La alternativa socialista: una opción plural

Miembro del Comité Central del PCE

La pasada crisis de gobierno y las expectativas ante el debate sobre política general en el Congreso contribuyen a estimular la polémica sobre la fórmula de poder más conveniente. Un artículo reciente de Mario Trinidad sostenía la viabilidad de la alternativa del PSOE en estos momentos junto a una visión crítica de las posiciones del PCE. Es indudable, por otra parte, la urgencia de acertar ahora con el tipo de gobierno que pueda abordar y resolver los graves problemas políticos y económicos con la finalidad de estabilizar la democracia: asegurar que el régimen democrático es una situación irreversible, que nuestro país encuentra después de siglo y medio los mecanismos institucionales que configuran una sociedad democrática y libre, hacer imposible la vuelta atrás reduciendo al aislamiento político a los sectores claramente insolidarios del proceso democratizador.

Estamos en una fase constituyente, de transición. Todavía no está aprobada la Constitución, hace falta cambiar los ayuntamientos mediante las elecciones municipales, estructurar los estatutos de autonomía. Hay que acometer la reforma democrática del sector público para que su actuación sirva al interés general; todavía el aparato del Estado responde a las características de la dictadura. Es la etapa de construcción de la democracia plena en condiciones singulares y en el marco de la crisis económica más grave desde hace veinte años. Parece evidente que la culminación de esa etapa sólo es posible con el acuerdo del conjunto de las fuerzas democráticas, que se ha de materializar en el consenso explícito ante un programa de transformaciones políticas y económicas. Es muy difícil que la gestión de ese programa políticos -los acuerdos de la Moncloa han sido un paso muy importante en ese sentido- pueda ser competencia exclusiva de un Gobierno UCD, fuerza minoritaria en el Parlamento y en la sociedad. Una de las razones principales para proponer un Gobierno de concentración democrática es precisa mente asegurar la coherencia entre el pacto político de las fuerzas democráticas mayoritarias y la posibilidad de su aplicación.

Por supuesto, el objetivo del Gobierno de concentración democrática para este período de transición se engloba en la política de concentración democrática. A pesar de las negativas y dificultades para formar el Gobierno de concentración democrática el PCE ha procurado ese compromiso político de mayoría democrática por diversos caminos: en el pacto de la Moncloa, en el proyecto de Constitución, en la ley Reguladora de las Elecciones Municipales, e impulsando el protagonismo de las fuerzas sociales, en particular de las centrales sindicales.

Los primeros avances en la convergencia de las corrientes democráticas desencadenaron la ofensiva y la presión de los segmentos más derechistas y oligárquicos, interesados en congelar el proceso democratizador y formar un gran bloque de derechas destinado a poner límites permanentes a las libertades políticas y reproducir el esquema de las dos Españas. Es conocido que esta campaña se ha apoyado en los me dios más conservadores de UCD ha contribuido al incumplimiento de capítulos relevantes del pacto (por ejemplo el Plan Energético Nacional) y ha conseguido romper el acuerdo general en puntos concretos del texto constitucional. Es tos hechos hacen más complejo todavía el proceso de consolidación de la democracia, hacen más necesario que los partidos de izquierda y progresistas muestren una capacidad de dirección para facilitar la convergencia de la gran mayoría del país, que quiere, sin duda, culminar el cambio democrático.

Se trata de perfilar el bloque democrático dominante que persigue la normalización democrática del país, y además hacer frente a la crisis económica. Es obligado restablecer la armonía entre la política democrática (medidas constituyentes y de cambio institucional) y la política de las cosas (la eficacia superior del sistema democrático para resolver los problemas socio-económicos), bandera esta última que en ningún caso se puede dejar a los sectores no democráticos. Las soluciones a la crisis política y a la crisis económica son inseparables; los trabajadores tienen que influir en las decisiones económicas para que haya un reparto real de los costes de la crisis y obtener reformas económicas básicas que también tienen un cierto carácter «constituyente» prefigurador de futuro.

La alternativa de poder del PSOE no responde a la necesidad de traducir, aquí y ahora, en fórmulas operativas parlamentarias y de gobierno, la mayoría democrática que existe en la realidad. Y la cuestión no es solamente la resistencia de los famosos poderes fácticos. Los sectores económicos que son contrarios a los acuerdos de la Moncloa serían, sin duda, la primera oposición. El problema está en que un Gobierno PSOE hoy puede catalizar el agrupamiento en torno a la gran derecha de fuerzas dispersas o indecisas que no se oponen a la democracia. La alternativa PSOE planteada como posibilidad inmediata produciría desplazamientos de signo negativo dentro de esos centros de poder importantes, que tendrían una referencia política en la gran derecha, donde podrían verse representados. Los poderes reales son realmente operativos si encuentran una mediación política para manifestarse. Con la actual correlación de fuerzas y el peso parlamentario insuficiente del PSOE, tales mecanismos producen de hecho la polarización prematura de la sociedad cuando las entidades democráticas no están asentadas todavía. Nos encontraríamos ante una situación de bloque político y, por tanto, en peores condiciones respecto a los poderes fácticos e institucionales.

Por el contrario, el Gobierno de concentración democrática despejaría la situación para la futura extensión y profundización de la democracia. El marco de una democracia que cuenta con la adhesión de los sectores mayoritarios del país, en cuyo nacimiento la contribución de la izquierda ha sido decisiva, favorece el avance de las ideas socialistas y de la alternativa socialista que en ningún caso puede confundirse con la alternativa de un solo partido. Quizá uno de los puntos más débiles de la alternativa de poder PSOE radique en que su formulación parece basada en la concepción vulgar del bipartidismo.

La política inmediata ha de responder a los intereses del pueblo, integrarse en la corriente democrática general e interclasista en presencia, y ser coherente con el proyecto revolucionario de una opción socialista plural. En la actualidad no es posible ni deseable proponer un frente de izquierdas por las mismas razones expuestas, sino un bloque democrático. Pero no se debe hipotecar hoy la futura y necesaria unidad de los partidos socialistas y progresistas, planteando la alternativa PSOE como el problema de un solo partido, resaltando los aspectos excluyentes de tal opción. La realidad y la historia dibujan un cuadro diversificado de los partidos que están por el socialismo, PSOE y PCE principalmente, y esa diversidad fundamenta la viabilidad de la alternativa socialista y favorece la total armonía entre libertad y socialismo, que para ambos es una posición de principio. Gobierno de concentración democrática y alternativa socialista son, pues, dos propuestas que no deben ser enfrentadas y sí articuladas adecuadamente en el corto y medio plazo del futuro de este país. Lo que falta es iniciar un debate abierto que ayude a esclarecer y aproximar las políticas respectivas.

Una última consideración. Es evidente que el Gobierno tiene la responsabilidad de no haber aplicado capítulos relevantes del pacto de la Moncloa, que trabaja mirando hacia la derecha, que ha empeorado su posición en el debate constitucional. Sin embargo, la operatividad de unos acuerdos públicos y solemnes de esa importancia se prueba en la eficacia de algunos puntos resueltos y, sobre todo, porque el Gobierno se ha visto obligado a prometer el cumplimiento de los pactos, que pasan a ser otra vez eje de la actualidad política. Si el PSOE hubiera volcado su peso político y parlamentario apremiando la materialización del pacto de la Moncloa, es muy posible que en estos momentos el horizonte político y económico fuera menos incierto y que los sectores derechistas hubieran encontrado más dificultades para enmendar el proyecto de Constitución.