Alianza Popular concreta las bases de negociación sobre el Estatuto Gallego

Alianza Popular (AP) presentó ayer una propuesta de negociación sobre el Estatuto de Autonomía para Galicia, con el fin de conseguir que «la carta regional sea básicamente aceptable para diferentes formaciones políticas, ya que el riesgo de rechazo del Estatuto, o el de un texto asumido en exclusiva por un solo partido, sería comprometedor para el futuro autonómico de Galicia». La opción aliancista se encuentra desarrollada en tres documentos: un anteproyecto de ley orgánica para delimitar las competencias que corresponderán al Estado y a la comunidad autónoma, un compromiso para reformar en el futuro el texto autonómico y, por último, la exposición de medidas a desarrollar en Galicia antes de la entrada en vigor del Estatuto.El apartado más destacable de la propuesta de AP es el proyecto de ley orgánica, en el que se tratará de aportar una solución a la obligación, contenida en la disposición transitoria tercera del Estatuto, de que las Cortes delimiten qué competencias, entre las compartidas, corresponderán al Estado y a la comunidad autónoma.

El proyecto de ley, que consta de diez artículos, enumera una serie de competencias que resultan afectadas por la transitoria tercera del Estatuto, y concreta en qué medida serán asumidas por la comunidad autónoma. Así, AP concreta que entre las competencias sobre ordenación territorial se entiende que Galicia asumirá todas las atribuciones que la ley del Suelo atribuye al Estado (con excepción del artículo 3.I a).

Igualmente, los representantes de Alianza Popular amplían en su proyecto de ley las competencias de la comunidad autónoma para la ejecución de la legislación del Estado, respecto a lo que figura en el Estatuto. Se ha añadido la capacidad de ejecutar la normativa sobre pesas, medidas y contraste de metales, así como las leyes que afecten al sector público estatal en el ámbito de la comunidad autónoma.

La propuesta negociadora de AP incluye un compromiso de abordar a posteriori una reforma del texto autonómico aprobado por la comisión constitucional del Congreso en noviembre último, sólo con los votos de UCD, y pendiente todavía de ratificación en referéndum. En este contexto propone estudiar la revisión de las circunscripciones electorales.

Por último, AP plantea la conveniencia de adoptar un conjunto de medidas legales, de carácter económico y previas a la entrada en vigor del Estatuto, destinadas a paliar «la grave deficiencia con que los sectores económicos gallegos han de afrontar el tránsito a la nueva situación de autogobierno». Estas medidas comprenderían el establecimiento de un plan bienal de inversiones del Estado, destinado a combatir el paro y la crisis de los sectores naval y pesquero, así como la depresión económica de las dos provincias interiores, por una cuantía aproximada de 290.000 millones de pesetas.

Entre las ayudas que se reclaman figuran además varias para mejorar las explotaciones agrícolas y medios para mejorar la infraestructura de Galicia, así como la potenciación de la educación preescolar en la zona rural, el replanteamiento de la red viaria del norte de las provincias de Lugo y La Coruña y la revitalización de los proyectos portuarios e industriales.