El PSOE reclama que el Gobierno regule por ley la seguridad en macrofiestas y festivales de música

El PSOE reclama al Gobierno que aproveche la modificación prevista de la ley de espectáculos para regular los macroeventos en la Comunidad, obligando a los promotores de conciertos y fiestas multitudinarias a cumplir normas concretas sobre el control del aforo, la videovigilancia, el ratio de servicios sanitarios por espectador o el respeto al descanso de los vecinos de los alrededores. Tras la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cinco menores, el Ayuntamiento de Madrid endureció las inspecciones, pero sigue sin modificarse la ley autonómica, que tiene más de 20 años.

“Es una laguna que históricamente no se ha querido abordar en la ley de espectáculos”, explica Diego Cruz, diputado del PSOE, sobre una norma que no define qué es un macroevento, a partir de cuántos asistentes se está organizando una cita de grandes dimensiones, ni qué normas de seguridad deben cumplirse. “Cada día se producen estos grandes actos y es el deber de la administración garantizar unas condiciones homogéneas de las obligaciones de la organización”, argumenta. “Se trata de fijar condiciones de mínimos, y es urgente hacerlo para prevenir que no vuelva a suceder algo que se puede evitar o paliar”, añade, recordando la tragedia del Madrid Arena; las aglomeraciones sufridas por los espectadores que asistieron al Mad Cool Festival de este año; o las protestas vecinales en Móstoles por los ruidos del Amanecer Bailando. Y subraya: “Esto no puede depender de la racanería de alguien que quiera ahorrar en estas cuestiones”.

¿Cuál es el aforo mínimo para que un evento sea considerado macroevento? ¿Cuántos policías y sanitarios deben desplazarse en función del número de espectadores? ¿Qué condiciones técnicas debe cumplir la instalación en cuanto a espacio, control electrónico de las entradas, salidas de emergencia, accesibilidad o comunicaciones? ¿Qué debe incluir el plan de seguridad? ¿Cómo se controla el aforo? ¿Qué requisitos deben asumirse en el sistema de videovigilancia? ¿Qué medidas hay que adoptar para respetar el descanso de los vecinos y garantizar el respeto al medioambiente?

La iniciativa del PSOE busca dar respuesta a todas esas preguntas. Ahora, los planes de seguridad de macroeventos como conciertos o fiestas de fin de año están en manos de los empresarios que promueven esas citas, y de los técnicos especializados a los que contratan. Al tiempo, la aprobación de esas previsiones depende de las reglas impuestas por cada Ayuntamiento, que revisa la propuesta de los promotores para decidir si pueden o no celebrar la cita. En consecuencia, hay municipios más restrictivos y menos, obligaciones distintas, y normas diferentes.

“Estamos ante fiestas que se desarrollan de manera extraordinaria en lugares que en general no están concebidos para esa actividad, como un parque o un polideportivo, por eso es necesario una regulación específica”, afirma el presidente de la Asociación Española de Lucha contra el Fuego (ASELF) y experto en emergencias, Pablo Garriz. La nueva regulación, añade, permitiría acabar con “la discrecionalidad por parte del poder administrativo”. “Se podría dar el caso de que en un Ayuntamiento sí se concediera un permiso para celebrar esa macrofiesta y en el de al lado se denegara. Todo ello se acaba cuando las medidas están reguladas y cada uno sabe a qué atenerse”.

“Cuanto más específica sea la ley, todos sabremos a qué acogernos”, coincide el tesorero de la Asociación Española de Directores de Seguridad (más de 700 socios) Rafael de Castro. “Así también podremos explicar a los promotores de los eventos, a los empresarios, que son los que pagan, que esas medidas que recoge nuestro plan de autoprotección vienen marcadas por la ley y que no se trata de un capricho nuestro”, razona este especialista en macroeventos, que afirma que en la actualidad existe bastante regulación, en especial en Madrid, pero que a veces son los Ayuntamientos –salvo el de la capital- los que no saben aplicarla.

El Gobierno regional está dispuesto a negociar la iniciativa socialista para homogeneizar los criterios, según fuentes del Ejecutivo, pero recuerda que ya ha puesto en marcha una vía alternativa. Así, el equipo de Ángel Garrido ha apostado por la elaboración de un decreto que convierte en vinculantes los informes de los Ayuntamientos sobre si el plan de seguridad de los organizadores cumple con la normativa, aunque la autorización final siga en manos de la Comunidad.

“Nuestra intención es continuar con el grupo de trabajo que hemos puesto en marcha para la modificación del catálogo de espectáculos para una propuesta de modificación de la ley de espectáculos o incluso la redacción de nueva ley”, explicaron fuentes del Gobierno regional que participan en las negociaciones del nuevo texto. “Además de esta regulación de macroeventos hay que revisar muchos artículos de esta ley que tiene 21 años”, reconocieron. “En principio la propuesta del PSOE nos parece bien, aunque podría presentar una proposición de ley en la Asamblea y no una proposición no de ley”, siguieron. E insistieron: “Lo abordaremos en el grupo de trabajo con todos los actores”.

El esprint final de la legislatura, y las tensiones de la precampaña, pondrán a prueba la voluntad de acuerdo de los partidos. La norma, de hecho, podría afectarles a ellos mismos: dependerá de a cuántas personas logren atraer a sus mítines de las elecciones de mayo.