Las finanzas de los ayuntamientos

LA DECISIÓN de poner freno al gasto público y la necesidad de reducir el déficit presupuestario fuerzan al Gobierno de Felipe González a incumplir parcialmente algunos de los compromisos del programa electoral socialista, que precisan para su realización la correspondiente asignación de recursos. Si bien cabría formular una crítica retrospectiva de la excesiva alegría electoralista del PSOE a la hora de anunciar reformas que exigían una financiación por encima de las posibilidades presupuestarias, sólo la irresponsabilidad o la demagogia podrían hoy descalificar al Gobierno por sus esfuerzos orientados a salvar al Estado de la quiebra fiscal. El descubrimiento por los gobernantes socialistas de que la situación de la Hacienda española a finales de 1982 era peor de lo que habían sospechado mientras permanecían en la oposición ensancha aún más la brecha entre los proyectos deseables y los programas realizables. Las cuentas pendientes del grupo de Banca Catalana, la expropiación de Rumasa -cuya factura crece de día en día- y las catastróficas inundaciones del pasado mes de agosto limitan al máximo el margen de maniobra presupuestario del Gobierno y le obligan a rebajar drásticamente las generosas ofertas de la campaña electoral. Partiendo del dato inexcusable de que no hay más cera que la que arde, únicamente cabe analizar si la política presupuestaria de asignación de los recursos escasos posee racionalidad interna y respeta las prioridades básicas.Según informaciones oficiosas, los Presupuestos Generales del Estado para 1984 destinarán tan sólo 35.000 millones a sufragar los déficit acumulados por los ayuntamientos entre 1979 y 1982, pese a que el ministro de Administración Territorial había anunciado en el Senado durante el pasado mes de febrero, cuando las elecciones locales se perfilaban en el horizonte, el compromiso del Gobierno de absorber, entre 1983 y 1984, la totalidad de esa deuda, estimada en 100.000 millones de pesetas. Matizaciones oficiosas posteriores, seguramente aconsejadas, por el Ministerio de Hacienda, rebajaron esa cifra a 70.000 millones de pesetas, frente a los 130.000 millones alegados por la Federación Española de Municiplos, que libró, durante la anterior legislatura, una dura batalla para conseguir que la Administración de UCD se Ibiciera cargo íntegramente de los déficit acumulados por los ayuntamientos.

Para frustración de las esperanzadas corporaciones democráticas, los Presupuestos Generales del Estado de 1983, aprobados en la pasada primavera de este año, no incluyeron partida alguna destinada a sufragar los déficit munlicipales. El Gobierno, no obstante, preparó un proyecto de ley de medidas urgentes de saneamiento y regulación de las haciendas locales que se comprometía a asumir, la totalidad de esos déficit. El proyecto, remitido a las Cortes Generales hace tres meses, impone muy duras condiciones a los ayuntamientos deseosos de liberarse de sus deudas, entre ellas la nivelación desde este año de sus presupuestos, el aumento de sus impuestos y congelaciones de plantillas y sueldos. Los ayuntamientos españoles comenzaron así a preparar sus cuentas para el próximo ejercicio en el convencimiento de que los Presupuestos Generales del Estado de 1984 consignarían partidas para absorber la totalidad de sus déficit. Pero la noticia oficiosa de que la dotación destinada en los presupuestos de 1983 para afrontar los déficit municipales será rebajada a 35.000 millones ha provocado en los ayuntamientos una nueva decepción. A las corporaciones locales sólo les resta ya la esperanza de que los presupuestos de los años 1985 y 1986 absorban la totalidad de la deuda, tal y como el ministro de Administración Territorrial ha prometido.

Simultáncamente, también se anuncia oficiosamente que la participación de las corporaciones locales en los Presupuestos Generales del Estado de 1984 será del 7,2%, frente, al 8% en los de 1983, de forma tal que la asignación jocibal a los ayuntamientos españoles, según estimaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, se situará en torno a los 234.000 millones. Sin embargo, el programa electoral del PSOE propugnaba que la participación de la Administración local en los Presupuestos Generales del Estado alcanzase el 12% porcentaje inferior al que suele darse en la gran mayoría de los países europeos. Antes de alcanzar la mayoría parlamentaria, y cuando los socialistas ocupaban el poder en gran número de los ayuntamientos españoles, el PSOE defendió con entusiasmo la autonomía política y económica municipal. La Federación Española de Municipios y Provincias lanzó una enérgica campaña frente al Gobierno centrista para exigir que las Cortes Generales debatiesen y aprobasen la ley básica de Régimen, Local y la ley de Financiación de las Haciendas Locales, los dos instrumentos normativos sobre los que debe asentarse la autonomía política y financiera de los ayuntamientos españoles. Pero el retraso en la elaboración de los proyectos legislativos y el bajo porcentaje de gasto público asignado a las corporaciones locales muestran las inevitables diferencias que hay siempre entre lo pintado y lo vivo.

En cualquier caso, la rumoreada reducción tanto de las sumas destinadas a amortizar el déficit municipal acumulado como de la participación de los ingresos locales en los Presupuestos Generales del Estado -medidas comprensibles en términos hacendísticos, pero lesivas, para las corporaciones- no sólo incumple uno de los compromisos electorales del PSOE, sino que además asesta un duro golpe a las ya malparadas economías de los ayuntamientos españoles, que se verán obligados a endeudarse más y a aumentar la presión impositiva sobre los ciudadanos. Paradójicamente, la honestidad de la política restrictiva del gasto público del Gobierno le ha llevado a castigar especialmente a las corporaciones municipales de mayoría socialista, ya que la abstinencia presupuestaria en el ámbito local obligará a los alcaldes del PSOE de las ciudades con mayor déficit (en especial, Madrid y Barcelona) a pagar un elevado coste político por las medidas impopulares que la escasez impone. En todo caso, parece razonable la propuesta de la Federación Española de Municipios de que el Gobierno, a través del Banco de Crédito Local, habilite líneas de crédito para los ayuntamientos más endeudados a cuenta de las partidas que vayan a incluirse en los Presupuestos Generales del Estado de 1985 y 1986.