¿Un plan energético?

EL CONGRESO de los Diputados cerró el sábado su temporada con la aprobación de un conjunto tedioso de resoluciones que el Gobierno debe poner en práctica para tratar de resolver la crisis energética. En las largas resoluciones hay más literatura que compromisos, más expediente de trámite que ideas interesantes y más ganas de levantar la sesión que de plantear en serio la situación de la energía.En general, sin embargo, todos han dado un suspiro de alivio al pensar que el Plan Energético Nacional ha conseguido superar la fase de tramitación administrativa y parlamentaria tras casi cinco años de elaboración y más de uno de estancia en el Congreso. El Gobierno ya no tiene excusa para comenzar a tomar decisiones que impidan que volvamos al candil y el gasógeno.

Las resoluciones sobre el Plan, que no tienen más fuerza que la moral para el Gobierno, son básicamente las propuestas por el partido en el poder, resultado de pactos con grupos de interés y que en algunos casos son incoherentes con todos los planes redactados por el Gobierno Suárez (tres en tres años) y con diferencias sensibles en lo fundamental entre ellos. El Plan se aprobó con los votos de UCD, Coalición Democrática y los de la Minoría Catalana. Los vascos, conseguido el Estatuto, hicieron mutis por el foro, incluso en el terna de la central nuclear de Lemóniz.

Lo que sus señorías aprobaron es variopinto y contradictorio. Realmente da lo mismo, porque este país se encuentra ahora con que tiene un presunto Plan Energético a diez años, pero no tiene aún un programa económico a diez meses. Resumiendo, no tiene plan de nada a ningún plazo. En los temas sustanciales no hubo acuerdo posible entre la derecha y la izquierda. Ni en el futuro del sector eléctrico, ni en la instrumentación del programa nuclear -cuántas centrales y cómo se controlan-, ni en la ordenación del sector petrolero nacional, hubo acuerdo.

La discusión tampoco tuvo gran altura. Los responsables de UCD situaron el debate en un cierto nivel político y obviaron cualquier razonamiento que no fuera el definitivo de los votos, que siempre les era favorable. Para marcar ese desinterés basta señalar que durante los debates nunca hubo más de cincuenta diputados de UCD, mientras que a la hora de votar superaban los 140.

Por la izquierda hubo algo más de altura técnica, por lo menos a la hora de pedir explicaciones y señalar contradicciones. UCD ha aprobado resoluciones en las cuales se mantiene el sector eléctrico tal y como está, aunque en el Plan (última redacción) se reconozca que hay que reforzar el control y eficiencia del mismo. En los pasillos, representantes del Gobierno señalaban a los periodistas qué, al margen de lo aprobado, en breve «se va a meter mano al sector eléctrico» y se van a hacer cumplir disposiciones viejas y otras de nueva planta sobre el tema.

El portavoz de UCD ante el Pleno pretendió decir que mantener la actual situación del sector eléctrico es garantizar la economía de mercado. Pero no dijo que en este sector los precios están controlados, la red de distribución estaba y estará controlada administrativamente, las inversiones requieren autorización previa, los emplazamientos y capacidad requieren permiso previo, los mercados están repartidos y la financiación discurre, en parte, por circuitos privilegiados. ¿Es esto economía de mercado? Suena a proteccionismo estatal de los intereses de determinadas oligarquías. Lo lógico sería situar el debate en el ámbito de qué sistema es más eficiente para garantizar el suministro de energía eléctrica a todos los españoles -de la ciudad y del campo, de la industria y la agricultura- y cuál debe ser el estatuto a que deben someterse. Esto, sin embargo, no es lo que se ha debatido en la Cámara.

Con respecto al tema nuclear hubo algo concreto, y fue la declaración favorable a esta alternativa por parte de todos los grupos parlamentarios. Pero luego no quedó nada claro que el programa actual de centrales nucleares sea el más adecuado y el más ajustado a nuestras necesidades. En el debate sobre el Consejo de Seguridad Nuclear, lamentablemente, no se llegó a un acuerdo de todos los grupos. La aceptación de UCD del derecho de veto del Parlamento a los nombramientos de responsables para el Consejo podría haber bastado a la izquierda, que parece, no obstante, obsesionada por hacer depender del Parlamento comisiones cuya competencia puede situarse en el ejecutivo. ¿Por qué tiene que depender del Parlamento el Consejo Nuclear y no el Banco de España o el INI?

El último punto conflictivo fue el del sector petrolífero, tema vidrioso y donde se mueven siempre enormes intereses que no suelen aparecer a la superficie. El Gobierno ha decidido mantener repartidas las competencias en este campo y es incomprensible que no se decida de una vez a concentrar sus participaciones y esfuerzos y superar las disputas «cuerpo a cuerpo » entre funcionarios de Hacienda y de Industria, y garantiza una gestión más eficiente en el sector.

Socialistas y comunistas creyeron apuntarse un tanto al conseguir que UCD retirara de su resolución la parte referida a la desmembración de CAMPSA y a la participación en la compañía de los refinadores nacionales privados. En realidad, el cambio es resultado, como siempre, de la presión de los grandes cuerpos de Hacienda, que no quieren perder influencía en una compañía tan importante como CAMPSA. Lo importante en este caso, así como en todas las empresas públicas del sector energético, es, como señaló el ministro Bustelo, conseguir que la empresa pública funcione con eficiencia. Que en CAMPSA estén presentes minoritariamente los refinadores privados parece mucho más razonable que la presencia, importante en el consejo y mínima en el capital, de grandes bancos, que precisamente no son los más introducidos en el mundo del petróleo. La cuestión -desde nuestro punto de vista- no es tanto que haya más o menos sector público cuanto que lo que ya es público esté bien administrado, sea eficiente y sirva a intereses generales.