Aplazadas las mociones a la ley que regula la utilización del trasvase Tajo-Segura

El director general de Obras Hidraúlicas, José Miguel Hernández, y los encargados del área de Obras Públicas y Urbanismo de las comunidades de Castilla-La Mancha, Amando García, Extremadura, Juan Serna, Murcia, Juan José Parrilla y Comunidad Valenciana, Vicente Llombart, en la reunión mantenida ayer en Madrid, en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, acordaron retrasar las modificaciones, que propugna Castilla-La Mancha, a la ley del trasvase Tajo-Segura hasta que esté terminado un conjunto de leyes sobre aprovechamiento del agua.

Este paquete legislativo que está elaborando la Administración consta principalmente de la ley de aguas, cuyo borrador será distribuido a las comunidades autónomas a principios de octubre, el estatuto de configuración hidrográfica y los planes hidrológicos de las respectivas cuencas, que serán terminados el año próximo, y las leyes complementarias de estas normas.Las modificaciones a la ley que regula el trasvase y las actuaciones urgentes que se vayan realizando hasta la definitiva aprobación de esta ley serán estudiadas en las reuniones periódicas que mantendrán los responsables de las comunidades afectadas y la Administración central, así como en la discusión de los planes hidrológicos en la que también participarán las comunidades autónomas. El proyecto de nueva regulación del trasvase, presentado por Castilla-La Mancha no fue discutido porque todos los participantes en la reunión estuvieron de acuerdo en que el momento es prematuro ya que se están redactando varios textos legales que afectarán, de modo fundamental, a la política del trasvase.

Comisión de seguimiento

El director general de Obras Hidraúlicas, señaló que el próximo día 16 se constituirá en Madrid la comisión de seguimiento de las obras de compensación de la cuenca del Tajo, que será la que fije definitivamente la lista de de obras de compensación a realizar en las comunidades autónomas afectadas, ya que algunas se están llevando a cabo individualmente, y será elevada al Consejo de Ministros por el ministro de Obras Públicas y Urbanismo.

Según José Miguel Hernández, el Gobierno anterior acordó una lista de obras de compensación, pero su régimen de financiación quedó pendiente en el último Consejo de Ministros presidido por el centrista Calvo Sotelo. Estas obras ascienden aproximadamente a 90.000 millones de pesetas y deberían estar terminadas en 1986, pero esto es imposible tanto técnica como económicamente, ya que hasta el momento sólo se han realizado o están en ejecución entre el 15% y el 20% de las previstas.

Amando García, consejero de Castilla-La Mancha, opina que la situación creada por el trasvase "Es el resultado de la falta de una normativa legal en la cuestión del agua".

Para el representante de la comunidad extremeña, lo más urgente es que las obras de compensación se empiecen a ejecutar, pues desde que la ley entró en vigor las realizaciones han sido muy escasas.