Unánime protesta de los apuntamientos

Los ayuntamientos afectados por la posible supresión de parte de las líneas ferroviarias, se han mostrado unánimemente contrarios a la desaparición de los tramos de La Pobla y Puigcerdá. La oposición e este proyecto se ha expresado tanto a través de declaraciones de las corporaciones como en las respuestas a una encuesta oficial remitida por la Delegación del Gobierno en Cataluña.Los consejos de montaña de las comarcas Pallars Jussá y Pallars Subirá, así como los Grupos del Alto Pirineo (GAP), consideran "contradictorio" que en el momento en que se encauza por primera vez una política de montaña con objetivos de potenciación y enderezamiento de estas comarcas, surja una propuesta de eliminación "de uno de los servicios, el ferrocarril, que puede contribuir a la normalización de estas áreas". La legislación vigente, tanto estatal como autonómica, referida a las áreas de montaña (Ley de Agricultura de Montaña y Ley de Alta Montaña), responden al mandato constitucional (artículo 130) y al estatutario (artículo 9) y establecen un tratamiento especial, adoptado con la intención de superar los desequilibrios territoriales existentes.

Los ayuntamientos y grupos consultados coinciden en señalar que la alternativa de sustituir el ferrocarril por el transporte de carretera no representa una compensación real, debido a las dificultades prácticas que este tipo de comunicación plantea (puertos de montaña, así como hielo y nieve en buena parte del año). Asimismo, el mal estado de las carreteras es también constatado por los ayuntamientos consultados, que ven en el ferrocarril una forma de subsanar las deficiencias del conjunto de la red viaria.

Junto a estos problemas, la desaparición de las líneas iría en contra del turismo, del comercio y, en menor escala, de la industria de sus respectivas comarcas.