Aprobadas todas las ponencias menos la de estatutos

Poco después de las 21.00 horas, el pleno del II Congreso de UCD había aprobado la totalidad de las ponencias, elaboradas en quince comisiones distintas, salvo la de estatutos, cuya votación fue pospuesta. La totalidad de las ponencias, que en su primera redacción aportaban ya muy pocas novedades a las del I Congreso de UCD, han pasado por el pleno sin incidentes dignos de mención, salvo el provocado por una enmienda introducida en la ponencia de política familiar en contra del divorcio «por mero acuerdo ».Hasta ese momento el pleno transcurrió sin pena ni gloria y otro tanto sucedió una vez que quedó resuelta la cuestión de orden planteada por la enmienda sobre el divorcio. La atención de los compromisarios estuvo centrada a lo largo de todo el día en la discusión que se llevaba a cabo en la ponencia de estatutos y las negociaciones paralelas en busca de un acuerdo.

Por las modificaciones del contexto internacional habidas entre uno y otro congreso de UCD había despertado cierta atención la ponencia de exteriores, que ha quedado reducida a declaraciones generales de intención sin precisión alguna. Se ha eliminado de la misma la alusión al ingreso de España en la OTAN para antes de 1983, lo que ha sido interpretado por algunos observadores como una involución y un freno a la derechización exterior del partido

No obstante, el presidente de la ponencia y secretario de relaciones exteriores, Javier Rupérez, afirmó que, a pesar de la supresión de fechas, se mantiene unánimemente la opción OTAN e incluso comentaría en privado que habría de estar atento a los próximos meses.

Rupérez justificó la generalidad y falta de precisión de las líneas maestras y de los temas concretos de la acción exterior como una consecuencia de la situación de interinidad en que vive el partido y el Gobierno, dando a entender que habrá que esperar a la constitución de los nuevos órganos rectores de UCD y a la formación del equipo de Calvo Sotelo para saber a qué atenerse.

En la ponencia de política territorial se introdujo como principio nuevo a tener en cuenta en la ejecución de la política autonómica el de la singularidad de cada territorio. También se acordó que dentro del principio de homogeneidad, como marco de referencia final, se subordine el desarrollo del proceso a la voluntad de cada comunidad.

Por lo que respecta a la ponencia de información, cabe decir que sufrió menos modificaciones de las que, en principio, hacía suponer la oposición que esta ponencia encontró en determinados niveles profesionales. La ponencia reafirma el derecho a la información como un principio básico de toda democracia y establece que el derecho a la libertad de expresión debe quedar limitado estrictamente por los derechos de la persona. Se pronuncia en favor de la derogación de la actual ley de Prensa, aunque a lo largo de sus páginas llega a proponer como necesaria la elaboración de cuatro leyes referidas a la información. La ponencia reconoce que los únicos órganos de autocontrol de la información residen en la empresa, el periodista y el público.