Financiación 100% estatal, listas cerradas y autonomía en la autoridad electoral: el difícil camino de la reforma política de Petro en el Congreso

El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó esta semana al Congreso su reforma política y electoral con la que pretende cambiar las bases de un sistema que lleva décadas permeado por la corrupción y el caudillismo. El ministro de interior, Juan Fernando Cristo, acompañado de una decena de congresistas del Pacto Histórico, radicó el texto del proyecto de ley en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde en pocas semanas comenzará su discusión. “Si no cambiamos de fondo el sistema político, la lucha contra la corrupción es un saludo a la bandera”, dijo Cristo a medios de comunicación.

Esta es la segunda vez desde que Petro llegó al poder, en agosto de 2022, que el Gobierno presenta este proyecto ante el Legislativo. El primer intento fracasó estrepitosamente en el cuarto de sus ocho debates, durante la discusión en la comisión primera del Senado. El recuerdo de esa derrota quedó grabado en un video que se hizo viral en redes sociales en el que se ve al expresidente del Senado, Roy Barreras, mientras rompe el texto de la reforma porque había perdido su esencia: “Le pido hoy al señor ministro y al Gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria y paritaria”, dijo Barreras en ese momento.

Ahora, un año y medio después de ese revés legislativo, uno de los más sonados del Gobierno junto al archivo de la reforma a la salud y al reciente hundimiento del presupuesto, el presidente Petro ha decidido volver a insistir con la reforma política y electoral, una de sus principales promesas de campaña. Este proyecto de acto legislativo, que deberá superar ocho debates, tiene solo 11 páginas, 9 artículos, tres pilares fundamentales y un gran objetivo: “Fortalecer la democracia y consolidar un sistema político más limpio y representativo”, según el Gobierno.

El actual ministro de la política, que también lo fue durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, insiste en que esta reforma es indispensable para el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados por esa Administración con la extinta guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, en 2016. “El acuerdo Final de Paz establece en el punto dos la necesidad de una reforma política y electoral que fortalezca la democracia y garantice la participación pluralista. Mejores reglas de juego político son claves para consolidar una paz estable y duradera”, escribió el ministro en su cuenta de X. El proyecto también se basa en las recomendaciones de la reconocida misión electoral de 2016.

El primero de los tres pilares de la nueva propuesta es la financiación estatal de las campañas. “La idea de financiar las campañas políticas exclusivamente con recursos estatales busca reducir la influencia indebida de los intereses privados y garantizar una competencia electoral más equitativa”, se lee en un documento explicativo presentado por el Ministerio. Según la reforma, queda prohibido a los partidos y movimientos políticos recibir financiación para el funcionamiento de personas naturales o jurídicas extranjeras. “Las campañas para la elección popular de cargos y corporaciones públicas serán financiadas completamente con recursos estatales, mediante anticipos, reposición de gastos y financiación estatal indirecta de algunos rubros que incluirá, al menos, la propaganda electoral y la franquicia postal”, dice el proyecto de ley.

Si el Congreso aprueba este punto de la reforma, se reducirían radicalmente los conflictos de interés, que se presentan muchas veces cuando los parlamentarios tienen que legislar en asuntos que afectan a personas o empresas que les dieron dinero para la campaña. Durante la discusión de la reforma a la salud, se cuestionó que muchos partidos que votaron en contra habían recibido financiación de EPS y otras empresas del sector salud que se verían afectadas directamente con el proyecto. El riesgo, sin embargo, es que esa financiación pase a ser subterránea, o a que se mantenga solo la que nunca se hace transparente, usualmente relacionada con hechos corruptos.

La reforma, en el artículo tres, también prohíbe las donaciones, dádivas y regalos de ciudadanos a campañas y la contratación de transporte para votantes el día de los comicios. “La idea es garantizar la igualdad entre las fuerzas políticas en convivencia y se favorece la rendición de cuentas de las campañas ante los topes electorales”, dice el Ministerio. No es claro cómo se controlará. El último parágrafo de ese artículo establece que la financiación anual para el funcionamiento de los partidos políticos con personería jurídica se incrementará, “para la vigencia fiscal de 2027, en un 50%, manteniendo su valor en el tiempo”. Se trata de uno de los regalos, o dádivas, que incorpora el proyecto para los partidos y, por ende, los actuales congresistas.

