga de la prueba de la discriminación. “Todos aquí estamos de acuerdo en que todos deben ser tratados por igual”, dijo Gaiser. “Estamos radicalmente de acuerdo”, reafirmó el juez Neil Gorsuch, algo no muy habitual en un tribunal dividido por cuestiones ideológicas.
Los recursos ante el Supremo se presentan en forma de preguntas y la que deben contestar los jueces en este caso es “si, además de alegar los demás elementos del Título VII [de la ley de Derechos Civiles], un demandante perteneciente a un grupo mayoritario debe demostrar “circunstancias de fondo que apoyen la sospecha de que el demandado es ese empleador inusual que discrimina a la mayoría”, como han sentenciado tribunales inferiores en varios casos.
Según el abogado de la demandante, Xiao Wang, esa exigencia de circunstancias de fondo “no erradica la discriminación”. “Instruye a los tribunales para que la practiquen clasificando a las personas en grupos mayoritarios y minoritarios en función de su raza, su sexo o su característica protegida, y aplicando una presunción de prueba categórica no a favor, sino en contra, basándose únicamente en su pertenencia a un grupo mayoritario, sea cual sea su definición”, argumentó ante el tribunal.
“Pero eso no es coherente con la norma que nos dice que debemos proteger a todas las personas de la discriminación individual basada en el caso individual”, añadió. Sin que la respuesta negativa a esa pregunta implique necesariamente dar la razón a la demandante, los nueve jueces del Tribunal Supremo parecen inclinarse por no exigir requisitos adicionales a un demandante por el hecho de ser miembro de un grupo mayoritario.
La sentencia sobre el caso no se espera hasta el mes de junio, cuando el Supremo suele publicar la mayor parte de los fallos de los casos de su curso judicial. La abogada del Estado en representación del Departamento de Justicia, Ashley Robertson, se mostró favorable también a rechazar la exigencia de ese requisito adicional. Propuso devolver el caso a los tribunales inferiores para que juzguen si hubo discriminación, pero sin necesidad de probar esas “circunstancias de fondo”.
El abogado de Ohio cree que la demandante puede perder el caso aunque no se aplique esa exigencia. “Ohio está de acuerdo en que es incorrecto exigir a algunos litigantes un estándar más alto debido a sus características protegidas. Pero eso no es lo que sucedió en este caso”, explicó ante los jueces. Ames aseguró que “no pudo demostrar que nadie [de los que tomaron las decisiones laborales sobre ella] estuviera motivado por su orientación sexual o conociera su orientación sexual”
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