Acció Cultural convoca una manifestación contra la política lingüística, del Gobierno

Los sindicatos de enseñanza y profesores pertenecientes a la coordinadora de Acció Cultural del País Valencià han convocado a partidos, entidades culturales y ayuntamientos a una manifestación el próximo lunes 5 de abril en Valencia para protestar por la política lingüística del Gobierno de la UCD y su delegación ministerial en Valencia.

Esta reacción surge, entre otros motivos, por el incidente provocado por una inspectora del Ministerio de Educación y Ciencia (Véase EL PAIS 24 de marzo) que obligó a los alumnos de la agrupación escolar mixta Primo de Rivera de Barx, en la comarca de La Safor, a hablar castellano "durante la jornada escolar, incluidos los recreos". La Safor es una de las comarcas más característica de las zonas valencianoparlantes del País Valenciano.La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEPV) y CC OO de la enseñanza, así como la Coordinadora de Enseñantes de Acció Cultural, todos ellos firmantes de la convocatoria, han denunciado la no aplicación en el sistema escolar valenciano del decreto de bilingüismo aprobado en agosto de 1979. Para los enseñantes, el incidente de Barx "refleja la voluntad antivalenciana de los representantes del Gobierno de Madrid".

La comisión de Cultura del Ayuntamiento de Valencia aprobó una moción de apoyo a la gestión emprendida por los maestros del centro Primo de Rivera "ya que el derecho de todos los niños a ser educados en su lengua materna es un principio inalienable de la pedagogía reconocida por todos los pueblos".

La Consejería de Educación respalda a la inspectora

Por su parte, la consejería de Educación del País Valenciano ha respaldado el fondo de la actuación de la inspectora Nieves Escamilla en una nota hecha pública por su gabinete de Prensa. La consejería considera que el oficio de la inspectora "en ningún modo prohíbe la utilización de la lengua valenciana en cualquier actividad sin carácter oficial", y niega que la inspectora haya actuado como portavoz "de un determinado partido o tendencia política".La consejería respalda su actuación, si bien estima que alguna expresión del oficio "pudiera dar pie a una interpretación desafortunada", porque aplica la actual ordenación de la enseñanza del valenciano. La consejería lamenta el retraso de la puesta en marcha de la enseñanza del valenciano en las escuelas, pero considera que este retraso no es de su única y exclusiva competencia. La razón profunda, según la consejería, "son las trabas y dificultades que se oponen a la consideración de la lengua valenciana sin mixtificaciones, como propia y diferenciada y con una normativa que salvaguarde su sustantividad, frente a la campaña organizada a distintos niveles para sustituir en las escuelas la lengua valenciana por el catalán".