La nueva estrategia de seguridad ganadera revive el miedo paramilitar

Lo que el gremio de los ganaderos ve como una nueva estrategia para proteger su seguridad, otra parte de Colombia ve como un camino que puede llegar a un nuevo capítulo del fenómeno paramilitar. ¿Seguridad ciudadana o autodefensa ilegal? Ese es el debate que llegó al despacho del presidente. Por un lado está el líder del gremio y negociador del Gobierno con la guerrilla del ELN, José Félix Lafaurie, quien dice solo querer acercar a la fuerza pública e instituciones del Estado a los ganaderos, alarmados por el aumento en el número de extorsiones y secuestros, con lo que llama “Frentes solidarios de seguridad ganadera”. Por otro lado están varios analistas y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quienes ven en los nuevos frentes un paralelo con las Convivir, las asociaciones de ganaderos y otros empresarios formadas en los años noventa para defender sus regiones contra las guerrillas, que terminaron legitimando, fortaleciendo o dando a luz a ejércitos paramilitares que fueron responsables de masacres y miles de asesinatos a civiles.

“Los delitos son combatidos por las autoridades, no por los particulares. El Gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo”, dijo el ministro de Defensa en una rueda de prensa en la que recordó las Convivir. “Yo no he escuchado todavía, en las explicaciones del doctor Lafaurie, una claridad respecto de qué es esa brigada de ganaderos, o qué es el frente de seguridad. Pero lo que puedo afirmar es: si eso implica la conformación de grupos para reaccionar frente a expresiones delictivas, no estamos de acuerdo”, añadió.

El ministro, como antiguo investigador judicial de quienes financiaron o apoyaron a los grupos paramilitares, conoció bien este capítulo de la guerra y por eso no sorprende su oposición inmediata. Sin embargo, el presidente Petro, un gran crítico del paramilitarismo y de la ganadería extensiva, no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Mientras tanto, Lafaurie le ha respondido a Velásquez que no lo han escuchado bien, y que se está estigmatizando al gremio ganadero al asociarlo al paramilitarismo. Si bien unos ganaderos fueron aliados de los paramilitares, Lafaurie recuerda constantemente que también fueron víctimas de las guerrillas. Y en una carta pública al presidente Petro, dada a conocer este jueves, le pide una audiencia para hablar a fondo del tema.

El líder ganadero escribe en su misiva que los frentes solo quieren “unirnos solidariamente, no para enfrentar armados a los bandidos que hoy controlan gran parte del territorio nacional, ¡ni más faltaba!, sino para tomar medidas de prevención contra la delincuencia y, sobre todo, para colaborar de una forma articulada con la Fuerza Pública”. Un mundo en el que los ganaderos pueden hablar más rápidamente con policías, alcaldes, personeros o fiscales. Un mundo en el que los ganaderos tienen mejor comunicación con las autoridades en grupos de WhatsApp, o reúnen policías en sus casas para conocerse mejor. Pero nada de armarse, asegura Lafaurie. Dice, además, que esos frentes no son una novedad: ya “existen más de 33.000 en las ciudades”.

Los frentes efectivamente existen desde hace muchos años en las ciudades, pero no han demostrado ser la solución para frenar la violencia. Así lo explica Jerónimo Castillo, investigador de seguridad en la Fundación Ideas para la Paz. “Estos frentes son una estrategia antigua de la policía, pero no hay una evaluación seria que diga si han funcionado”, cuenta a EL PAÍS. En el 2006, la Cámara de Comercio de Bogotá publicó una encuesta realizada a varios de estos frentes en la capital, que no revelaba que lograran mejoras considerables para rebajar delitos. Pero sí reflejó otros problemas: no eran claros los roles de los ciudadanos, algunos policías hacían negocios con las alarmas que vendían a la comunidad, y no se elaboraban estrategias eficaces de prevención o disuasión de actividades delictivas.

“El problema no es que se hablen las comunidades con la policía, el problema es que no haya esfuerzos por identificar las estructuras como opera el delito, cómo lograr que no se reproduzca, y ese es un trabajo de las autoridades, no una corresponsabilidad con los ciudadanos”, dice Castillo. Hay, en cambio, algunos incentivos perversos que surgen con estos frentes de seguridad. “¿Cuál es la comunidad que defiendes? Porque las extorsiones o las amenazas de un municipio no las viven solo los ganaderos, la viven todos —los líderes sociales, la población LGBT, los niños de colegio— . Pero estás creando frentes para un solo grupo, para defender una población por encima de las otras”, añade.

