La Cámara endurece la responsabilidad de excargos del PNV en la trama

La única comisión de investigación que se mantenía vigente esta legislatura en el Parlamento vasco cerró ayer sus puertas con la aprobación de un dictamen que evidenció la soledad del PNV en la defensa de las actuaciones de excargos públicos del partido. La comisión que ha investigado desde noviembre de 2010 el caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción urbanística que ha causado un profundo quebranto político en el seno del PNV, y sus derivados —el caso Tellería, de supuesto espionaje en Álava, y el caso Zubiaurre,una operación irregular de compra de terrenos de Sprilur— finalizó elevando y endureciendo las responsabilidades políticas de ex altos cargos peneuvistas.

Los peneuvistas se quedan solos en la comisión en defensa de los imputados

En una breve reunión, los grupos debatieron durante tres horas debate las cuatro enmiendas que la semana pasada dejaron pendientes. De ellas, tres fueron aprobadas, lo que hace que enmiendas de todos los grupos —más de 30— estén recogidas en el documento final.

El resultado es un dictamen que el pleno de la Cámara deberá corroborar en la primera quincena de mayo, según indicó el presidente de la comisión, Juanjo Agirrezabala, y que aún podría incorporar nuevas modificaciones, ya que en el debate se pueden aprobar nuevas enmiendas. Agirrezabala, de EA, aseguró que a pesar de las modificaciones que ha sufrido el texto inicial redactado por él, lo esencial se mantiene.

Y es que desde el principio se han considerado probadas las responsabilidades de cargos como el exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, quien contrató con empresas de sus amigos Alfredo de Miguel e Iñaki San Juan trabajos que, aparentemente, no se realizaron y sobre el que pesa una investigación judicial por cuestiones como el tráfico de influencias.

Sobre las irregularidades en contratos del Parque Tecnológico de Miñano se apunta a Alfonso Arriola, su exgerente, y al entonces director de parques tecnológicos, Julián Sánchez Alegría. En el caso de la recalificación de terrenos en Zambrana, se secundan las conclusiones de la comisión que investigó esta cuestión en las Juntas alavesas, que también apreció responsabilidades en excargos peneuvistas.

Las principales novedades son que el dictamen subraya con mayor claridad —una aspiración tanto del PP como de los socialistas— el vínculo entre el PNV y los implicados en las supuestas irregularidades, y que contendrá finalmente nuevos nombres, como el de la exconsejera de Industria Ana Aguirre, como una de las responsables de los hechos. La comisión entiende que estaba al tanto de las actividades irregulares que concernían a su departamento.

El nombre de Miren Azkarate, consejera de Cultura del tripartito, no figura entre los nuevos nombres. Aguirre se suma a un listado en el que ya se encuentran Gurutz Larrañaga, Koldo Ochandiano, Miren Bilbao, Aitor Tellería o los ertzainas Carlos Lau y Jesús Acha, que participaron en el supuesto espionaje de políticos y empresarios alaveses.

El representante socialista en la comisión, Óscar Rodríguez, consideró ayer en su blog el dictamen como “mejorado y reforzado” tras la incorporación de enmiendas. Con el nuevo dictamente en la mano, Aralar decidió abstenerse en la votación, al igual que hizo en la comisión de investigación del caso Margüello, que puso en el punto de mira al anterior consejero de Sanidad Gabriel Inclán.

La comisión del caso De Miguel se cierra así como esta última: con el PNV defendiendo en solitario la gestión de sus cargos en legislaturas pasadas. Su soledad podría verse acrecentada en el pleno con el voto a favor del dictamen de los miembros del Grupo Mixto que no han participado en los trabajos.

Además de apuntar a responsabilidades de los cargos en la supuesta trama, el dictamen incorpora recomendaciones para reforzar la vigilancia y evitar que se vuelvan a producir situaciones como las investigadas.

Con el camino parlamentario, el de la depuración de responsabilidades meramente políticas, del caso De Miguel entrecerrado, ya solo queda por ver qué resultados depara la vía judicial. Los juzgados de Vitoria y Bilbao instruyen aún estos casos, en las que están imputadas 18 personas, buena parte de ellas del entorno del PNV.