Los 365 días de Calvo Sotelo

AYER HIZO un año que Leopoldo Calvo Sotelo fue investido como segundo presidente de Gobierno de la etapa democrática. abierta por la Constitución de 1978. Obligado a pasar un segundo examen al no haber obtenido la mayoría absoluta de los sufragios de los diputados en la primera vuelta, el golpe de Estado frustrado del 23 de febrero, si bien retrasó en dos días su nombramiento, le permitió conseguir, en cambio, la mayoría absoluta de los votos de la Cámara. Pero el asalto al Congreso no influyó tan sólo en el bautismo del nuevo presidente, sino que también ha marcado profundamente, con su recuerdo y con los temores a su repetición, los doce meses de vida pública transcurridos desde entonces. Aunque el jefe del Ejecutivo insista en un juego de palabras y se recree en la ilusión de su democracia vigilante, la gran mayoría de los españoles continúa sintiéndose, muy a pesar suyo, en una democracia vigilada.Nadie puede desdeñar la magnitud y la gravedad de los desafíos que aguardaban, el 25 de febrero de 1981, al recién electo jefe del poder ejecutivo, cuya aceptación de la presidencia del Gobierno para realizar tareas muy distintas a las que el Comité Ejecutivo de UCD y el congreso de Palma le habían encomendado le hizo acreedor de, merecidos elogios. El hombre escogido por sus pares -con el cualificado voto del dimitido Adolfo Suárez- para administrar la crisis económica, capear las tensiones internas del centrismo y coordinar la política estatal hasta la convocatoria de unas elecciones generales se vio abocado, de la noche a la mañana, a desempeñar la presidencia del Gobierno en una crispada y tensa situación de cuyo adecuado tratamiento dependían nada menos que la supervivencia de la Monarquía parlamentaria, el régimen de libertades y las instituciones democráticas. La carga de esas responsabilidades históricas, nada codiciables, ha tenido el contrapeso de una colaboración decidida de la oposición. Sin el apoyo activo, en algunos terrenos, y la neutralización pasiva, en otros asuntos, de Felipe González y el PSOE, Calvo Sotelo no hubiera durado quizá demasiado tiempo en la cabecera del banco azul. Si la estrategia de acoso y derribo utilizada por los socialistas contra el presidente Suárez desde la primavera de 1980 hubiera sido aplicada contra su sucesor, los estragos de la ofensiva habrían sido seguramente irreparables. Por supuesto, Felipe González no ha actuado así por generosidad, sino por el convencimiento de que un jaque mate al presidente del Gobierno antes del juicio del 23 de febrero hubiera puesto fin probablemente a la posibilidad de seguir jugando dentro de las reglas democráticas.

De esta forma, buena parte de los méritos registrables en estos doce meses se deben tanto a la colaboración o a la discreción de los socialistas -y de otros partidos de oposición, según los casos, como el comunista y las minorías nacionalistas- como a los propios aciertos del presidente del Gobierno. Los pactos autonómicos y los acuerdos económicos han sido, obviamente, obra de las dos partes implicadas en la negociación. La paz social de los últimos meses, vinculada con el ANE pero también con el temor al desempleo y a la amenaza golpista, es una de esas valiosas ayudas prestadas al Gobierno desde la sociedad, el mundo sindical y la oposición parlamentaria. El ingreso de España en la OTAN, cuestión que el Gobierno insistió en plantear con grandes prisas e insuficiente debate, pese a las conflictivas repercusiones que esa medida necesariamente produciría en sus relaciones con los socialistas, no cortó la estrategia de concertación en otros terrenos con el PSOE, que mantuvo, por lo demás, su protesta dentro de las fronteras de la prudencia y la cautela. Ni siquiera un escándalo tan grave y doloroso como el envenenamiento masivo por aceites adulterados, en cuya importación y comercialización la Administración pública descuidó sus tareas de vigilancia y control, recibió de la oposición parlamentaria el tratamiento crítico que hubiera sido inexcusable en un sistema de democracia consolidada. Y se saldó con una ridícula reforma gubernamental en la que los ministros aparentemente más responsables incluso resultaron premiados con ascensos.

El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo ha presidido también un apreciable reflujo de las actividades terroristas, consecuencia en parte del buen trabajo policial de esta y anteriores etapas. En este relativo debilitamiento de las distintas ramas de ETA también ha influido de manera decisiva el aislamiento social de los terroristas, resultado a su vez de la estrategia autonómica que arranca de la aprobación del Estatuto de Guernica y que ha tomado cuerpo con la puesta en funcionamiento de las instituciones vascas de autogobierno.

La gravedad de la crisis mundial y los males arrastrados desde hace muchos años por nuestra economía impiden hacer sangre con los pobres logros alcanzados en ese terreno por la política gubernamental, injustificadamente lanzada, sin embargo, a hacer la loa de sus improbables aciertos. Dos millones de parados, el estancamiento del producto interior bruto (PIB), el descenso de la renta per cápita y el incremento de las diferenciales respecto a las tasas de inflación europeas difícilmente pueden anunciarse con himnos triunfales, sobre todo si se recuerda que la ineficiencia y los despilfarros de la Administración pública, cuya reforma parece tan inalcanzable como el vellocino de oro, incrementan el déficit e impiden desviar hacia la inversión productiva la parte desperdiciada en gastos corrientes. En política exterior, el Gobierno, tras la aprobación del Parlamento a nuestra entrada en la OTAN, parece sumido en la melancolía del cumplimiento.

Así como el naufragio de UCD en Andalucía, el País Vasco y Cataluña en los primeros meses de 1980 fue endosado, con razón, a la pérdida de imagen de Adolfo Suárez, el estrepitoso fracaso de los centristas en Galicia también implica, de forma directa, a Leopoldo Calvo Sotelo, que tuvo que contemplar el triunfo de Alianza Popular hasta en el propio Ribadeo. La crisis ministerial del pasado diciembre dejó al Gobierno más o menos como estaba, seguramente por la incapacidad de su presidente para encontrar una solución alternativa menos mala y disgregadora. Aun así, el partido del Gobierno ha sufrido en las últimas semanas la escisión, por su derecha y por su izquierda, de un número apreciable de diputados, entre ellos tres ex ministros y el ex portavoz del grupo parlamentario. Esa ruptura por las dos alas, la socialdemócrata y la conservadora, apunta a las dos alianzas posibles de UCD tras las próximas elecciones: un acuerdo de legislatura y de gobierno con el PSOE o un pacto de la misma naturaleza con la coalición de Manuel Fraga.

Leopoldo Calvo Sotelo, en cualquier caso, ha dado muestras hasta ahora de su decisión de cumplir la palabra dada a la opinión pública en lo que respecta a la duración de su mandato al frente del Gobierno. Esto no es poco, y demuestra un coraje político tanto más de agradecer cuanto que son moneda corriente los comentarios sobre la mediocridad de la gestión gubernamental. Su propósito de apurar al máximo la vida de esta segunda legislatura y su voluntad de no hacer el juego sucio de disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas antes de la conclusión del juicio del 23-F, que sólo se podrían celebrar en tales condiciones bajo el mandato del miedo, son una manifestación de honestidad. Porque la política militar de Leopoldo Calvo Sotelo, dentro de cuyas fronteras se inscribe el juicio contra los golpistas, pendiente aún de finalización y de sentencia, será la auténtica piedra de toque de su gestión al frente del poder ejecutivo y la cuestión fundamental que los historiadores tendrán en cuenta a la hora de interpretar y valorar su comportamiento como segundo presidente constitucional de la nueva España democrática.