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EDUCACIÓN EN CHILE
Tribuna
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Aprendizajes en rojo: la última década en educación

Los últimos años han mostrado al país la necesidad de desburocratizar la gestión educacional, liberando recursos humanos valiosos y especializados para dedicarlos al apoyo pedagógico: en suma, dejar enseñar

Escuelas Chile
Niños y niñas toman notas en clase en una escuela en Santiago, Chile.xavierarnau (Getty Images)

Nuestro sistema educacional ha mejorado en los últimos 40 años, con una desaceleración en la última década. Evidentemente, dicha trayectoria no nos ha llevado a superar el promedio de los países desarrollados. Con menos probabilidad lo hará ahora, dado el estancamiento observado en los aprendizajes y la poca atención que se le ha dado en los últimos años desde el Estado.

Recientemente conocimos los resultados de las pruebas TIMSS 2023, una evaluación internacional de estudiantes de cuarto y octavo básico en las áreas de Ciencias y en Matemáticas. Chile fue uno de los casi 60 países evaluados, como en la mayoría de los años anteriores de la prueba. Nuestros resultados pertenecen a la parte baja de la distribución. En cuarto básico, el país anotó 444 puntos en Matemáticas y 479 puntos en Ciencias, mientras el promedio de la evaluación llega a 500 puntos. En octavo básico, 455 puntos y 416, respectivamente, contra un promedio también de 500.

Los resultados descritos se suman a las tendencias observadas en otras pruebas, tanto nacionales como internacionales. Todas confirman que, durante la década pasada, el sistema chileno vio empobrecida su capacidad de mejora. La trayectoria ascendente se vio truncada y convertida en una meseta. A fines de 2018, el país recibió el informe de una comisión transversal de expertos de la educación, denominada Todos al Aula. El diagnóstico fue claro y se centró en tres problemas: el sistema chileno se encontraba desarticulado, los establecimientos sufrían de una sobrecarga administrativa brutal, la regulación no reconocía la heterogeneidad de la oferta.

La baja en el rendimiento de los colegios siguió a una serie de reformas. La Ley de Inclusión eliminó el copago, la selección y el lucro en los establecimientos. Recientes estudios han mostrado que ninguna de dichas medidas ayudó a mejorar el rendimiento del sistema ni su segregación por nivel socioeconómico. Fueron ejecutadas a partir de evidencia insuficiente y con un objetivo de ideología política. El resultado, más que un sistema ‘donde la calidad se vive día a día’, fue un esquema de sobrecarga administrativa, fiscalización ineficiente y restricciones que no contribuyeron a la calidad educacional, especialmente en lo referido a la posibilidad de abrir nuevos colegios y vacantes.

Las reformas de mediados de la década de 2010 han mostrado qué es lo que ocurre con un sistema educacional cuando los niños y niñas dejan de ser el centro y corazón de la política pública. Una vez que la política se aboca a cambios que no buscan mejorar la calidad de la educación, sino reglar excesivamente su gestión, los recursos limitados que hay disponibles para los colegios se desvanecen en trámites y papeleos; las instituciones no actúan de forma articulada; y la educación se convierte en la provisión estandarizada de un servicio, no en la formación del espíritu.

Los últimos años en educación han mostrado al país la necesidad de desburocratizar la gestión educacional, liberando recursos humanos valiosos y especializados para dedicarlos al apoyo pedagógico: en suma, dejar enseñar. También nos dejan una valiosa lección: cuando algo es prioridad, se nota en la acción del gobierno. El abandono de la reactivación educativa y de la educación escolar en la administración Boric son evidentes, en subsidio de una predilección bastante perjudicial por la educación superior. Volver a poner en el centro de la política pública la inversión de los recursos fiscales en los niveles educativos iniciales, que son precisamente los más rentables, es sumamente necesario.


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