La profesión militar en la España democrática

El proyecto de ley presentado por el Gobierno a las Cortes para regular la profesión militar ha suscitado quejas entre algunos sectores militares que ven amenazados sus derechos adquiridos o defraudadas sus expectativas por el articulado de la ley. Esta actitud por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas ha provocado una cierta alarma en algunos medios de comunicación y entre ciertos responsables políticos que, influidos quizá por acontecimientos ya no tan recientes, han creído percibir un cierto ruido de sables en el trasfondo de estas protestas.Esta alarma no está justificada, a mi entender, ni por la extensión de las quejas, ni por los asuntos sobre los que versan, ni por la forma en que están siendo formuladas. Los militares que han mostrado su disgusto con la ley son apenas un millar, entre un colectivo de más de 60.000 profesionales. Las quejas provienen en su mayoría de cuerpos o escalas que van a ver alteradas algunas de las provisiones por las que se regía su vida profesional o que, por el contrario, no han encontrado recogidas en la ley algunas mejoras que desde hacía tiempo pugnaban por alcanzar. No se trata, pues, de quejas de los militares, sino de algunos militares, sin que hasta el momento ningún miembro de las Fuerzas Armadas -que yo sepa- haya puesto públicamente en entredicho la autoridad del Gobierno para regular la carrera militar ni la legalidad del Parlamento para legislar sobre tan importante materia.

Por último, el camino escogido para mostrar sus discrepancias ha sido el que para los militares marcan las Reales Ordenanzas, es decir, la elevación individual de sus quejas a las autoridades militares o civiles competentes y el uso de uno de los derechos que en una democracia tiene, cualquier ciudadano: escribir a los parlamentarios que van a intervenir en el debate de la ley, explicándoles el motivo de su descontento. Esta conducta por parte de los miembros de la institución militar no sólo no me parece preocupante, sino que, a mi entender, da fe de hasta qué punto las Fuerzas Armadas españolas están felizmente integradas en el sistema democrático.

Y esta conducta es aún más notable si se tiene en cuenta la trascendencia que para las Fuerzas Armadas reviste el debatido proyecto de ley, ya que con esta ley, de alguna manera, se cierra un ciclo de cambio en los ejércitos, que empezó antes de la muerte del general Franco y que recibió con la llegada de la democracia su impulso definitivo. La implantación del Ministerio de Defensa, la definición de una política de alianzas, el establecimiento de unos órganos superiores que coordinan la planificación y ejecución de la política militar y de defensa, así como la adquisición de armamento y material para los ejércitos, son algunos de los temas más significativos en este camino.

Autoridad civil

Estas reformas han facilitado enormemente la aceptación por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas de la autoridad civil y su integración pacífica y exitosa en esta democracia, aunque no sin muchos costes para una institución con fuertes vínculos con el pasado. Por eso es importante decir que muchas de estas reformas de alcance histórico no solamente no se han hecho en contra de la institución militar, sino que en muchos casos han sido formuladas e impulsadas por los propios cuarteles generales de los ejércitos antes de su adopción por los gobiernos democráticos. Y que su éxito ha sido posible gracias al entusiasmo profesional de muchos militares a lo largo de esta década, que entendían que el camino de la reforma era el más satisfactorio para poner a las Fuerzas Armadas en condiciones de cumplir su misión fundamental de defender a España de una posible agresión exterior.Este cambio no había incidido hasta ahora sino indirectamente en la regulación de la profesión militar, que en la mayoría de sus aspectos seguía rigiéndose por leyes y normas de diverso rango legal, que recogían las peculiaridades de las 207 escalas existentes hoy en nuestros ejércitos y que estaban dispersas en una legislación que en algunos casos se remontaba a la ley Constitutiva del Ejército de 1878. Por primera vez, pues, desde la llegada de la democracia, los representantes de los españoles van a legislar, van a decir cómo quieren que sean nuestros militares, cuáles son las condiciones necesarias para convertirse en militar de carrera, cómo debe formarse a los profesionales de los ejércitos, cómo tienen que organizarse los cuerpos y escalas para desarrollar las distintas funciones que la profesión militar requiere, cómo se asciende y cómo se alcanzan los diferentes destinos y, finalmente, cómo y cuándo se termina la carrera militar.

Esta ley tiene, por tanto, una enorme trascendencia, porque a través de ella la profesión militar asocia definitivamente su futuro al de la España democrática, al tiempo que pone de manifiesto hasta qué punto se han desarrollado en la sociedad española las capacidades necesarias para formular una política militar y de defensa sin excesivas dependencias de la institución militar, capacidades que estaban ausentes al principio de la transición. Por estas y otras muchas razones, todos necesitamos y nos merecemos que ésta sea una gran ley.

Fernando Rodrigo es profesor de Sociología en la universidad Complutense.