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Demanda pionera contra la contaminación ganadera: afectados de As Conchas alegan “vulneración de derechos fundamentales”

Vecinos y ecologistas denuncian a la Xunta de Galicia y otras entidades ante el Tribunal Superior por los vertidos de macrogranjas y argumentan que los antibióticos usados en los animales generan resistencias en los humanos

Embalse de As Conchas

Será la primera vez que un tribunal evalúe el impacto de la ganadería industrial en los recursos hídricos, desde el punto de vista de la vulneración de los derechos fundamentales, es decir, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el trato degradante, el derecho a la vida privada y familiar y el derecho al domicilio y la protección de la propiedad. Quienes se tendrán que defender son la Xunta de Galicia (PP), la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (dependiente del Gobierno central y alternativamente en manos del PP y el PSOE) y varios Ayuntamientos de la zona afectada, alrededor del embalse de As Conchas (Ourense) o a orillas del río Limia (Bande, Muiños, Lobeira, Trasmiras y Os Blancos).

Siete vecinos, más la propia comunidad local del pueblo que se llama igual que el embalse, As Conchas (Lobeira), y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU —con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth— dan por primera vez este paso en Europa al llevar el tema ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Lo hacen, según difunden en un comunicado, en defensa “de las personas afectadas que residen o han residido en la localidad de As Conchas así como de los consumidores del abastecimiento de agua” de dos comarcas de Ourense. Se trata de A Limia, donde localizan el origen del problema, con centenares de macrogranjas de cerdos y pollos, y A Baixa Limia, donde supuestamente se acumulan en el embalse, antes de la presa construida por Fenosa (hoy Naturgy), los excrementos generados por una población de casi dos millones de cerdos (1.982.242, según un cálculo de 2023).

“La situación es inaceptable, el embalse es un estercolero”, denuncia Blanca Ruibal, portavoz de Amigas de la Tierra: “Queremos que se siente un precedente y que más personas puedan sumarse a demandas así”. Según la denuncia, las autoridades competentes en la zona permitieron desde hace más de 20 años, pese a las advertencias tanto de vecinos, como de científicos y ecologistas, la contaminación de este embalse de 631 hectáreas y unos 14 kilómetros de largo. El escrito defiende que las malas prácticas del negocio voraz de las granjas —que fueron multiplicándose a lo largo del curso del Limia— ha hecho “inviable” la vida en As Conchas, un pantano a los pies de la Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés.

Las explotaciones intensivas han recibido una y otra vez el visto bueno del Gobierno autonómico para instalarse y ampliarse pese a las voces de alarma que advertían que la tierra (en una comarca, A Limia, también eminentemente agrícola, con campos de patata y cereal) estaba empachada de nitratos procedentes de los purines y la gallinaza. La demanda se documenta con distintos peritajes que señalan una correlación directa entre la actividad de ganadería industrial y los elevados niveles de contaminación del agua, el aire y el suelo. Estos informes revelan la grave contaminación de los pozos y la presencia de bacterias resistentes a antibióticos, además de nitratos, nitritos, fosfatos y cianobacterias resultantes del proceso de eutrofización por la carga orgánica del agua embalsada.

“Tanto la Constitución como la legislación europea son inequívocas en su mandato: las autoridades tienen la obligación legal de proteger a la ciudadanía”, dice Nieves Noval, abogada de la ONG ClientEarth, “Las autoridades han fallado a las personas, pese a ser plenamente conscientes del impacto real que la ganadería industrial ejerce sobre la zona, continúan autorizando estas explotaciones de manera permisiva y reiterada”. “Estamos orgullosos de apoyar a esta comunidad”, reconoce la representante de ClientEarth, “y les proporcionaremos toda la asistencia posible para que se haga justicia”.

Montículos de gallinaza, estiércol de ave, depositados sobre un terreno encharcado en el municipio de Sandiás (A Limia), en una imagen cedida por la Sociedade Galega de Historia Natural.

“El creciente nivel de contaminación en As Conchas está afectando la vida diaria de sus habitantes y poniendo su salud en riesgo, lo que consideramos una violación de sus derechos fundamentales”, defienden Amigas de la Tierra, CECU y ClientEarth. “Si los demandantes ganan, el caso podría sentar un precedente en España y servir de referencia para casos europeos similares sobre la necesidad de proteger a los ciudadanos de la contaminación del agua y de los acuíferos proveniente de la ganadería industrial”. Según la demanda, las Administraciones “ni siquiera cumplen, en ocasiones, con el requisito mínimo de alertar a los residentes sobre la toxicidad del embalse” cuando se producen los episodios más graves durante el verano. En este lugar se celebran competiciones y campamentos estivales de escolares, y se han documentado situaciones en que los responsables políticos argumentaban que la calidad del agua era “buena” pese a que “numerosos estudios demostraron que es falso”.

