Colgados de la droga

A diferencia de otras campañas electorales, no es ya el problema de inseguridad ciudadana el que centra el debate sobre la droga, sino cómo rescatar a sus víctimas más directas, los propios toxicómanos. La criminalidad ha descendido en los últimos años y se ha observado también un estancamiento en el consumo de heroína, pero el de cocaína está aumentado de forma alarmante.Se estima que en estos momentos hay en España 50.000 heroinómanos y unos 35.000 cocainómanos habituales. El miedo al SIDA y a la muerte súbita ha hecho que muchos heroinómanos se hayan refugiado en la cocaína. La dramática escalada de muertes se agudizó hace dos años y en 1988 se produjeron 272 muertes, frente a las 187 registradas en 1987.

La alarma surgió en Barcelona, pero pronto se comprobó que el incremento no era debido a causas excepcionales, sino al deterioro físico de los toxicómanos con más años de drogadicción, y que tampoco era un fenómeno exclusivo de la capital catalana, sino que en Madrid, Bilbao y otras ciudades se producían, y siguen produciéndose, las mismas tasas de mortalidad. Todos los expertos coinciden en que el número de muertes se doblará cada año, por lo menos hasta 1991, porque guarda proporción con la evolución del consumo.

La sociedad está alarmada y las estadísticas confirman que tiene motivos: los accidentes de tráfico debidos al alcohol y las muertes a causa de la droga son en estos momentos las dos principales causas de mortalidad entre los jóvenes. La heroína es una droga muy traidora: cada toxicómano tiene una tolerancia distinta, que puede variar además de un día a otro. Por ejemplo, por la ingestión de medicamentos y alcohol, algo muy habitual entre los toxicómanos -el 64% de los que iniciaron un tratamiento el año pasado habían consumido en el mes anterior tres o más drogas distintas. De esta forma, el pico de cada día se convierte en una especie de ruleta rusa con dos balas en la recámara.

El azote del SIDA

Hay un dato escalofriante que revela, mejor que ningún otro, el grado de eficacia del actual planteamiento frente a las drogas: el 80% de los toxicómanos muertos no había acudido jamás a ningún centro de tratamiento. Compartir jeringas usadas es una práctica absolutamente habitual que ha originado la rápida extensión del SIDA, hasta el punto de que el síndrome se está convirtiendo en la principal causa de mortalidad entre los drogadictos.

Este problema está trastocando los esquemas de las autoridades sanitarias, que se debaten entre el convencimiento de que han de hacer algo por evitar la expansión de la enfermedad, por ejemplo repartir jeringas, y el miedo a las reacciones políticas que podrían suscitar. Así, mientras el alcalde de Toledo, el aliancista Manuel Molina, implantaba una multa de 15.000 pesetas a quien fuera sorprendido pinchándose en público, los responsables sanitarios del Ayuntamiento de Barcelona estudiaban la posibilidad de implantar un sistema de reparto gratuito de jeringas, mediante furgones itinerantes. No se atrevieron, aunque propiciaron que las farmacias de las zonas más problemáticas tengan siempre jeringas a 25 pesetas la unidad.

Si en condiciones de libertad es dificil la supervivencia para los toxicómanos, en la cárcel la situación es angustiosa. En algunas prisiones, el porcentaje e toxicómanos alcanza el 70% de la población reclusa. Muchos se han hecho drogadictos en la propia cárcel. Y la posibilidad de que contraigan el SIDA alcanza límites que vulneran los derechos fundamentales porque las condiciones carcelarias acaban haciendo pagar al preso una pena infinitamente mayor que la impuesta por el tribunal. Y a la petición de que se suministre al menos jeringas a los presos para evitar la expansión del SIDA, que sigue siendo mortal, las autoridades penitenciarias han respondido repartiendo lejía, que prácticamente nadie utiliza y de poco sirve para quienes se inyectan con bolígrafos.

