La Audiencia de Navarra reduce en un año la condena a dos miembros de La Manada por la ‘ley de solo sí es sí’

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha rebajado de 15 a 14 años de prisión la pena a José Ángel Prenda Martínez y a Jesús Escudero Domínguez, dos de los cinco condenados por la violación grupal cometida en los Sanfermines de 2016 en Pamplona, en aplicación de la denominada ley del solo sí es sí. El tribunal se considera “jurídicamente obligado” a tomar esta decisión porque el Supremo ya dictó doctrina jurisprudencial al respecto en julio del año pasado, cuando confirmó esa misma rebaja de pena a Ángel Boza, el primero de los cinco condenados que lo pidió. Así lo ha manifestado la Audiencia en sendas resoluciones judiciales, que pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

Tal y como avaló el Supremo y sostuvo inicialmente el TSJN en el caso de Boza, la sentencia sobre la violación grupal determinaba una condena de 15 años, “próxima o cercana” al mínimo legal marcado por la norma. Tras la aprobación de la ley del solo sí es sí, la pena mínima descendía un año y tres meses ―pasando a 13 años―. Así, los 15 años de cárcel impuestos a los cinco agresores quedaban dos años por encima del mínimo legal posible. Este fue el principal argumento empleado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJN, con un voto particular discrepante, para rebajar la pena de 15 a 14 años. Después de que el Supremo ratificara esta resolución, el abogado defensor de Prenda y Escudero interpuso sendos recursos de revisión a principios de este mes de febrero.

Siguiendo con el proceso habitual, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra trasladó las dos solicitudes a las partes para que presentaran alegaciones si lo consideraban necesario. Por un lado, la fiscal consideró que procedía estimar los recursos. Es decir, no se opuso a la rebaja de las penas habida cuenta de que “debe seguirse el criterio fijado” por el Tribunal Supremo. Por otro, tanto la acusación particular, ejercida por la víctima, como las acciones populares ―ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona― se opusieron a dichas reducciones. En las resoluciones ahora emitidas, la Audiencia de Navarra ha reiterado los argumentos esgrimidos previamente por el TSJN y el Supremo para estimar estos recursos.

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