443 familias sin casa por un túnel que no encaja

Ernesto Martínez, de 58 años, entró en la cooperativa hace año y medio para comprarle una casa a su hijo, que ahora vive de alquiler en Fuenlabrada. "En el barrio de Chamberí es imposible encontrar un piso a un precio asequible. La única manera es formar una cooperativa y que no se lleve la ganancia el promotor". La vivienda, de 90 metros cuadrados y dos habitaciones, le va a salir por unos 380.000 euros, "un 20% menos de lo que cuestan en la zona". Ya ha aportado más de 100.000. Sin embargo, Ernesto está "muy cabreado" desde que el 17 de mayo la alcaldesa, Manuela Carmena, les dijo que la iniciativa que habían presentado incumplía el PGOU. "Lo que no sabemos es en qué puntos. Hemos pedido al concejal el informe técnico que lo explica, pero no hemos tenido respuesta". Este socio manifiesta sentirse "indefenso". Será una asamblea de socios la que decida el 13 de junio si ponen el caso en manos de la justicia.

"Me embarqué hace dos años en una vivienda y no puedo ni pedir plaza en el colegio", afirma José Serrano, casado y con tres hijos. "Estamos desesperados. Es una lucha política (entre Ayuntamiento y Comunidad) que no entendemos". José y su familia viven cerca de Atocha y tienen que pagar cada mes el alquiler de su actual residencia. "Hemos dejado de pagar la cooperativa, no queremos meter ni un duro más porque tenemos una gran inseguridad. Pero si no pagamos a Metro, podemos perderlo todo".

Metro de Madrid, que depende de la Comunidad, era la propietaria del solar de 40.000 metros cuadrados que este grupo de familias compró en noviembre de 2014 por 88 millones de euros, una cantidad que han de abonar en plazos (hasta ahora se han pagado 35). Está situado entre las calles de Pablo Iglesias, de Bravo Murillo y la avenida de la Reina Victoria.

En ese terreno se proyectó la construcción de tres edificios residenciales (incluida una torre de 25 plantas), otro de oficinas y otro para la Administración. En total, iban a ser 443 viviendas (una para cada socio), 62 de ellas de protección oficial. El primer desencuentro tuvo lugar en enero, cuando el Ayuntamiento solicitó a los socios el 10% de aprovechamiento que le corresponde por ley. Semanas antes de las elecciones municipales de 2015, los socios habían acordado con el Gobierno de Ana Botella monetizar (compensar con dinero) ese porcentaje que deben ceder a la Administración. El cambio de plan, insisten los cooperativistas, significaría que algunos de ellos (26 según los cálculos de los arquitectos) se quedarían sin casa a pesar de haber abonado parte del dinero.

El motivo por el que el Ayuntamiento asegura que el proyecto incumple partes del PGOU, aprobado en 1997, es otro: la negativa de Metro Madrid a modificar la rasante de las cocheras (hundir las cocheras por debajo del nivel del suelo). Para no hacerlo argumenta que el acceso a estas por el túnel existente bajo la calle de la Reina Victoria sería imposible de realizar, ya que quedaría más alto que los hangares. Juan José Perucho, director de Ibosa (la gestora que aconseja a los cooperativistas), sostiene que bajar la altura de las cocheras en un espacio de 100 metros es imposible: "Convertiríamos las vías del Metro [el túnel] en un tobogán". En su opinión, "el Ayuntamiento se está inventando un incumplimiento".

El diseño que presentaron el 8 de abril los socios incorpora una cubierta vegetal de 14.000 metros cuadrados para cubrir las nuevas cocheras del suburbano que tendría una altura de siete metros. El Consistorio afirma que esa altitud está "por encima de la cuota que establece el plan general" y exige que sean soterradas al completo. "No podemos dejar a los vecinos en una situación de inseguridad jurídica. Si aprobamos el proyecto y se somete a un periodo de alegaciones públicas (como establece la ley) y las hay, un tribunal lo puede tirar atrás. Los vecinos se quedarían pagando y metidos en un entramado de tribunales que les puede llevar años", insisten desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible. El 2 de junio, tras la Junta de Gobierno, la portavoz municipal, Rita Maestre, ya avisó de que el Ejecutivo no iba a incumplir el PGOU y que confiaba en que ningún particular ni partido les instara a ello.

"Sin aportar razones convincentes"

Un informe de la Comunidad de Madrid, avalado por cuatro expertos, afirma que el proyecto alberga el soterramiento de las cocheras. El estudio entiende que "no se dirige este al completo enterramiento bajo la rasante de las calles colindantes, sino a aquel que permitan las necesidades técnicas de la infraestructura". Esto es: mediante una losa de siete metros. Además, se asegura que ya "se sabía perfectamente que la cota de la plataforma de la zona verde (que cubriría el soterramiento)" sería de siete metros de alto. El informe también afirma que el proyecto de los socios "sería viable y que cumpliría con lo establecido en la ficha urbanística en cuanto al ajuste de rasantes". Álvaro Valdés, de la plataforma Salvemos Cuatro Caminos, afirma que "Metro se ha negado a cualquier cambio" que ha planteado el Ayuntamiento "sin aportar razones convincentes".

Para la plataforma, esa no es la única incertidumbre que se ciñe sobre el terreno. Queda por encajar la protección de las antiguas cocheras. "El embrión del Metro son estas cocheras diseñadas por el arquitecto Antonio Palacios", insiste Valdés. Ahora Madrid ya pidió en diciembre en la Junta de Chamberí catalogarlas como elemento protegido, algo que ya desaconsejaron, en mayo de 2014, la Real Academia de San Fernando, y los técnicos de Patrimonio. Sin embargo, de prosperar la solicitud, los planes de la cooperativa ya no serían posibles. En la Asamblea, los grupos políticos, a excepción del PP, también instaron el 21 de abril al Gobierno de Cristina Cifuentes a iniciar el trámite para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima protección de las tres que existen, a las cocheras de Cuatro Caminos. La directora regional de Patrimonio, Paloma sobrini, rechazó esa posibilidad el 9 de mayo en la comisión de Cultura.