Penalizar o legalizar

El partido en el gobierno propició en 1988 una reforma del Código Penal que introdujo la posibilidad de que los toxicómanos pudieran cumplir la condena en un centro de rehabilitación. Pero las condiciones exigidas -pena máxima de dos años, no haber reincidido...- dejan fuera de esta posibilidad a la mayor parte de los presos. Varias fuerzas políticas propugnan que se modifiquen las condiciones, pero con matices importantes: mientras el Partido Popular (PP) defiende que el tratamiento se haga en régimen de internado, los partidos de izquierda abogan por anular los requisitos restrictivos.

Más allá de las reformas factibles a corto plazo, el debate tiene su línea divisora entre quienes propugnan la despenalización de la droga y los que defienden una política más restrictiva, es decir, penalizar también el consumo. Por esta última opción se inclina claramente el PP, que pretende volver atrás en la reforma del Código Penal de 1983 y suprimir además la distinción entre drogas blandas y drogas duras.

Convergencia i Unió (CiU) aboga también por "tipificar con más claridad los delitos de tráfico y consumo de todo tipo de drogas", mientras el Centro Democrático y Social (CDS) se mantiene en una posición ecléctica y no se pronuncia.

La división ha hecho mella, sin embargo, en el partido del gobierno. La polémica ha coincidido con la tramitación en Italia de un proyecto de ley para penalizar el consumo, cuyo principal valedor ha sido el líder socialista Bettino Craxi. Fue el ministro de Sanidad, Julián García Vargas, el primero en plantear públicamente tal posibilidad. También el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, se declaró favorable a ello en Roma hace apenas unas semanas. Entre los miembros del Ejecutivo predominan, sin embargo, los ministros partidarios de mantener la actual legislación. "¿Habéis pensado dónde vamos a poner a todos los presos?", argumenta el ministro de Justicia, Enrique Múgica.

Miquel Solans, delegado del Plan Nacional sobre Drogas, asegura que penalizar el consumo "no es fáctible", pero reconoce que se está estudiando la posibilidad de aplicar sanciones administrativas a quienes consuman droga en público.

Entre tanto, profesionales del sector, intelectuales, escritores, juristas e incluso amplios sectores de la policía ponen en cuestión la eficacia de la actual política criminalizadora y abogan por una despenalización controlada de la droga. Legalizar para controlar es la idea que defiende Iniciativa per Cataluña, la coalición que encabeza el Partit Socialista Unificat (PSUC), al propugnar que se se establezca, a través del Parlamento Europeo, un proyecto de ley de legalización de las drogas. Esta misma fórmulación fue rechazada por Izquierda Unida, que no se atrevió a introducirla en el programa sin un debate previo, de modo que se limita a reclamar "un debate internacional tendente a instaurar medidas legislativas despenaliz adoras".

Blanqueo y trilateral

Hay, en cambio, un aspecto en que el acuerdo es unánime entre las fuerzas políticas: la necesidad de incrementar la persecución del tráfico flegal mediante medidas que permitan incautarse de los bienes de los traficantes e impedir el blanqueo de dinero. El Ministerio del Interior se vanagloria de que el espectacular aumento de decomisos e incautaciones en 1988 ha obligado a los traficantes a buscar puertos más seguros, como Liverpool, Amsterdam o Marsella. Pero las pesquisas contra el blanqueo de dinero iniciadas hace un año, centradas en estos momentos en Marbella y La Coruña, no han obtenido resultados apreciables.

El protagonismo internacional que España ha adquirido en los últimos meses ha causado en los medios progresistas, incluidos amplios sectores del PSOE, no pocos recelos. Especialmente el atrincheramiento, propiciado por el Ministerio del Interior, con Estados Unidos e Italia en la llamada trilateral contra la droga. Sectores del PSOE consideran que España e Italia son utilizadas por Estados Unidos para mejorar su deteriorada imagen en América Latina. "Ahora que la perestroika de Gorbachov ha dejado sin enemigo exterior a los norteamericanos, la droga ha pasado a ser su elemento de cohesión política y la excusa para intervenir en los países andinos de América Latina. Pero necesita un puente", afirma un alto cargo socialista.