Filipinas y Venezuela ante la CPI: dos caminos en la búsqueda de justicia

Los procedimientos judiciales en las situaciones Filipinas y Venezuela comparten una línea de tiempo similar en la Corte Penal Internacional (CPI). El 8 de febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar sobre ambas situaciones. Durante los años siguientes, se analizaron documentos de organismos internacionales, víctimas y ONG. A medida que las pruebas se acumularon, la CPI autorizó el inicio de investigaciones.

Tanto Filipinas como Venezuela impugnaron la jurisdicción de la CPI, argumentando que sus sistemas judiciales podían hacerse cargo de los crímenes. Sin embargo, la Fiscalía demostró que las investigaciones nacionales eran insuficientes, pues no reflejaban una voluntad real de procesar a los responsables ni garantizaban justicia a las víctimas. En 2019, Filipinas se retiró del Estatuto de Roma, mientras que Venezuela sigue siendo Estado parte. Sin embargo, aunque el Gobierno filipino ha rechazado cooperar con la Fiscalía, la CPI conserva jurisdicción sobre los crímenes cometidos hasta el 17 de marzo de 2019. Recordemos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Por su parte, el Estado venezolano ha firmado dos Memorandos de Entendimiento (MoU) con la Fiscalía de la CPI, en 2021 y 2023, pero el Gobierno de Maduro no ha cumplido sus compromisos. Por un lado, simula cooperación; por otro, mantiene la impunidad, no existen procedimientos genuinos ni avances en aspectos legislativos, judiciales ni disciplinarios que evidencien voluntad del Estado. Incluso, existen suficientes pruebas y testimonios de un incremento exponencial de crímenes de lesa humanidad desde la elección presidencial de 2024. El doble discurso del Gobierno venezolano refleja una estrategia de dilación: mientras declara su intención de colaborar con la Fiscalía, los procedimientos judiciales nacionales no avanzan, la impunidad persiste y los crímenes de lesa humanidad continúan.

En 2021, ambos procedimientos avanzaron en paralelo. El 14 de junio, la Fiscalía en La Haya solicitó autorización ante la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar la fase de investigación sobre la situación de Filipinas y, el 15 de noviembre, el fiscal Karim Khan desde Caracas informó oficialmente el inicio de la investigación sobre la situación de Venezuela I. Los jueces de la CPI respaldaron esta conclusión: primero, en julio de 2023, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de seguir adelante con la investigación en Filipinas. Y posteriormente, en marzo de 2024, la Cámara de Apelaciones ratificó la misma decisión sobre Venezuela. Cabe destacar que la representante de las víctimas en la Situación Venezuela I, Paolina Massida, invocó la decisión previa en la Situación Filipinas como precedente jurisprudencial en favor de la jurisdicción de la CPI, para continuar las investigaciones.

Filipinas: la justicia toca la puerta de Duterte

El 10 de febrero de 2025, la Fiscalía de la CPI solicitó una orden de arresto contra Rodrigo Duterte, acusándole de la perpetración de crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, en el marco de la denominada “guerra contra las drogas”. Los cargos incluyen los crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura y violación previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma. A pesar de que su hija, Sara Duterte-Carpio, es la actual vicepresidenta de Filipinas, la orden de arresto fue ejecutada sin mayor resistencia política. Hoy, Rodrigo Duterte está arrestado en La Haya mientras Maduro, impune, se mantiene por la fuerza en el poder. En primera vista, el 14 de marzo, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ordenó continuar el procedimiento a una audiencia de confirmación de cargos a celebrarse el 23 de septiembre de 2025.

En la Situación Venezuela I, la Fiscalía investiga crímenes de lesa humanidad que incluye asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, persecuciones y violencia sexual contra opositores desde al menos febrero de 2014, en el contexto de la represión de protestas antigubernamentales y persecución a opositores o en contra de quienes son percibidos como tales. El Gobierno venezolano ha jugado a dos bandas: por un lado, ha firmado memorandos de entendimiento con la CPI para simular cooperación; por otro, ha incumplido su deber de evitar la impunidad.

¿Qué podemos esperar?

El caso de Duterte marca un precedente clave para futuras órdenes de arresto en otras situaciones, incluida Venezuela. En este contexto, no es descabellado imaginar que ciertos actores del régimen venezolano puedan “sacrificar” a algunos funcionarios de menor rango para evitar que la justicia llegue hasta las figuras de más alto nivel, como Maduro. Lo que sí es claro es que la CPI no puede ignorar la realidad: en Venezuela, la perpetración de crímenes de lesa humanidad continúa. Si la Corte quiere mantener su credibilidad, no puede quedarse solo en declaraciones y promesas de seguimiento. La justicia internacional debe ser real, efectiva y rápida. El mundo está observando.