El hombre que liderará la estrategia de Fedegán viene, precisamente, de la policía: Fernando Murillo, general retirado y quien pasó más de tres décadas dedicado a la investigación criminal. Murillo es conocido por haber liderado la operación que capturó al líder narcotraficante alias Otoniel, fundador del Clan del Golfo, una versión reciclada de los paramilitares en la última década. La semana pasada Murillo inauguró los primeros ocho frentes, que reúnen a 715 ganaderos, en el departamento caribe del Cesar, al norte de Colombia. Es una región ganadera donde también fue muy fuerte el paramilitarismo durante su auge.

“Mi compromiso con Fedegán es precisamente medir el impacto de esta estrategia de seguridad, si los frentes están sirviendo o no en el país, pero toca ir de a poquitos. Hay que hacer un plan piloto”, admite Murillo a EL PAÍS desde Mocoa, una ciudad del sur del país donde está conociendo cómo funcionan los frentes de seguridad urbanos. “Yo sí creo que pueden funcionar donde hay compromiso de la ciudadanía, donde hay buena comunicación, pero eso no ha pasado aún porque este es un país que se la pasa apagando incendios”, añade.

Murillo, al igual que Lafaurie, considera que se está estigmatizando a los ganaderos al decir que ellos quieren formar grupos paramilitares, cuando la lógica es otra. “Hay mucho miedo en las ciudades, hasta en las zonas de Bogotá que son las más seguras. Precisamente antes de que los ciudadanos tomen la ley por sus manos, nosotros proponemos los frentes”, añade.

Alejandro Reyes es uno de los expertos de tierras y conflicto más respetados en Colombia, y fue consultado en octubre del 2022 cuando EL PAÍS reveló que grupos de WhatsApp de ganaderos ya hablaban informalmente de formar ”brigadas solidarias” para defenderse de lo que entonces consideraban la mayor amenaza: las tomas de tierras masivas. “Los ganaderos están nerviosos con las invasiones de tierra, temen que esté en peligro la propiedad y están dispuestos a defenderse”, dijo entonces. El peligro, añadió, es que creen “formas de autodefensa y que comience la matazón de campesinos e invasores”.

Casi un año y medio después, Reyes aún ve a unos ganaderos nerviosos. Encuentra un paralelo muy grande entre lo que proponen y lo que ocurrió con las Convivir. “Es un eco muy claro”, dice a EL PAÍS. En aquel momento, como ahora, los ganaderos tenían razones justificadas para tener miedo y exigir mayor seguridad: sufrían secuestros, robos, extorsiones. Y en aquel momento, como ahora, recurrieron a figuras que en principio eran legales y no implicaban armarse: las Convivir, aprobadas a principios de los años 90, no eran asociaciones armadas.

“Las Convivir también buscaban la mejor comunicación entre propietarios de tierras y las fuerzas armadas”, cuenta Reyes. “Pero cuando nacieron ya existían los grupos paramilitares, y fueron absorbidas por estos, porque para los paramilitares eran la posibilidad de tener visos de legalidad”, añade. Eso, además de contar con el capital de los empresarios para comprar armas o uniformes.

En principio, la comunicación entre fuerza pública y ciudadanos es positiva. “El problema son las derivaciones en conductas criminales, que es lo que nos ha pasado en Colombia, pasar de la legítima defensa al asesinato. Uno de los ganaderos que hizo esa transición fue Salvatore Mancuso: era miembro de la Convivir Papagayo, un colaborador del Ejército para proteger sus tierras, y en tres años terminó como líder paramilitar”, cuenta Reyes. Mancuso, extraditado hace varios años a Estados Unidos, volverá pronto a Colombia a colaborar con el tribunal de justicia transicional llamado Jurisdicción Especial para la Paz. Entre las múltiples personas a las que ha señalado de ser aliado de los paramilitares está Lafaurie — acusaciones que el líder ganadero ha negado.

“Estamos jugando con fuego”, advierte Reyes sobre la iniciativa de Lafaurie, y añade: “Yo no veo la capacidad del Estado para ponerle control a esa iniciativa de manera que no derive hacia la organización de grupos criminales. Si el Estado hoy aún no controla su territorio, menos va a poder controlar a los ganaderos”.

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