Las cicatrices de Hipercor
Algunas heridas se han cerrado, pero la memoria pública es una de las asignaturas pendientes
Pasaban ocho minutos de las cuatro de la tarde cuando una bomba de 200 kilos explotó en el aparcamiento subterráneo de los almacenes Hipercor, en el barcelonés barrio de Sant Andreu. En aquel 19 de junio de 1987, viernes previo a las vacaciones escolares, quedó segada la vida de 21 personas y otras 45 resultaron heridas. Fue el primer atentado indiscriminado y masivo de ETA. El dolor dejó aturdida a Barcelona. Pero solo fue por unas horas: al domingo siguiente 70.000 personas recorrieron las calles de Sant Andreu expresando su rechazo al asesinato de sus vecinos.
Entre los fallecidos se encontraban luchadores ciudadanos, impulsoras del futbol femenino en Cataluña, cuatro niños… personas de esas clases subalternas a las que cantó Raimon. Caras anónimas que daban vida al Sant Andreu fabril. 72 horas después del atentado, el lunes 22 de junio, el centro de la ciudad vivió la manifestación hasta entonces más numerosa desde el retorno del presidente de la Generalitat republicana, Josep Tarradellas. Entre 300.000 y 500.000 personas llenaron las arterias de Barcelona.
¿Por qué ETA eligió Barcelona para el atentado más sangriento de su historia? La capital catalana había sido designada capital olímpica y, además precisamente el mes de enero de aquel año la policía había desarticulado una de las versiones del comando Madrid. ETA volvió sus ojos hacia Cataluña y singularmente hacia la Barcelona olímpica. El 27 de marzo, un Guardia Civil era asesinado en un atentado etarra en el Puerto de Barcelona. El 2 de abril, el mecánico Juan Fructuoso murió al explotar una bomba al paso de una patrulla de la Guardia Civil en la calle de Vizcaya. El 9 de abril un coche bomba estallaba sin víctimas en Pau Claris esquina Mallorca y el 12 de junio cuando pasaban 30 minutos de las 12 de la noche, 54 kilos de amonal explotaban en un rack de Enpetrol, en Tarragona, provocando la huida de la ciudad de más de 20.000 vecinos.
Siete días después llegaría el sangriento atentado de Hipercor. Hoy muchas cicatrices quedan abiertas. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo consideraron al Estado responsable civil subsidiario por no haber obligado a desalojar Hipercor. Las únicas tareas de supervisión las realizó el personal de seguridad de los almacenes, mientras coches y vecinos entraban, salían y compraban en los grandes almacenes. El local se podía haber desalojado en 10 minutos, según los bomberos. Pero no se hizo. Pasaron las cuatro de la tarde y una onda expansiva que multiplicaba por diez la velocidad del sonido recorrió Hipercor. La temperatura subió hasta 2.300 grados. El efecto del amonal, el pegamento, la gasolina y las escamas de jabón, que constituían el artefacto, provocó en las víctimas un efecto similar al del napalm.
La crueldad del atentado contrasta con lo obtenido: solo 13 familiares de fallecidos o víctimas han recibido indemnización por esa omisión policial establecida por sentencia. 33 recurrentes han visto rechazada su pretensión por presentarla “fuera de plazo”. De la experiencia del atentado, los afectados vieron la necesidad de autoorganizarse. Se trataba de facilitar ayuda y asesoramiento frente a una Administración que mostraba su cara más economicista y esquiva. Para ello, fue decisivo el empuje y la iniciativa de Robert Manrique, empleado de Hipercor que sufrió quemaduras en el atentado.
Las repercusiones de esa bomba sacudieron el panorama político vasco y del conjunto de España. Se fraguó el pacto antiterrorista entre todas las fuerzas políticas, desde Alianza Popular hasta el Partido Comunista, con la salvedad de Herri Batasuna. Todo ello cristalizó en el pacto de Ajuria-Enea. Una buena parte de la sociedad vasca, que hasta entonces había mantenido la equidistancia entre ETA y las Fuerzas del Orden (eran los años de los asesinatos de los GAL), se alejó de la organización terrorista. Dentro del mundo abertzale también hubo disidencia. Txomin Zuloaga, dirigente de HASI (partido integrado en Batasuna), sugirió que ETA debía tomarse unas vacaciones y pronosticó que de continuar ETA en esa línea, Batasuna acabaría ilegalizada. En 1988 fue expulsado (junto a 200 militantes) de HASI, aunque siempre se mantuvo fiel a la izquierda abertzale. Txema Montero, eurodiputado de Batasuna que el 10 de junio de 1987 había obtenido 40.000 votos en Cataluña en las elecciones al Parlamento Europeo, calificó el atentado de “asesinato múltiple”. Dimitió el 11 de julio de 1990 de su escaño. Aún hoy son muchos quienes señalan que Hipercor marcó un antes y un después.
30 años después continúan las cuitas de algunas víctimas ante los tribunales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Hay una suerte de doble lenguaje: se compatibiliza el enaltecimiento de las víctimas con la racanería económica.
Algunas cicatrices se han cerrado, pero la memoria pública es una de las asignaturas pendientes. Por ello es relevante que el Ayuntamiento de Barcelona haya homenajeado a las víctimas. 20 de las 21 familias de los fallecidos así como la gran mayoría de los heridos estuvieron en una ceremonia dirigida magistralmente por la directora de escena Àngels Aymar. Nunca hasta ahora había sucedido. Ni políticos ni aprendices hablaron. Solo el dolor y la solidaridad humana. Lejos de soflamas interesadas y de patrimonializaciones políticas, el protagonismo ha sido por primera vez de quienes sufrieron la pérdida. Han tenido que pasar 30 años.
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