Por un gran acuerdo nacional en la enseñanza

Los principios básicos del pacto escolar belga, que constituye desde entonces el paradigma de buen acuerdo en la materia, son los siguientes: democratización de la enseñanza e igualdad de oportunidades, lo que implica. la gratuidad de aquélla. Derecho de elección del centro por parte de los padres de familia, ejercitable mediante la subvención del Estado a todo centro no estatal que cumpla las condiciones impuestas por la ley. Libertad pedagógica de los centros privados de enseñanza y derecho de iniciativa del Estado para la apertura de escuelas públicas en todos los niveles educativos.En 1959 fue promulgada en Francia la denominada ley Debré, que vino a reconocer en la práctica la libertad de enseñanza, dotando, por primera vez, a los centros privados de los medios financieros necesarios para.ejercerla. Dicha norma, completada y ampliada en 1977 por la ley Guermeur, estableció una pacífica coexistencia entre la enseñanza pública y la privada, que se ha visto alterada con el reciente acceso al poder del partido socialista. No obstante, la reacción y movilización de los sectores católicos de la enseñanza,ha parw lizado, al menos momentáneamente, la aplicación práctica del propósito electoral expresado por el partido del señor Mitterrand de crear "el gran servicio público unificado y laico de la educación nacional".

Bélgica y Francia no agotan, por supuesto, el repertorio de países que han asumido positivamente la existencia de un sector privado en el ámbito de la educación, y que han hecho viable el ejercicio de la libertad de enseñanza. Países de profunda tradición democrática y de inequívoco carácter laico y aconfesional han resuelto desde hace mucho tiempo el tema de la enseñanza privada.

Así, en Holanda, las escuelas privadas, integradas en el servicio nacional de educación, conservan la integridad de su carácter específico y su propia organización, estando todos sus gastos "anciados por el Estado. En Dinamarca el Estado concede subvenciones para la construcción y para los gastos de funcionamiento de los centros privados, y en Austria financia gran parte de sus gastos generales.

En este panorama, ¿cuál es la situación española? El artículo 27 de la Constitución reconoce la libertad de enseñanza y establece que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de, acuerdo con sus propias convicciones. Reconoce, igualmente, a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros, dentro del respeto a los principios constitucionales, y, tras referirse a los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, al señalar que los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de los niismos, establece que los poderes públicos ayudarán a los centros, docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Tan inequívocas declaraciones constitucionales no han tenido, sin embargo, un reflejo correlativo en la realidad sociopolítico de nuestro país. Efectivamente, cuando en 1980 se debatió en las Cortes el Estatuto de Centros Docentes, se alcanzaron momentos de gran conflictividad, y la tensión entre quienes defendían dicho texto legal y quienes se oponían al mismo alcanzó máximos niveles.

Más recientemente, con motivo de las elecciones al Parlamento andaluz, se reprodujeron los enfrentamientos y, se radicalizaron las posturas de los partídarios y los detractores de la enseñanza privada. Desde otra perspectiva, la articulación de competencias en materia educativa entre el Estado y las comunidades autónomas, singularmente en el caso de aquellas de carácter bilingüe, ha venido a incorporar un nuevo elemento de perturbación a la necesaria armonía y serenidad que deben rodear el hecho educativo.

Por todo ello, y en vísperas de la próxima campaña electoral, parece oportuno formular ahora una invitación a todos los partidos políticos, y a las fuerzas sociales que representan, para tratar de establecer un gran acuerdo nacional en materia de enseñanza que sustraiga los temas educativos de la contienda electoral y de los avatares políticos.

Contenido del acuerdo

Evidentemente, no se trata aquí de precisar cuál habría de ser el contenido de dicho acuerdo, pero pueden esbozarse algunas de sus líneas maestras. En síntesis, entiendo que el núcleo radicaría en algo aparentemente tan simple como la aceptación por parte de los partidos de izquierda de una realidad: la existencia de un sector privado de la enseñanza, cuya presencia en el ámbito educativo oscila entre el 3,5% en el nivel universitario y el 46% en formación profesional, pasando por el 44,9% en- preescolar, el 36,2% en EGB y el 34,2 en BUP.

Naturalmente, asumir dicha realidad implicaría la voluntad de garantizar su subsistencia y su armónica coexistencia con el sector público, propiciando que el derecho constitucional a la gratuidad de la enseñanza pueda ser ejercido por las familias a través de la libre elección de un centro público o de un centro privado, mediante el adecuado sistema de financiación de éstos.

El acuerdo afectaría también a la determinación de los mecanismos de participación en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos y a la inspección a que habrían de ser sometidos por Parte de los poderes públicos. Desde la perspectiva autonómica, el acuerdo habría de extenderse a una serie de medidas que, preservando estrictamente las competencias y peculiaridades de las comunidades autónomas, garantizasen la unidad fundamental del sistema educativo español.

El reto es importante, pero sus potenciales beneficios justifican sobradamente que se, intente afrontarlo. Hacer viable el ejercicio de los derechos constitucionales; conjugar los esfuerzos de todos en pro de la escolarización de los españoles y de la elevación del nivel de calidad educativa; establecer un sistema educativo acorde con el Estado de las autonomías y, principalmente, evitar todo riesgo de trasladar a los centros escolares y, en última instancía, a los alumnos las diferencias y los conflictos políticos constituyen algunos de los logros que podrían ser alcanzados.

Todo ello será posible si los partidos políticos y las fuerzas sociales. actúan con generosidad y con visión de futuro, haciendo desaparecer sus recelos y desconfianzas, renunciando a maximalismos y a posiciones radicales y tratando de encontrar un espacio de aproximación y de común entendimiento.