La Audiencia respalda a Alaya y mantiene la imputación de Magdalena Álvarez

La Audiencia de Sevilla ha respaldado la imputación de la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena Álvarez decretada por la juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE el pasado 31 de octubre. De este modo, los jueces apoyan los indicios de delitos de malversación y prevaricación argumentados por Alaya contra la que fue consejera de Hacienda andaluza, y que ha resultado imputada junto a otros 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía y otros siete cargos aforados que han sido preimputados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La decisión de la Audiencia supone un paso decisivo en la instrucción, ya que apoya sin apenas fisuras la investigación de Alaya, que cuestiona la actuación de la Junta de Andalucía durante una década. El auto de hoy da un respiro fundamental a la juez, que ha pedido tiempo para concretar sus tesis incriminatorias antes de elevar el caso al Tribunal Supremo, dado que ha señalado a siete cargos aforados. Ello a pesar de que la propia Audiencia apremió a Alaya a que se desprendiera del caso por considerar la investigación financiero-política había alcanzado el "límite máximo".  

Los jueces responden así al recurso presentado por Álvarez después de su segunda imputación. En un principio, la exministra resultó imputada en junio, y posteriormente la Audiencia rectificó la decisión de la juez al pedirle que concretara sus indicios. Solo seis días después Alaya argumentó de manera más detallada la imputación de Álvarez, y ahora los jueces consideran que en el momento procesal actual los indicios son suficientes para mantenerle la imputación. Mientras la Audiencia se pronunciaba, la exministra acudió dos veces a declarar como imputada ante Alaya el pasado otoño.

“Ha actuado correctamente la magistrada huyendo de generalizaciones al detallar de forma precisa los hechos que atribuye a la sra. Álvarez”, subrayan los magistrados en su resolución. El auto destaca que “es innegable” el hecho de que la instrucción ha permitido detectar que “el uso desviado, por ilegal, de los fondos públicos quedó facilitado, y con ello desmesuradamente incrementado, merced a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas” por la Consejería de Empleo

Sobre el fondo de la batalla jurídica en el caso, en el que Alaya ve ilegales el método de pago de los ERE y la Junta defiende su legalidad al estar incluido en la Ley de Presupuestos año tras año, la Audiencia se pronuncia y admite como “razonable” el argumento de la Junta. Sin embargo, el respaldo a la tesis incriminatoria de Alaya es bastante rotundo: “No es irracional o arbitraria la hipótesis de entender que la técnica [método de pago con las transferencias de financiación] fuera introducida para propiciar lo que finalmente ocurrió”. Y a continuación añaden la pregunta: “¿Cómo puede entender si no que, pese a las alertas dadas [de la Intervención General] pudiera prolongarse sin control alguno durante unos 10 años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria?”.

El auto subraya la “solidez” de “tan fundada sospecha” [la de Alaya] “suficiente para actuar”, ante la técnica de las transferencias de financiación para abandonar el “procedimiento adecuado” hasta que Álvarez instauró este nuevo sistema de pago cuestionado por Alaya. La Audiencia subraya la “especial gravedad de la presunta malversación” que achaca Alaya a Álvarez, un supuesto delito que prescribe a los 15 años, por lo que aún puede ser perseguible por la justicia. Los jueces sostienen que Alaya ha actuado de forma correcta al imputar a la exministra, en vez de citarla como testigo sobre los hechos investigados.

La Audiencia aún debe resolver el recurso de Álvarez contra la fianza de 29,5 millones impuesta por Alaya. Anticorrupción se adhirió al recurso de la exministra porque estimaba que no era posible detallar la cantidad de dinero que supuestamente se malversó durante su mandato como consejera de Hacienda.