Limitar la libertad de investigación es un peligro para la democracia

En los últimos meses, hemos observado un ataque sistemático a la libertad de investigación en los gobiernos de ultraderecha de Javier Milei y Donald Trump. Detengámonos un poco y miremos al pasado. Preguntémonos: ¿en qué momentos se ha utilizado la ciencia como herramienta de dominación política? Podemos dar muchos ejemplos, pero generalmente ha ocurrido en gobiernos totalitarios para justificar la dominación sobre grupos de la población que desde una perspectiva ideológica son considerados inferiores o se oponen a sus ideas. Ejemplos hay muchos en la historia, como la búsqueda de evidencia para señalar que existen razas inferiores y con eso justificar la esclavitud o políticas de exterminio; la desigualdad de género, intentando justificar científicamente aquella desigualdad; o, sin ir más lejos, la búsqueda de evidencia científica para negar el cambio climático o expulsar a los inmigrantes. En este sentido, estos gobiernos seleccionan aquellos conocimientos que justifican sus programas políticos. Al limitar la libertad de investigación, eliminan todos aquellos conocimientos que pueden contradecir sus supuestas evidencias.

Esta operación no puede ser más contraria a lo que ocurre en la práctica de generación de conocimientos. Los conocimientos avanzan y se desarrollan precisamente porque existe la libertad en investigación que permite empujar los límites de lo posible. En este proceso ocurren contradicciones, lo nuevo desafía a lo establecido y los conocimientos se revisan constantemente. La investigación, en este sentido, es una práctica bastante poco conservadora, su fuerza reside en la posibilidad de transformarse y abrirse a lo nuevo. Una vez que los conocimientos salen a la luz, ocurre el debate, y las sociedades definen, a partir de la evidencia existente, qué camino seguir. Es muy diferente entonces, y conveniente, por cierto, intentar definir un camino seleccionando aquello que puede apoyar un cierto tipo de programa ideológico y prohibiendo, desfinanciando o eliminando (incluso con la muerte, como en las dictaduras y gobiernos totalitarios) aquellos conocimientos que contradicen o cuestionan lo establecido. Esta práctica es simple y llanamente una cancelación de la capacidad de pensar humana, es limitar y oprimir nuestra capacidad crítica. Y, más peligroso aún, subyuga las posibilidades de la investigación a un programa ideológico, quitándole toda su potencia transformadora.

Establezcamos una distinción: una cuestión es debatir, delinear o definir las implicancias sociales, culturales, económicas o políticas de ciertos conocimientos (por ejemplo, poner límites a la clonación de seres humanos o regular la inteligencia artificial para que no reproduzca sesgos racistas, de clase o de género o que no se utilice para vigilar a la población) y otra es que se establezcan límites a priori a la generación de conocimientos desde determinadas posiciones ideológicas. Y aquí entramos en lo que está ocurriendo en los gobiernos de ultraderecha, como el de Trump o Milei: desde un programa político se establece que hay ciertas áreas del conocimiento que no deben financiarse ni continuar con sus investigaciones en ciertos temas (género, inclusión, diversidad, desigualdades, entre otras) que se buscan prohibir o abolir desde una ideología particular.

La investigación, para poder realizar todo su potencial, requiere autonomía de la política contingente. Esto no significa que la ciencia no esté atravesada por lo político, sino que no puede estar determinada por un programa político particular, menos por un programa de Gobierno. Esta es una de las razones por las cuales son las universidades las guardianas de la generación de conocimientos: porque su objetivo es que la investigación ocurra más allá de presiones sociales, económicas o políticas. Y es también la razón de por qué es en ese espacio donde se potencian las distintas ramas del saber y no en los gobiernos de turno. Los gobiernos pueden definir áreas prioritarias o énfasis, pero no deberían nunca establecer qué se puede investigar y qué no. Más bien, lo que los gobiernos democráticos deben hacer, respondiendo a una política de Estado, es resguardar la investigación en su amplio espectro.

“Eppur si mouve” [sin embargo, se mueve], dicen que pronunció Galileo Galilei ante la inquisición. Si algo hemos aprendido en la historia de la generación de conocimientos es que limitar la libertad de investigación es cancelar el pensamiento. Es, finalmente, limitar la posibilidad de pensar de las personas, de explorar posibilidades más allá de lo posible, de cuestionar aquello que nos dicen que es la verdad o que hemos naturalizado. No es casual que sean precisamente los gobiernos autoritarios los que prohíben ciertas áreas del conocimiento o desfinancian aquellas áreas que les parecen peligrosas para sus programas ideológicos. Siempre deberíamos contar con distintos puntos de vista, con distintas evidencias y luego, como en cualquier sociedad democrática, definir en un determinado contexto político, qué camino seguir. El proyecto político progresista, por ejemplo, busca orientar en la política pública el uso de las ciencias y conocimientos para avanzar hacia un desarrollo sostenible e integral que implique bienestar en lo social, económico y medioambiental, en temas de salud, innovación, educación y convivencia, poniendo su foco en las personas y no en los intereses empresariales. Un proyecto progresista no cancela la investigación que el Estado financia por motivos ideológicos, porque cree firmemente en la democracia y, por el contrario, lo que hace es promover debate en torno a los conocimientos que se generan y sus usos.

Prohibir la investigación o limitarla es negarnos a la posibilidad de imaginar, pensar o tener herramientas para debatir. Esto, finalmente, debilita el ejercicio democrático de la ciudadanía, y nos deja a expensas de la tiranía del pensamiento que hoy algunos gobernantes de ultraderecha quieren establecer.