La amnistía militar

Ex comandante y ex militante de la UMD

Como resultado de varios días de tensas y apretadas negociaciones en la comisión parlamentaria nombrada al efecto, se ha obtenido un proyecto de ley conjunto de amnistía, con el consenso final de todos los grupos parlamentarios a excepción de Alianza Popular que no quiso participar en el debate. Así, pues, al fin tendremos la tan esperada e imprescindible amnistía que los representantes del pueblo, en las Cortes democráticas, sancionarán para cerrar un período de enfrentamientos y de injusticias motivados por la dictadura. En ella se recogerán todos los casos, aspectos y matices que se han producido en los años pasados (penales, laborales, civiles, etcétera), todos... excepto los de los militares demócratas que fueron sancionados por serio, tanto al principio (guerra civil) como al final del régimen desaparecido. Porque, y parece importante señalarlo, aunque se habla de excluir también a ciertos grupos terroristas, estos no figuran explícitamente en el proyecto de ley, por lo que su exclusión o no, dependerá de la interpretación de los jueces, mientras que de los militares separados del servicio se dice, expresa y terminantemente, que continuarán en la misma situación.

Creo que es también necesario aclarar que, para esos militares (entre los que me cuento), el proyecto de ley no es de amnistía sino en realidad de sanción. Efectivamente, los efectos de recuperación de libertad o de concesión de derechos pasivos a los que no los tuvieran por la ley ordinaria, ya habían sido concedidos por el decreto ley de julio de 1976, por lo que, el nuevo proyecto de ley sólo añade la ratificación de un castigo: la separación del servicio. Dicho de otra manera, los militares sancionados nos quedaremos como estábamos, pero con una trascendental diferencia: hasta ahora esperábamos, luchando por ello junto a otros muchos españoles, que llegara la verdadera amnistía, ya que todo lo anterior sólo habían sido concesiones parciales de los gobiernos de transición, mientras que ahora ¿qué podemos esperar si los representantes del pueblo soberano ratifican nuestra definitiva separación del Ejército?

Como demócratas de auténtica convicción no nos quedará en consecuencia más posibilidad que acatar la decisión parlamentaria, si la ley es aprobada, pero, por lo,mismo creo que tenemos, derecho a pedir que se nos expliquen las razones de ella. Sabemos que su origen ha estado en UCD, partido gubernamental. que sé ha mantenido irreductible durante las negociaciones, y también se ha dicho reiteradamente, incluso en la prensa, que la verdadera causa de todo ello era la presión ejercida por las Fuerzas Armadas contra cualquier posibilidad de reintegración en sus filas, de los militares condenados por sus ideas democráticas. Sin embargo, esto ha sido desmentido categóricamente, por el señor Suárez, que ha afirmado que a él no le ha llegado ninguna presión militar y que, en cualquier caso, nunca admite ninguna clase de presiones. Ante estas manifestaciones, por las que- nos felicitamos, sabiendo que nuestro poder ejecutivo es tan independiente en sus decisiones, no podemos, sin embargo, por menos que pedirle al señor presidente del Gobierno (que también lo es de UCD e inspirador, por tanto, de su política), que explique ante todo el país, las razones, sin duda objetivas y de justicia, pero desconocidas, por las que, es preciso discriminar en la amnistía a los funcionarios militares castigados.

Porque sinceramente, a mi no se me alcanzan ninguna de esas razones a pesar del detenido análisis que he hecho del caso. Para facilitar y simplificar la esperada aclaración de las causas excluyentes, enumeraré rápidamente las que aparentemente podrían ofrecerse, junto con los razonamientos que las invalidan.

