El macrojuicio climático se cierra en La Haya con una alerta de la OMS sobre las amenazas para la salud del calentamiento

La pugna entre algunos de los mayores contaminadores mundiales y los países más vulnerables ante el calentamiento global ha concluido este viernes en el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ). Entre los primeros, figuran Estados Unidos, China, Rusia y Japón, que rechazan sus responsabilidades sobre las emisiones de CO₂ anteriores a los acuerdos vigentes sobre el clima. Los segundos se reparten entre estados insulares del Pacífico, el Caribe, África, Asia y América Latina, y sostienen que los derechos humanos no deben excluirse en este contexto. Al final de las sesiones, la OMS ha subrayado que abordar el cambio climático significa evitar desigualdades. Los 15 jueces del TIJ emitirán una opinión consultiva, no vinculante y esperada en 2025, que puede influir en la aplicación de las normas climáticas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido la tarde de este viernes de que estamos ante “una crisis sanitaria, aquí y ahora, y combatirla es un asunto de equidad”. Ha explicado que la transmisión de la malaria, el dengue y el cólera “puede aumentar de manera significativa si las temperaturas se extreman aún más”. También ha indicado que “unos 920 millones de niños afrontan escasez de agua y ello aumentará con el cambio climático”. Sin olvidar que “154 millones de personas viven hoy a menos de un metro por encima del nivel del mar y más de 130 millones de personas están abocadas a la pobreza extrema para 2030″. La respuesta a la crisis del clima, ha añadido, “debe ser abordada como una responsabilidad compartida de los Estados”. Derek Walton, asesor legal de la organización, ha recalcado que el TIJ debe guiarse por la ciencia en este contexto. “Que el tribunal ponga la salud en el centro de su decisión”, ha pedido.

La Unión Europea ha intervenido después, y André Bouquet ha declarado que el TIJ no tiene que fallar “en concreto si los países han cumplido o no sus obligaciones respecto a la lucha contra el cambio climático, sino respetar la autonomía de los tratados existentes sin crear nuevas normas”. En palabras de Josephine Norris, otra representante legal de la UE, se trata de que el TIJ “refuerce las obligaciones del Acuerdo de París en sus decisiones, sin que ello reduzca las de los países desarrollados y en desarrollo en función de sus capacidades”. La UE postula los acuerdos climáticos y las mayores reducciones de emisiones de CO₂, como conductas basadas en los mejores esfuerzos. No los concibe “como obligaciones de resultado en las que cualquier incumplimiento se consideraría de inmediato como una violación”. La protección y respeto “de los derechos humanos fijado en las leyes internacionales en el marco de los vigentes acuerdos del clima”, es otra de las peticiones legales de la UE a los jueces, ha dicho Margherita Bruti Liberati.

La causa del clima, invocada por parte de un centenar de estados y organizaciones internacionales, ha tenido como escenario el Palacio de la Paz, sede del TIJ en La Haya. Durante las dos últimas semanas, las intervenciones han mostrado la brecha que separa a los contaminadores históricos —Alemania y Reino Unido, entre los europeos— de los pequeños estados insulares y las naciones en desarrollo. Estos últimos afrontan en mayor medida el impacto del cambio climático. La República de Vanuatu, situada en el Pacífico Sur, ha promovido el caso. Amenazada por la subida del nivel del mar y tormentas destructivas, su fiscal general, Arnold Kiel Loughman, ha declarado este viernes: “Las emisiones de gases de efecto invernadero no controladas, las subvenciones a los combustibles fósiles y la exploración y extracción de estos mismos contaminadores históricos siguen alimentando la crisis climática”. Las alegaciones ante el TIJ han demostrado, en su opinión, “la búsqueda de justicia” porque “no podemos esperar otro par de décadas a que las negociaciones sobre el clima detengan las actuales consecuencias catastróficas del cambio climático”.

El argumento de que se aplique la legislación sobre los derechos humanos en el contexto del clima ha sido el más divisivo. Los grandes contaminadores han alegado que estas normas no abordan explícitamente la mitigación del cambio climático y tampoco se aplican extraterritorialmente. Rusia ha sido tajante en este punto, pero Estados Unidos y Alemania han insistido a su vez en que el derecho a un medio ambiente sano carece de protección jurídica internacional. Para los países más expuestos a la crisis climática, sin embargo, se trata de “una crisis de derechos humanos que afecta a todos los derechos”. Para Fiji, Costa Rica y Colombia, por ejemplo, “hay base jurídica para que las compensaciones sean proporcionales a los daños sufridos”.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha remitido un escrito al TIJ defendiendo el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto (en vigor desde 2005) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) como “el marco para las negociaciones sobre el clima”. Por eso, ha pedido a los jueces “que no creen obligaciones o responsabilidades adicionales para los Estados”. Entre los 13 miembros de la OPEP y sus aliados, se cuentan Arabia Saudita, Kuwait, Venezuela, Irán, Irak y Nigeria, además de Rusia y México.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha cerrado las intervenciones del caso. Grethel Aguilar, su directora, ha recalcado que “las voces de todos deben contar en la lucha contra los efectos del cambio climático y deben quedar claras las responsabilidades”. Porque las leyes, ha concluido, “no se mueven al ritmo de la crisis climática”. La opinión consultiva de los jueces se espera para 2025 y no es vinculante. Sí tiene peso político y puede aclarar las obligaciones jurídicas de los países para limitar las actividades contaminantes y apoyar a las comunidades vulnerables ante la crisis climática.