El Gobierno de Colombia vira del apaciguamiento a la ofensiva militar

El jueves pasado, al inicio de los festivos de la Semana Santa, el Gobierno de Gustavo Petro anunció que no prorrogaría el cese al fuego con el llamado Estado Mayor de los Bloques (EMB), una de las cada vez más fracturadas disidencias de las extintas FARC. Tres días antes, el ministro de Defensa hizo una rueda de prensa para aclarar que no tiene pruebas de que la fuerte ofensiva militar contra Iván Mordisco, la cabeza de otra de ellas, haya producido su muerte. En los días previos había celebrado las muertes de Duver o El Paisa, jefe del frente Armando Ríos, de las disidencias de Mordisco, y la muerte de alias Chirimoya, una de las cabezas de la megabanda narcotraficante conocida como Clan del Golfo. Esa seguidilla de noticias marca el giro de un Ejecutivo que pasó de apostarle todo a las negociaciones de paz simultánea con todos los grupos armados presentes en Colombia, con su tambaleante política de paz total, a combinarlas con una creciente presión armada, en un vaivén entre las ilusiones de paz y la realidad de la guerra que no es nuevo para Colombia.

El cambio no ha sido repentino. Ya en abril de 2024 el presidente Gustavo Petro ordenó retomar los ataques con artillería, en ese caso contra disidentes de la federación que lidera Mordisco. No hay que jugar con la paz, si es guerra es guerra”, dijo entonces. En octubre pasado vino una gran ofensiva terrestre por un enclave cocalero de la misma zona, El Plateado. Y también ha retomado los bombardeos, un mecanismo que en el pasado ha mostrado su capacidad de golpear a los ilegales, pero también su alto riesgo de afectar a civiles o a menores de edad, por lo que fueron suspendidos a inicios de su Gobierno. Además, hace dos meses designó a un militar como ministro de Defensa, el primero en más de 30 años. Aunque Pedro Sánchez pidió la baja para no estar en servicio activo al ingresar el gabinete, el giro fue más notorio porque reemplazó a un abogado que venía del mundo del derecho penal, la lucha contra la corrupción y el litigio por los derechos humanos, Iván Velásquez.

Con todos estos antecedentes, el anuncio de este jueves es la concreción casi definitiva del giro. El EMB, liderado por alias Córdoba Calarcá, es la disidencia con la que más ha avanzado la negociación. Además, era la última de las grandes agrupaciones con las que el Gobierno mantenía algún tipo de tregua. “Acaba el último cese con las 4 estructuras armadas ilegales más grande y que más daño hacen la población civil: ELN, Clan del Golfo, Disidencias de Iván Mordisco y Calarcá. El Estado los enfrentará en el territorio”, ha anotado en X el exministro del Interior de Petro, Juan Fernando Cristo. “Gran reto para nuestras fuerzas militares y de policía que desde las últimas semanas ya están a la ofensiva”.

Las decisiones del presidente Petro se han ido concretando en el frente militar, con ajustes prácticos en la mirada de la seguridad. Este lunes, el ministro Sánchez explicó en rueda de prensa que, comparando los períodos que van del 1 de enero al 10 de abril de 2024 y de 2025, las acciones ofensivas han aumentado un 70%. Si en todo el año anterior murieron 152 miembros de grupos armados en operaciones militares, en el primer trimestre de este año la cifra ya era de 68, según balances oficiales de los uniformados.

El viraje del Gobierno es algo que han señalado también los grupos ilegales. Este jueves el EMC dio una muestra de ello, con un comunicado en el que habla de “la inevitable prolongación del conflicto”. También lamenta la afectación a la sociedad civil por sus recientes acciones y dice que son “responsabilidad del Estado por colocar a los civiles como escudos humanos”.

Pese a que las fuerzas armadas están debilitadas por diversos factores, como menos soldados, recursos y poder aéreo que en el pasado, la tendencia es clara. Y si el conflicto ha venido creciendo por cuenta de la expansión de los ilegales, que en el primer trimestre de este año han matado más policías y soldados que en cualquiera de los siete años pasados y que han mantenido guerras entre sí, el cambio en la acción estatal hacer prever que ese rumbo se profundizará.

El cambio de visión se ha dado mientras la política de paz total ha venido perdiendo fuelle. Las dificultades en la negociación que inició con más vigor y esperanza, la de la guerrilla del ELN, son la cara más visible de una gran apuesta que hace agua. La decisión de no prorrogar el cese al fuego con el EMB, que conlleva la reactivación de las órdenes de captura contra sus negociadores, contrasta con la intención inicial del Gobierno de pactar ceses durante las negociaciones, como parte de la idea de ir mostrando logros parciales de la paz mientras los diálogos avanzaban. La falta de un marco jurídico claro ha afectado las posibilidades con los grupos a los que el Estado no reconoce estatus político, empezando por el Clan del Golfo; el fortalecimiento de economías ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal o el acaparamiento de tierras dan el combustible económico a los grupos ilegales.