Los migrantes seropositivos se enfrentan a la imposibilidad de conseguir la medicina que necesitan para sobrevivir

Ricardo Moreno tiene claro quién le transmitió el VIH. Sentado en un sillón con tela de flores verdes y vestido de una camiseta blanca y apretada, agita su brazo derecho sin parar mientras lo recuerda. Tenía 13 años y, por problemas familiares, se había quedado en la calle en su natal San Cristóbal, en Venezuela. Un señor de 56 años lo recogió, relata. Le dio comida, un hogar, estabilidad. “Como nunca conocí a mi padre, yo lo veía a él como un papá”, dice Moreno. El sentimiento familiar no era recíproco. “Para que usted esté aquí, necesita estar conmigo”, le exigía el hombre al entonces adolescente. “Él fue quien me prendió el virus”.

Moreno cuenta esta historia desgarradora 19 años después de los hechos, en una casa de acogida en Bogotá. Llegó hace pocas semanas desde Perú con su novio, Orlando Campero, quien también tiene VIH. Son dos de los hasta 20.000 migrantes venezolanos seropositivos que viven en Colombia, según argumentó el Ministerio de Salud recientemente. Alrededor del 0.9% de los casi 3 millones de venezolanos que viven en el país tienen ese virus. Es casi el doble de la incidencia en la población colombiana, que es del 0.5%, de acuerdo con ese organismo.

Para intentar controlar la “alta prevalencia de VIH” en la población migrante, el Gobierno de Gustavo Petro tomó una decisión histórica el pasado 2 de octubre. Declaró de interés público la patente de dolutegravir, un medicamento de primera línea para el tratamiento de VIH y sida. Es el paso previo a quitarle los derechos exclusivos a la empresa que tiene la patente, la británica ViiV Healthcare, y otorgar una licencia obligatoria. Esto le permitiría al Estado ofrecer una versión genérica del antiviral a un precio más asequible.

La alternativa, como ocurrió en el Gobierno Santos con un medicamento —el único antecedente—, sería que ViiV se lo vendiera más barato al Estado, a cambio de que desista de la licencia obligatoria. Si no llegan a un acuerdo, el Gobierno podría emitir la primera licencia de este tipo en el país. El epidemiólogo y enfermero especializado en el sida, Edier Palacín, explica que esto “cambiaría completamente la situación de la enfermedad en Colombia”.

Moreno y Campero conocen bien las dificultades que pacientes como ellos pueden enfrentar para conseguir tratamiento. Salieron de Venezuela juntos en el 2019, cuentan, precisamente por “la necesidad de medicamentos”. Tras cuatro años en Lima, donde trabajaban como artesanos, decidieron volver a migrar. Esta vez más cerca de casa. “Llegó un nuevo alcalde que no nos dejaba vender en la calle. Así que se nos complicó mucho el tema económico”, dice Campero. Con su pelo castaño pintado de rubio y piercing en la ceja derecha, no se notan sus 43 años, nueve de ellos con VIH.

Al llegar a Colombia, buscaron donde conseguir tratamiento, tal como hicieron cuando alcanzaron territorio peruano. Es lo primero que tienen que hacer. “Sin el medicamento uno puede pasar a una etapa de sida y morir”, explica Moreno. Esa búsqueda los llevó a una de las casas de acogida de la Fundación Eudes, una oenegé colombiana que provee seguimiento médico, comida y alojamiento a pacientes seropositivos. La casa, amplia, de tres pisos y llena de cuadros religiosos en el barrio de la Patria, “es un espacio de recuperación de vida”, dice su fundador, el sacerdote católico Bernardo Vergara.

Como Moreno y Campero, la mayoría de las personas que acuden a la fundación son migrantes venezolanos. “Muchos vienen de Cúcuta, en la frontera. Llegan a pie, desnutridos, vueltos nada. Tenemos que darles todo”, dice el padre y sonríe, sus ojos pequeños llenos de ternura. Los novios se quedarán alrededor de un mes, aseguran. Hasta que puedan recuperarse del viaje y armar un plan de vida y de seguimiento médico.

Es posible que ese proceso se demore, lamenta Campero. Cuando cruzaron la frontera y llegaron a Colombia, les robaron todo menos sus mochilas. “Como migrante uno sabe como es. Nos toca empezar de cero. Es difícil, pero se puede”, dice. En el ambiente tranquilo y jovial de su nuevo hogar, los novios dicen que están “súper”. Sin embargo, no todos los migrantes tienen la misma suerte que ellos.

