Girona cuantificará el perjuicio económico causado por la gestora del agua durante 20 años

Los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter han confirmado a través de diversos informes municipales que la empresa privada que gestionaba el agua en los tres municipios, Girona SA, cometió diversas irregularidades entre 1992 y 2012. Con "indicios fundamentados " que la compañía —que cuenta con un 80% de la participación de la empresa mixta Aigües de Girona, Salt y Sarrià (AGISSA)— actuó con "deslealtad", los ayuntamientos han decidido encargar una auditoria externa. De esta forma, quieren cuantificar el "perjuicio" económico que les causó la compañía. Sospechan que Girona SA no realizó las inversiones previstas en la red de abastecimiento, ni tampoco las reposiciones necesarias. 

Los tres ayuntamientos pretenden averiguar si ha existido realmente este perjuicio, en paralelo a la investigación judicial abierta desde el septiembre de 2017, cuando se puso en marcha una operación de la Fiscalía Anticorrupción por un presunto fraude millonario en la empresa del agua. Si se confirman las irregularidades, los consistorios analizaran si existen opciones legales para rescindir la concesión por incumplimientos de la parte privada antes de que termine la prórroga del contrato, en 2020. También se plantean hacer las reclamaciones oportunas en el momento en que se liquide la concesión.

Los ayuntamientos creen que es un informe "imprescindible" para que puedan asumir la gestión pública del agua una vez termine la concesión, aunque ya han asumido la gestión de AGISSA de forma cautelar por orden judicial. La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas ha declarado que el Ayuntamiento cada vez está más convencido de que “la empresa no ha actuado ni leal ni honestamente con el sector público y, por lo tanto, con la ciudadanía”. 

En octubre de 2017 el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona (que investiga las supuestas irregularidades al frente de AGISSA) resolvió apartar la empresa privada Girona SA de la gestión de la empresa mixta para dársela a los tres ayuntamientos. Gracias a ello los Consistorios han podido tener acceso a toda la información relacionada con inversiones en la red de abastecimiento, obras ejecutadas y reposiciones que la empresa privada estaba obligada a hacer. 

El nuevo informe deberá acreditar el grado de incumplimiento y cuál es el déficit en las inversiones que tenía que hacer y no hizo la parte privada. También han detectado que no se han repuesto cientos de kilómetros de tuberías o instalaciones de vida útil agotada. Por ello, han encargado a Girona SA un inventario actualizado del estado de la red y de las instalaciones.