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Tous, un juicio atípico

Sólo si es condenado algún procesado, los afectados por las inundaciones de 1982 podrán cobrar indemnizaciones

El llamado proceso de Tous, cuya vista oral se inició el pasado lunes ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia y está previsto que concluya el 1 de abril, presenta unas características que lo convierten en un hecho judicial especialmente singular. Cuatro ingenieros del Ministerio de Obras Públicas están procesados por imprudencia temeraria con resultado de muertes y daños en relación con la rotura de la presa de Tous, el 20 de octubre de 1982, a causa de fuertes lluvias torrenciales. Sólo si alguno de ellos es condenado, el Estado será responsable subsidiario y habrá de indemnizar a los afectados que hayan reclamado judicialmente.

Se trata de un asunto en el que están en juego miles de millones de pesetas y no tanto el deseo, por parte de los afectados y los abogados que los representan, de que alguien vaya a la cárcel. Las inundaciones de 1982 en varias comarcas valencianas causaron nueve muertos, un desaparecido -al que se supone muerto porque no ha sido hallado- y cuantiosos daños en el campo y en diversas poblaciones, entre ellas Alzira y Carcaixent.Los afectados son 21.000. El primer juez instructor del sumario de Tous, Gustavo Solaz Lita, fijó en 200.000 millones de pesetas las pérdidas totales. La acusación particular en nombre de las principales asociaciones de afectados y de la empresa Transfesa, dirigida por José Ramón Casabó, las calculó en 125.000 millones. Este grupo de afectados, que son unos 7.000 en total, reclaman unos 17.000 millones de pesetas.

Otro afectado importante es el industrial Luis Suñer, que solicita 3.500 millones de indemnización por los daños en sus empresas Papensa, Cartonajes Suñer, SA, Mogesa y Luis Suñer, SA, y está representado por el abogado Adolfo Ortuño. Por su parte, el Ayuntamiento de Carcaixent pide, a través de su abogado defensor, Manuel del Hierro, la cantidad de 8.000 millones de pesetas. En los bancos de la acusación están representadas 32 partes acusadoras diferentes por un total de 14 abogados.

Con el extenso sumario -20.000 folios en siete tomos- y la vista, que se celebra cuatro años y medio después de las inundaciones, se pretende dilucidar qué importancia tuvo el que la presa de Tous reventase y dejase salir bruscamente los 70 hectómetros cúbicos (millones de metros cúbicos) que contenía debido a la presión de una fortísima riada. Y no sólo eso, sino -y fundamentalmente- si fue o no un error humano lo que provocó el derrumbamiento, bien por defectos de proyecto, bien por irresponsabilidad en las medidas de seguridad que se aplicaron.

Cálculo superado

Las inundaciones se produjeron el día 20 de octubre de 1982, y diversos estudios coinciden en señalar que sobrevino una riada de 9.000 metros cúbicos por segundo. La presa estaba calculada para una posible avenida máxima de 7.000 metros cúbicos por segundo, que es lo que corresponde a los cálculos que se habían realizado sobre un período de 500 años. Si hay algo evidente es que la naturaleza los desmintió. Y no deja de ser curioso que la nueva presa de Tous que será construida está calculada para una avenida de 26.000 metros cúbicos por segundo, cuya posibilidad de sobrevenir se puede decir que es totalmente nula.Cuando se produjeron las inundaciones -fenómeno que, por otra parte, es endémico en la zona-, muchos habitantes de los enclaves afectados señalaron que el Júcar -cuyo nombre, puesto por los árabes, significa El devastador- no se había desbordado por las zonas habituales, quizá por la rotura de la presa. Ello causó sorpresa y provocó en determinados lugares daños por falta de previsión.

Los procesados son Jesús María González Marín, Salvador Madrigal, Román Guerrero y Florentino Santos. El primero, que cuenta 42 años de edad en la actualidad, era ingeniero técnico a pie de presa por parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) cuando se produjeron los hechos. Actualmente trabaja en el departamento de Recursos Hidráulicos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Generalitat Valenciana, tras haber solicitado ser transferido a la Administración autonómica.

Salvador Madrigal fue ingeniero director de la presa por el MOPU entre 1973 y 1981. Además, fue el autor del proyecto definitivo, que incorporó modificaciones sobre el original, que era de aliviadero de labio fijo, sin compuertas, al demostrarse inoperante en las pruebas a escala reducida. Tiene 51 años y actualmente es ingeniero jefe de la Sección Segunda del Departamento de Infraestructura Hidráulica, Proyectos de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

De baja

Florentino Santos, de 50 años de edad, detentaba, entre otras responsabilidades en el MOPU, la de ingeniero director de la presa de Tous. Según declaró, el 20 de octubre de 1982 se encontraba de baja debido a una dolencia renal, pero sus superiores no tramitaron la baja para evitar que perdiese percepciones salariales. Aquella mañana pasó casualmente por el ministerio y se reincorporó de forma inmediata al conocer la situación. Actualmente es subdirector de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y catedrático de Obras Hidráulicas.Román Guerrero era jefe del servicio de Riegos y Defensas de la Dirección General de Obras Hidráulicas del MOPU cuando se produjo la inundación. Tiene ahora 64 años y es jefe de Infraestructura Hidráulica de la Subdirección General de Proyectos Hidráulicos.

La principal acusación particular, que es la que representa a las asociaciones de afectados, solicitó desde un principio el procesamiento de estos cuatro técnicos, pero el juez instructor únicamente decidió procesar a González Marín y a Salvador Madrigal, de acuerdo con lo solicitado por el ministerio fiscal. Fue la Sección Tercera de la Audiencia la que decretó los procesamientos de Santos y Guerrero.

Pese a las críticas que recibió la Administración por la falta de previsión en las evacuaciones y las consignas de tranquilidad cuando la situación era grave, no se pidió el procesamiento de responsables gubernamentales. No obstante, el entonces presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el que era gobernador civil de Valencia, José María Fernández del Río, prestarán declaración como testigos.

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