Thomas Greg & Sons desiste de la millonaria demanda que había interpuesto contra el Estado colombiano

Este miércoles un polémico pleito por la expedición de los pasaportes en Colombia ha llegado a su fin. La Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que hace parte la firma Thomas Greg & Sons, publicó un comunicado en el que asegura que “ha decidido voluntariamente desistir de las pretensiones de la demanda para dar por terminado el conflicto que sostuvo con el Ministerio”, una reclamación que ascendía a 117.000 millones de pesos (unos 27,3 millones de dólares). El litigio, que se remonta a septiembre de 2023, cuando el Gobierno de Gustavo Petro declaró desierta una licitación de expedición de pasaportes y visas en la que dicha compañía era el único proponente que cumplía los requisitos, le costó el puesto al entonces canciller, Álvaro Leyva, quien fue inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos durante diez años. Su sucesor, Luis Gilberto Murillo, cierra su gestión con broche de oro al dar por concluido este capítulo justo el día en el que se despide del cargo.

En el comunicado, la Unión Temporal Pasaportes 2023 sostiene que su “pretensión principal era que se le permitiera ejecutar el contrato objeto de dicha licitación”, pero señala que dicho pleito “no se identifica con la visión corporativa de los miembros de la UT”. Pese a las diferencias, la Cancillería le concedió a dicha compañía la producción de los pasaportes hasta septiembre de este año, al evidenciar que la Imprenta Nacional, entidad a la que el Gobierno buscaba encargar el proceso, aún no estaba preparada. Con el fin de garantizar la expedición de los documentos, el Ministerio se vio obligado a dar esa prórroga, después de la cual el servicio será asumido por el Gobierno de Portugal, que los fabricará desde una planta ubicada en Colombia. Pasados 10 años, entregará la infraestructura al país y la Imprenta Nacional será la encargada.

El pleito de los pasaportes reflejaba una discusión jurídica de fondo: por un lado estaba la postura del Gobierno de Gustavo Petro, quien ha insistido en que en su mandato no debían entregarse licitaciones cuando hubiera un único proponente habilitado. En dicho caso, había indicado que los concursos debían declararse desiertos, se debían eliminar las fallas que impidieran la competencia y se debía iniciar de nuevo el proceso. El entonces canciller Leyva siguió dicha instrucción. Las otras 10 empresas que participaban en la licitación habían denunciado que estaba amañada, pues había requisitos —como la necesidad de tener una planta de producción en Bogotá o plazos muy cortos para presentar los documentos solicitados— con los que solo podía cumplir Thomas Greg & Sons.

Leyva también sostenía que dicha empresa tenía ya demasiados contratos con el Estado: “No se va a continuar en los términos que se ha venido planteando todo durante años: una sola firma manejando los pasaportes, las elecciones, Migración. Eso no cabe en el Estado social de derecho”, indicó en su momento. Sin embargo, en la legislación colombiana no existe veto para que no se adjudique un contrato al único oferente de una licitación pública. Esa fue también la premisa de la Procuraduría para la inhabilitación de Leyva, pues consideró que su deber como canciller era evitar un “caos administrativo”.

Thomas Greg & Sons (TSG), una poderosa empresa de mayoría accionaria colombiana que desde el 2007 había manejado los pasaportes sin interrupciones, defendía que no había razón para no adjudicarles el contrato, cuando cumplían con todos los requisitos. De modo que cuando el Gobierno declaró desierta la licitación, la compañía interpuso una demanda contra el Estado en la que pedía un retribución económica no solo por no haber resultado elegidos, sino por el “daño reputacional sufrido”. En efecto, el nombre de la empresa, que antes solo circulaba en las altas esferas del Gobierno, pasó a ser un “asunto ampliamente comentado en la opinión pública”, según señala el mismo comunicado de la Unión Temporal Pasaportes 2023, que da por zanjada la discusión. Laura Sarabia, quien se posesionó en la mañana de este miércoles como la nueva canciller, ya no tendrá que hacerle frente a este lío jurídico.