Una de las investigaciones universitarias encargadas para la demanda apunta a las “superbacterias resistentes a antibióticos”, que se vinculan con los tratamientos veterinarios del ganado y que la OMS ha definido como “unas de las 10 peores amenazas para la humanidad”. Asimismo, aportan un informe médico que recomienda explícitamente a los residentes de la zona que “solo beban agua embotellada y que eviten las cercanías del embalse para evitar inhalar sustancias tóxicas”. Un trabajo de campo que analizó muestras de 76 pozos particulares de más de 60 metros de profundidad, reveló que más de la mitad superaban los límites permitidos de nitratos en el agua potable y muchos triplicaban lo permitido.

Según denuncian ahora los vecinos de As Conchas, la vida se ha “deteriorado gravemente”: ven en riesgo su salud, temen beber agua de los pozos, y a partir de junio, cuando aprieta el calor, no pueden abrir las ventanas porque el aire es hediondo y dañino. También advierten de que algunas aguas de abastecimiento municipal están contaminadas. Los demandantes acusan a los organismos responsables de infringir la legislación estatal y europea por la falta de control sobre el tratamiento que debe darse al exceso de purines y gallinaza. El estiércol siempre se ha empleado como abono, pero aquí se produce mucho más del que pueden absorber los campos. Los estudios revelan que el acuífero está contaminado por nitratos hasta niveles “no potables”, y aguas abajo, en el pantano, las repetidas afloraciones de cianobacterias que tiñen de un intenso verde la superficie revelan un proceso de eutrofización y “acumulación de bacterias fecales, incluidas algunas resistentes a antibióticos”. Los grupos ecologistas que respaldan la demanda recuerdan que As Conchas ha llegado a ser uno de los embalses más contaminados por carga orgánica en Europa.

Los nitratos en el sistema digestivo “se reducen a nitritos”, alertan Amigas de la Tierra, CECU y ClientEarth, que a su vez “reaccionan con otros componentes de los alimentos y generan nitrosaminas, un agente cancerígeno reconocido por la Organización Mundial de la Salud”, que afecta al sistema digestivo. Además, entre las cianobacterias que crecen en As Conchas, “hay dos especies que generan toxinas muy peligrosas” para el hígado y el sistema nervioso. Si el Limia es la cloaca, el pantano es el desagüe al que van a parar “cantidades muy importantes de bacterias fecales, algunas resistentes a antibióticos”, según demuestra uno de los peritajes que sustentan la demanda. Las 120.000 unidades de ganado mayor (UGM, el cómputo que permite unificar animales de diferentes especies y tamaños) que se contabilizan en la zona son, sobre todo, unos dos millones de cerdos (aves, vacas o conejos aparte) y equivalen, según los científicos que han investigado para esta demanda, a una población humana de entre millón y medio y dos millones de personas. Esto demuestra que la contaminación del río no se explica por los habitantes de los pueblos, que aquí no suman más de 26.000 almas.

“Según los estudios realizados, se da un nivel extremadamente elevado de nitratos en las aguas del Limia, lo que supone un consolidado factor de riesgo para el bocio y el cáncer de tiroides, mama, ovarios, estómago, páncreas y vejiga”, alertan los grupos ecologistas que trabajan con los vecinos. “A su vez, los nitratos se han asociado al linfoma no Hodgkin y a la metahemoglobinemia”, una enfermedad de la sangre que puede ser mortal. La microcistina, una toxina documentada en los estudios del embalse, puede causar cáncer de hígado y colon si la exposición es prolongada y también se asocia a gastroenteritis, hepatitis y neumonía.

Un precedente en Galicia

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya falló anteriormente en contra de las pretensiones de una macrogranja y la supuesta manga ancha de la Xunta. A finales de 2021, la sala de lo Contencioso-Administrativo anuló la declaración de impacto ambiental favorable a una macrogranja suministradora del Grupo Coren, una de las mayores empresas cárnicas y de producción de huevos de España. Lo hizo después de que una familia vecina de Rairiz de Veiga (A Limia) se atreviese a enfrentarse a Goliat tras ver cómo la Xunta ni respondía a sus alegaciones. La autorización autonómica había permitido duplicar la capacidad de la nave de cría, en terrenos colindantes a los afectados, desde los 22.932 pollos hasta los 47.970 (un total de 287.820 aves en seis ciclos de cría al año). La información que manejaron los magistrados para su sentencia revelaba que una década antes ya se contaban en la comarca 350 instalaciones con cerdos y pollos, pero también con vacas y conejos.
Según el TSXG, el departamento de la Xunta encargado de velar por el medio no evaluó el impacto en las aguas, ni en las colonias de aves que habitan el paisaje protegido por la Red Natura, tal y como lleva denunciando décadas la Sociedade Galega de Historia Natural. Tampoco se preocupó por las personas del entorno, que ven vulnerado su “derecho a la salud”, a “disfrutar de un medio ambiente adecuado” e incluso a la “inviolabilidad del domicilio” por las pestilentes emisiones del “amoníaco, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y metano” de las granjas. Por no mirar, según la anterior sentencia, la Xunta no miró ni la desbocada situación en su conjunto: la contaminación y los efectos acumulativos de los residuos de tanta macrogranja como se ha ido autorizando durante años, en un paisaje donde la tierra ya no es capaz de digerir los vertidos de purín.

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