El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, firma un contrato por 47,5 millones de dólares y deja en entredicho el futuro de la recolección de basuras

Han sido semanas de decisiones difíciles para Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. El pasado 13 de septiembre anunció que la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) —órgano que controla en virtud de su cargo— decidió no continuar con la capitalización de Tigo, la tercera compañía de telefonía móvil con más usuarios del país, que pertenece en un 50% al municipio y que se encuentra en una delicada situación financiera. Ahora es otra determinación, esta vez un gasto, la que levanta cuestionamientos. Se trata de la firma del proyecto piloto de los vehículos de cargue lateral para la recolección de basuras en Emvarias, la compañía pública encargada de la prestación del servicio público de aseo de la ciudad.

La recolección de basuras en Medellín se lleva a cabo con vehículos de cargue trasero, que tardan más tiempo en sus tareas y requieren más trabajadores para ser operados que los de cargue lateral. Quintero hizo pública su intención de que Emvarias hiciera ese piloto y así se lo pidió a la junta directiva de la compañía, que él define indirectamente. “Estamos esperando a que la junta de Emvarias, a quien le envío un saludo especial, nos apruebe el cargue lateral. Yo voy a pedir que me inviten a la próxima junta para entender por qué es que no quieren darle cargue lateral a la ciudad”, aseguró el alcalde el 13 de marzo.

Este lunes, durante el consejo matutino con sus secretarios, confirmó que, tras recibir el visto bueno de la junta de Emvarias, se firmó el contrato para la puesta en marcha del piloto. La cifra a desembolsar por parte de la Alcaldía es de 190.000 millones (cerca de 47,5 millones de dólares), un valor que varió en más de una ocasión desde que inició la discusión sobre la pertinencia del proyecto, en diciembre del año pasado. Esa fue una de las múltiples críticas que recibió la apuesta por los vehículos de cargue lateral.

A la incertidumbre por el monto se sumaron los reproches a que solo una empresa ofertara para adelantar el proyecto piloto. La Alcaldía invitó a tres, pero dos desistieron. La que quedó es Themac, que tiene entre sus propietarios a una sociedad del catalán Manuel Grau, cercano al presidente Gustavo Petro y a la primera dama Verónica Alcocer, aliados políticos de Quintero. Themac ya prestó previamente el mismo servicio en la ciudad caribeña de Santa Marta a través de sus contactos con Interaseo, la firma concesionada en ese puerto para administrar la recolección de basuras. Uno de los votos favorables en la junta de Emvarias para la aprobación del proyecto fue el de Andrés Moreno Múnera, quien era el gerente de Interaseo cuando contrató con Themac.

En dicha junta quedaron también registradas varias de las críticas al proyecto piloto. EL PAÍS conoció el acta de la reunión en la que los directivos de Emvarias aprobaron que el 19% de la recolección de basuras de la ciudad se haga con vehículos de cargue lateral. No obstante, la economista y miembro de junta Martha Lucía Durán insistió en que la compañía debía primero contar con el permiso de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entidad nacional que regula a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, para aumentar el valor de la tarifa a sus usuarios y así no poner en riesgo las finanzas. “Sobre la importancia de implementar una nueva tecnología, no se discute, pero el punto financiero no es claro. Hay una caja muy apretada y este proyecto requiere unos recursos adicionales”, se transcribió en el acta.

Las dudas no eran únicamente internas. La Contraloría de Medellín, al evidenciar que las cuentas no cerraban, redactó un informe en el que le advierte a Emvarias sobre los riesgos de firmar el contrato con Themac. EL PAÍS tuvo acceso al documento, en el que se detalla que el costo es “cercano al doble del presupuesto oficial”, que siete años es “un plazo muy largo para un proyecto piloto” y que la empresa no tiene “garantizada la aprobación de una nueva tarifa por parte de la CRA, lo que generaría un riesgo financiero”. El panorama no mejora si se revisan los números de Emvarias, que en 2022 arrojó pérdidas por 11.500 millones de pesos (2,8 millones de dólares).

La Procuraduría también intervino hace un mes. Exhortó a la compañía pública a que frene el proceso de contratación. Los hechos, sin embargo, demostraron que pudo más la persistencia del alcalde y de la junta directiva. Carlos Borja, el gerente de la compañía, aseguró que el piloto empezará a funcionar en dos meses. Es una de las últimas actuaciones de Daniel Quintero en el poder. El impacto de su decisión se medirá cuando esté en otros escenarios, quizá de mayor relevancia.

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