En primer lugar, podría pensarse en la falta de antecedentes históricos de casos similares. En absoluto es así, pues, sin pretender ser exhaustivos, en nuestro propio país podernos citar multitud de situaciones, en los dos últimos siglos, de militares,combatientes,en guerras civiles o protagonistas de sublevaciones armadas, integrados posteriormente en los ejércitos contrarios: carlistas de las guerras civiles, artilleros enfrentados con el, general. Primo de Rivera, companeros de pronunciamiento del general Sanjurjo contra la Segunda República, etcétera, y no digamos nada de los múltiples casos de militares separados del servicio por discrepancias políticas o profesionales y reintegrados después en sus puestos, como por ejemplo, con motivo de las Juntas de Defensa. Y todo esto sin cambio de régimen político, pues los reingresos producidos, entre otros casos que se podrían citar, al proclamarse la República, de los militares encarcelados y exiliados por sus ideas republicanas, se realizaron de forma pública y notoria.

Otro motivo que podría aducirse, quizá fuera el problema de acoger en escalafones cerrados a un cierto número de funcionarios a los que sería difícil acoplar por falta de destinos. Nada, más falso. El grupo de militares separados más numeroso, es el de los que, sirvieron lealmente a la República y ninguno de ellos, por razones de edad, quedaría en situación de actividad, sino en la de retirado, reflejándose, por tanto, el reingreso únicamente en los aspectos morales, económicos (triénios, empleos reconocidos, etcétera) y asistenciales. El número del resto, formado por once miembros de UMD, cuatro alféreces expulsados de la Academia de Infantería, y algún otro caso, aislado, difícilmente podría ser considerado como un problema, cuando el total de generales, jefes y oficiales en activo supera, con mucho, los. 20.000. Pudiera también pensarse que el tiempo de apartarmiento del servicio activo hubiera mermado la capacidad y el hábito profesional, dificultando su identificación con el trabajo a realizar. En primer lugar, este no ha sido, obstáculo para la reincorporación a sus puestos de los funcionarios civiles amnistiados el pasado año, y como ya hemos visto por otra parte, los militares republicanos no plantearían siquiera el problema; por lo que respecta, al resto (UMD y otros), su separación del Ejército es reciente, de pocos años, por lo que ninguna capacidad han podido perder,y como es lógico, cualquiera de ellos estaría dispuesto a someterse a las eventuales pruebas que sus compañeros en activo pudieran haber sufrido en este espacio de tiempo (terminación de estudios para los alféreces expuIsados de la Academia, cursos,de ascenso, etcétera). Recuérdese que entre las situaciones legalmente posibles para un militar está la de supernumerario, que consiste, en el alejámiento total del servicio activo durante varios años para dedicarse a actividades civiles, y, desde, la cual puede recuperar su situación de destino militar sin más requisito que solicitarlo.

¿Acaso el motivo estaría en que los delitos a amnistiar fueron de carácter vengonzoso, nefando, criminal? ¿Quizá produjeron daños a terceros, supusieron, enfrentamientos violentos, cuestiones personales? En absoluto, pues aunque la calificación jurídica en casi todos los casos fue de rebelión, en la realidad práctica la -acción condenada, fue para los militares republicanos permanecer fieles, a su Gobierno, elegido democráticamente, y cumplir sus obligaciones profesionales; y para el otro grupo de militares, tener la idea de que el sistema político más adecuado es la democracia y procurar, difundirla por médios pacíficosentúe sus compañeros

¿Qué queda por anilizar para encontrar razones, de tan visible discriminación? ¿Los móviles quizá, del compromiso de todos estos hombres sinceramente demócratas? Pura y simplemente, defender la democracia amenazada o esforzarse en conseguirla. ¿Se puede entender entonces que sean apartados por el órgano representativo de ella, las Cortes? Pienso que no es una exigencia desmedida pedir al presidente del Gobierno, una explicación convincente de la inflexible actitud que los representantes su partido han mantenido en la comisión negociadora. Si a fortunadamente no ha sido motivada por presiones ajenas al Gobierno y a las Cortes, entiendo que la credibilidad, en sus propósitos democratizadores ganará sensiblemente con una exposición diáfana y objetiva de las causas que limitan el alcance de una amnistía tan largamente esperada.