El segundo pilar del proyecto, que propone la obligación de que haya listas cerradas y paritarias a las corporaciones públicas, es el que históricamente ha generado más rechazo en el Congreso, porque va en contra de los barones electorales que logran votaciones altísimas en sus regiones y no necesitan de sus partidos para ser elegidos. Sin embargo, también ha sido criticada porque puede otorgar mucho poder a quien controle los partidos. “Las listas serán cerradas y bloqueadas. En la conformación de las listas se observarán, entre otros, los principios de paridad, alternancia y universalidad”, dice la reforma. La obligatoriedad de las listas cerradas y bloqueadas entraría a regir a partir de las elecciones territoriales del año 2027.

Este punto ha sido una constante en las recomendaciones de los expertos, pero no ha tenido éxito en el Senado ni la Cámara de Representantes. Además de los caudillos regionales, a las listas cerradas también se oponen las nuevas figuras políticas que han logrado llegar al parlamento con voto preferente y de opinión. Para la reforma, el voto por un individuo y no por el proyecto político que representa un partido, dificulta crear esos proceso colectivos y programáticos, hace más complejo el voto y mantiene los cacicazgos. “Queremos partidos con militancia carnetizada, con democracia interna sólida y que sea esta la que decida los lugares de la lista y garantice la equidad de género en la política”, dijo Cristo al defender su propuesta.

En una entrevista reciente con este diario, el ministro insistió en que los escándalos de corrupción que tocan al Congreso, como el de la UNGRD, se repiten cíclicamente y no se acabarán si no se cambia la forma de elegir a los congresistas. “El sistema político funciona muy mal. Estos escándalos son producto de un problema de fondo: el debilitamiento de los partidos políticos, el voto preferente, el sistema de financiación de campaña. Ahí está el origen de todos los problemas, pero no lo hemos querido entender” respondió Cristo tras haberse posesionado. En ese diálogo, el también excongresista esbozó las líneas generales de la reforma: “Nos engolosinamos con el escándalo del momento, buscamos y expiamos nuestras culpas en los responsables, pero las personas pasan y todo sigue igual. Si no cambiamos la forma cómo se elige el Congreso, no se van a acabar nunca los escándalos de corrupción. Si no hay partidos fuertes, con lista única cerrada y con un sistema de financiación de campaña público y transparente, el clientelismo va a seguir”, dijo.

El último de los pilares consiste en la transformación de la autoridad electoral para que sea independiente de las fuerzas políticas. En concreto, propone que los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que hoy son elegidos por los congresistas de acuerdo al número de curules de cada partido, sean escogidos por las altas cortes. “La elección de los magistrados se llevará a cabo por medio de convocatoria pública organizada por la Rama Judicial. De la lista de elegibles, la Corte Constitucional seleccionará a tres miembros, la Corte Suprema de Justicia a tres miembros y el Consejo de Estado a tres miembros”, se lee en el proyecto.

Según Cristo, esta medida, que sin duda será muy difícil de tramitar en el Congreso porque los parlamentarios no suelen votar a favor de nada que les quite poder e influencia, tiene como propósito asegurar un proceso electoral más transparente y confiable, pues esa autoridad electoral tiene entre sus facultades vigilar y ajustar el censo electoral, fijar topes de gasto de las campañas y revocar las candidaturas de personas inhabilitadas. El presidente Gustavo Petro se refirió a la propuesta durante su viaje a Nueva York: “Es una discusión que se ha venido presentando en el Congreso, incluso en proyectos de ley, y es válida, porque un tribunal electoral, un árbitro electoral, debe ser neutral y no estar compuesto por los mismos participantes en la contienda electoral”, afirmó el mandatario, quien ha señalado al actual CNE de ser parte de un golpe de Estado blando en su contra.

De acuerdo con los argumentos del Ministerio, eliminar la influencia directa de los partidos sobre la autoridad electoral busca mayor imparcialidad y confianza ciudadana en los resultados. Para reformarlo, la reforma propone prohibir que sean magistrados del CNE quienes hayan ejercido cargos directivos en organizaciones políticas o hayan aspirado u ocupado cargos de elección popular en los siete años inmediatamente anteriores a la fecha de inscripción a la convocatoria pública. Además, “los magistrados no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista, ni ser nombrados Ministros o Directores de Departamentos Administrativos, ni ser postulados a cargos de elección popular”.

Los tres pilares de la reforma siguen los lineamientos de las misiones electorales y del acuerdo de paz, pero su trámite en el Congreso será complejo, como lo ha sido el de los intentos anteriores de modificar esas instancias. Además de la resistencia natural de los congresistas a cambiar las reglas con las cuales fueron elegidos, hoy Petro no tiene la fuerte coalición legislativa que tenía cuando se hundió la primera propuesta de reforma y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha venido deteriorando.

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