Los 38 defensores protestan por la decisión dé comenzar los careos sin terminar la declaracion de los procesados

El tribunal del juicio sobre el síndrome tóxico ha elaborado una resolución, comunicada ayer a la sala, en la que fija el comienzo de los careos para el momento en que concluya la declaración del acusado Ramón Alabart, almacenista tarraconense de aceites comestibles que compró supuestamente la colza industrial a Enric Salomó para distribuirla hacia el consumo humano. Los 38 abogados de la defensa protestaron unánimemente esta decisión del tribunal, al entender que los careos deben producirse cuando terminen de declarar todos los procesados, de modo que esa prueba no influya en el resto de los testimonios. Los defensores aseguraron que se ve la "clara intencionalidad de dar por sentada la tesis acusatoria".

El presidente del tribunal, José Antonio Jiménez Alfaro, de 56 años, leyó a las 9.30 de ayer, al comienzo de la sesión, el acuerdo del tribunal. El texto, de dos folios, fija los careos para "tan pronto termine el examen del procesado Ramón Alabart". Este aceitero, de 43 años, amigo de Salomó y para quien el fiscal pide también más de 10.000 años de cárcel, comenzó a declarar ayer una vez que terminó el interrogatorio del industrial de Reus. Es previsible que su intervención concluya el miércoles, por lo que en esa fecha comenzarían los careos.El tribunal ha dispuesto que el primero de ellos enfrente a Juan Miguel Bengoechea, copropietario de Rapsa, sociedad que importó la colza industrial, con Ramón Ferrero, uno de los dueños de Raelca, empresa que compró ese producto y lo distribuyó para el consumo humano. Los otros dos careos que se producirían a continuación contarán con Bengoechea como una de las partes, y le enfrentarán respectivamente con el intermediario Jorge Pich y con el delegado de Rapsa en Madrid, José Luis Garrote.

El acuerdo del tribunal incluye como segundo punto más importante la ordenación de las próximas sesiones: el ritmo de las declaraciones de los procesados hace imposible cumplir la fecha prevista del 4 de mayo para el inicio del interrogatorio de los testigos; pero ha de mantenerse La del 29 de junio señalada en la citación de los peritos extranjeros, por razones obvias. Por tanto, el tribunal tiene intención de que, antes de esa fecha, pasen por el estrado un grupo de 1.600 testigos (en total suman 2.500), a razón de 20 por día, para lo que "serán prolongados los horarios, e incluso aumentadas las sesiones" (hasta ahora sólo se celebran los lunes martes y miércoles).

El referido grupo de testigos será el formado por los enfermos del síndrome tóxico y familiares de fallecidos. Con este calendario, no obstante, resulta imposible que declaren los 1.600 testigos señalados, sino sólo cerca de 400. El tribunal espera seguramente que los abogados defensores y acusadores, ante el peligro de que se amplíen aún más las sesiones (ya han protestado por ello), retiren una buena parte de los testigos propuestos, cuyas respuestas pueden resultar muy reiterativas.

Finalmente, y entre otras cuestiones, el tribunal requiere a Jorge Pich que presente los documentos a los que se había referido en su interrogatorio.

Las defensas solicitaron un descanso de 10 minutos para responder a la decisión de los tres magistrados. Tras ese plazo, el abogado Jose María Serret, en nombre propio y de sus 37 compañeros, expuso el desacuerdo con la inminencia de los careos.

Violación constitucional

En su opinión, el hecho de ordenarlos antes de terminar el interrogatorio de todos los procesados "viola los artículos correspondientes de la ley procesal, que es la que garantiza la defensa, y, por tanto, se violan los artículos 14 y 24 de la Constitución española". "Puesto que las declaraciones de otros inculpados pueden dar lugar a la petición de otros careos", añadió Serret, "entendemos que el fijarlos ahora puede mediatizar las respuestas de otros procesados, con clara intencionalidad de dar por sentada la tesis acusatoria". El letrado hizo constar que la protesta se elevaba a efectos de casación (el recurso que presentarán, en su caso, ante el Supremo contra la sentencia de este juicio) y de amparo (recurso ante el Tribunal Constitucional por supuesta violación de un derecho de la persona).

Asimismo, Serret expuso la oposición de los defensores a que se prolonguen las sesiones. Alegó que muchos de los letrados defensores actúan de oficio o "en concepto de pobre", por lo que "la prolongación produciría un grave perjuicio profesional e incidiría necesariamente en una indefensión práctica".