El Gobierno descarta una moratoria a la implantación de las zonas de bajas emisiones

El Ministerio para la Transición Ecológica no contempla conceder a los municipios de más de 50.000 habitantes una moratoria a la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que las 149 localidades de más de 50.000 vecinos deben contar con este tipo de áreas —donde se restringe la circulación de los vehículos en función de lo contaminantes que sean— antes de que empiece 2023. Pero tan solo 20 (un 13%) cumplirá antes de que acabe este año, según la consulta que EL PAÍS ha hecho a los 149 ayuntamientos afectados.

La ley climática es de mayo de 2021 pero los ayuntamientos que no van a cumplir con el plazo establecido culpan a Transición Ecológica, que todavía no ha aprobado definitivamente el real decreto con el reglamento de desarrollo de estas áreas de tráfico restringido. El presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha pedido públicamente una moratoria al Gobierno ante la ausencia de esa norma y este lunes ha vuelto a quejarse de que no exista aún un real decreto. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica sostienen que el real decreto, que está en tramitación, será en breve aprobado. En la mañana de este lunes el ministerio ha dejado una puerta abierta a la moratoria al sostener que “en este momento” no contemplaban aplicarla. Pero, por la tarde, las mismas fuentes han elevado el tono: “el ministerio rechaza una moratoria”, ha añadido el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera sin matices. Además, este ministerio asegura que no han recibido ninguna petición formal de la FEMP a la Dirección de Calidad del Aire, la que se encarga de este asunto, pidiendo ese tiempo extra para los ayuntamientos.

La mayoría de los consistorios a los que ha consultado EL PAÍS mantienen que están trabajando en el diseño de sus zonas de bajas emisiones, pero solo el 13% llegará a tiempo, es decir, al 1 de enero de 2023, con estas restricciones contra la contaminación en activo. El incumplimiento no tiene un único color político, porque en ese amplio grupo de consistorios hay alcaldes de todos los partidos.

El Gobierno no parece tener la intención de plantar una dura batalla contra los alcaldes a siete meses de las elecciones municipales. Preguntada la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sobre este asunto en un acto este lunes en Vigo la titular de esta cartera ha resaltado que “la mayoría de los ayuntamientos están haciendo un gran esfuerzo por adaptar sus ciudades a los requerimientos del Plan Nacional de Energía y Clima” y “la ley del cambio climático”. Sánchez argumenta que el Ministerio de Transición Ecológica trabaja para que las ciudades “puedan cumplir esos objetivos”, pero no ha querido especular con las consecuencias si no lo hacen: “Evidentemente yo no voy a hacer hipótesis respecto a una materia que es competencia del Ministerio de Transición Ecológica. Lo que sí que les puedo decir es que estamos trabajando para poder aprobar ese reglamento que falta”.

Transición Ecológica mantiene que su actitud es de “colaboración” con los ayuntamientos para que puedan cumplir con lo que dice la ley. Recuerda este ministerio también que la implantación de las zonas de bajas emisiones supone una “inversión buena para los ayuntamientos y para los vecinos”, ya que está encaminada a mejorar la calidad del aire y reducir los efectos dañinos de la contaminación sobre la salud.

“No partían de cero”

La ministra de Transportes ha recordado este lunes, sin embargo, que las ciudades tienen ya una guía de directrices para poder crear esas zonas de bajas emisiones. “No partían de cero, empezaron ya hace muchos años esos trabajos para adaptarse en ese camino de crear ciudades más amables, más sostenibles”. Sobre si habrá o no moratoria, ha apuntado que eso corresponde a Transición Ecológica. “Lo que queremos es que se cumplan los objetivos y sobre todo confiamos en la capacidad que tienen los ayuntamientos, pero también somos un Gobierno dialogante, vamos a ser muy sensibles a esas dificultades que os plantean” los alcaldes.

Lo que no parece es que el incumplimiento vaya a provocar un cisma entre el Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias, presidida por Abel Caballero. Este lunes, durante la inauguración del II Foro Local para la Agenda Urbana en la ciudad gallega —a la que también ha asistido Raquel Sánchez—, Caballero se ha agarrado al argumento de que “es imprescindible” tener el decreto de desarrollo, pese a que algunas ciudades ya tienen en funcionamiento las zonas sin esa norma. “En el decreto es donde se van a dar las circunstancias concretas y las especificaciones concretas. Algunos [municipios] estamos adelantando el trabajo, pero cuando salga el decreto de desarrollo habrá que volver a empezar de nuevo, porque habrá que cumplir sus especificaciones”. Para Caballero no hay otra salida que esperar al desarrollo legislativo en su totalidad, y ha puesto como ejemplo que en Vigo no se podrían aplicar sanciones “porque no hay una norma que garantice la sanción por el incumplimiento de las zonas de emisiones cero”. “Sabemos, por algunos ayuntamientos que se adelantaron, que hay dificultades jurídicas en la aplicación. Debemos esperar”, ha añadido en referencia a Madrid y Barcelona. “Hay una ley que marca un plazo pero no hay decreto para desarrollarlo”.

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