Natalia Rodríguez llegó a Bogotá a finales de 2019, tras cinco años sin acceso a medicamentos en Venezuela. “Necesitaba buscar la solución”, dice. Una mujer trans, Rodríguez es alta ―muy alta―, con piernas largas y delgadas y cabello fino y negro que le pinta los hombros. Apenas llegó, empezó a vender café en una esquina en el norte de la ciudad. Cuenta que no fue fácil. Oriunda de Caracas, donde el sol tropical abraza la ciudad, el frío y la lluvia de Bogotá le incomodaron. Se empezó a enfermar. Justo en ese momento, el mundo también lo hizo.

La pandemia y la burocracia colombiana pararon su proceso migratorio. “Trataron de hacerme varios procesos a la vez para legalizarme, pero uno me retrasó el otro. Por eso estoy en ascuas, tratando de solucionar”, explica. No tener estatus legal significaba no tener acceso al sistema de salud. Tampoco tenía dinero para comprar medicamentos, que pueden ser muy costosos. El precio comercial regulado de un frasco de 30 tabletas de dolutegravir es de 401.574 pesos (unos 95 dólares), de acuerdo con datos de la Comisión nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos.

A los dos años de estar en Colombia, la salud de Rodríguez se estaba deteriorando gravemente. Sumaba siete años sin medicina. Su cabello dejó de crecer. Le dolía la garganta. “Un amigo me dijo que no me veía bien y me llevó al médico. Me revisaron y tenía un hongo en la garganta. Por suerte todo fue justo a tiempo”, cuenta, mientras se lleva la mano al cuello.

Fue entonces cuando encontró a la Fundación Eudes. Entró a vivir a una casa de acogida, donde recibió una dieta estable y seguimiento médico. Comenzó a tomar medicina. “Afortunadamente el medicamento es muy bueno y en tres meses ya estaba bien e indetectable”, dice.

- ¿Qué medicamento es?

- Dolutegravir.

Hoy, tras dos años de tratamiento, Rodríguez dice que está mejor que nunca. Es la encargada de una casa de la fundación en una finca al norte de Bogotá. Allí vive con dos pacientes y seis perros, y asegura que le gustaría tener más. “Rescatar animalitos es mi vocación. En Venezuela llegué a tener más de 20 perros. Pero ya me empezó a salir de las manos”, dice entre risas. Ya no siente el virus. Toma su medicamento, trabaja, hace sus cosas. Está bien.

Para Edier Palacín, epidemiólogo y enfermero de la Fundación Eudes, la historia de recuperación de Rodríguez no es sorprendente. “Mi pensamiento y el de todo el equipo médico es que dolutegravir es la primera línea de antirretrovirales”, afirma en su oficina, rodeado de cientos de cajas de medicina. “Reprime muy rápido el virus”, agrega. Es más, explica que aunque casi todos los medicamentos para el VIH tienen efectos secundarios, dolutegravir es “muy suave”: “Básicamente puede servir para todos los casos de VIH”.

No es solo la opinión de Palacín. En julio de 2019, la Organización Mundial de Salud recomendó esa molécula como “la mejor opción para el tratamiento contra el VIH” en todas las poblaciones. El problema es que en Colombia hay muy poco acceso a este medicamento.

Solo el 8% de los pacientes con VIH en el país usan dolutegravir, según datos de La cuenta de alto costo, un organismo técnico del sistema de salud. Para Palacín, eso es “súper poco”. Explica que si hubiera más acceso, se podría “cortar la transmisión de VIH en el país”. Esa es la meta del Ministerio de Salud.

En una rueda de prensa el pasado 4 de octubre, dos días después de que el Gobierno declarara dolutegravir de interés público, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo argumentó que la licencia obligatoria cambiaría el futuro del VIH en Colombia. “Si trabajamos juiciosamente, podemos exterminar la enfermedad”, sentenció.

Ese trabajo, explica Carolina Gómez, abogada experta en temas de patentes y salud, está ahora en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, dice que el proceso de pasar de una declaratoria de interés público a una licencia obligatoria es una incógnita. “Nadie sabe bien como se hace porque nunca se ha hecho”, sostiene. “Hay una reglamentación general en la circular única de esa entidad, pero está sin estrenar”.

Mientras la Superintendencia intenta resolver esa incógnita, Rodríguez seguirá cuidando a sus perros y a los pacientes en la finca. Campero y Moreno, por su parte, están en busca de materiales de bisutería. Sueñan con retomar su negocio lo más rápido posible. Tienen una cita médica la semana que viene. Entonces sabrán qué carga viral tienen y qué medicina deberían usar. Porque alguna será, y por el resto de sus días. Como dice Moreno, “las pastillas son nuestras vidas”.

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